Tras la entrada en vigor de la nueva ley del suelo el 1 de julio, y debido a su influencia en el problema del acceso a la vivienda, la Plataforma por una Vivienda Digna considera que es positiva, pero insuficiente porque no se abordan reformas de fondo. A su entender, Gobierno y grupos parlamentarios han dejado
escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en la Constitución .
2 julio 2007/Casacochecurro.com La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
— Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.
Puerta abierta a una vivienda protegida cara
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han "inventado" tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.