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La ministra ha explicado que "el principal escollo para la construcción de viviendas protegidas es, y en ello coinciden administraciones públicas y empresarios, la escasez de suelo urbanizado a precios asequibles". Por eso, ha anunciado Corredor, "nuestra intención es poner solares a disposición de la promoción de vivienda protegida".
En cuanto al suelo público, una Comisión Interministerial se encargará de los terrenos de la Administración General del Estado y se está trabajando con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias para movilizar los solares municipales y autonómicos aptos para el mismo fin. "Pero con el suelo público, no basta" ha sentenciado la ministra.
Beatriz Corredor ha avanzado los pormenores de la línea de actuación que el Ejecutivo va a poner en marcha "para agilizar al máximo la puesta a disposición de solares para la construcción de vivienda protegida de forma coordinada con las CCAA y los Ayuntamientos. Una oferta que se traducirá en breve plazo, -ha dicho Corredor- en más VPO y más actividad económica, que son sin duda dos de las prioridades del Gobierno de España". Ese es el objetivo de la medida, ha recalcado en el coloquio posterior: "facilitar suelo para vivienda pública, como ya hacen otras CCAA, como Murcia y Canarias, y no ayudar a empresas en dificultades financieras. No estamos interviniendo, eso es lo que algunos nos reprochan", ha ironizado.
Beatriz Corredor ha explicado que esta iniciativa, en la que los Ministerios de Economía y Vivienda vienen trabajando desde mayo, se desarrollará en los próximos cuatro años y comenzará en octubre con una primera oferta pública de compra de suelo. Esta actuación será desarrollada a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda, que se encargará de la compra y urbanización del suelo adquirido, con una oferta inicial de 300 millones de euros.
Los criterios de selección, ha continuado la ministra, se van a consensuar con cada una de las CCAA y la FEMP a lo largo de septiembre "para que los suelos que se adquieran contribuyan de una manera eficiente a la planificación realizada en cada territorio. Se atenderán de manera prioritaria las ofertas cuyos solares sean susceptibles de transformación inmediata. También se primarán los terrenos situados en poblaciones con más demanda".
El periodo de presentación de ofertas comenzará en octubre, con una vigencia de tres meses. SEPES se reservará una opción de compra por seis meses para realizar el preceptivo estudio de viabilidad económica y evaluar la oferta. Además, en la comisión que se encargará de evaluar cada propuesta, tendrán un papel protagonista las CCAA y los respectivos Ayuntamientos. El precio de compra vendrá determinado por la oferta que realicen los vendedores del suelo en cada actuación, en relación a los módulos de vivienda protegida.
Confianza en el Gobierno
Beatriz Corredor ha hecho un diagnóstico general de la situación del sector y ha pedido confianza en el Gobierno porque "la superación de nuestra difícil coyuntura se basa en la confianza mutua. Las empresas deben tener la seguridad de que el Gobierno está poniendo todos los medios a su alcance para que el sector inmobiliario español crezca de forma equilibrada consiguiendo un mercado estructuralmente fuerte".
Pero la finalidad del Ejecutivo, ha recordado la ministra, "no es tratar de impedir un ajuste que se ha manifestado necesario e imprescindible. Eso no quiere decir que el Gobierno no tenga en cuenta los intereses de todos los sectores afectados o que no intente paliar las consecuencias que el mercado les está infringiendo, sobre todo a los trabajadores. Pero es necesario que la lógica empresarial de este sector converja con la necesidad social de acceder a una vivienda digna", ha aclarado Beatriz Corredor, para quien "los promotores y constructores, mediante su iniciativa inversora, son el instrumento necesario para conseguir la reactivación y reconversión del sector".
Papel fundamental del sector financiero
La titular de Vivienda se ha dirigido asimismo al sector financiero porque "resulta crucial la intervención de las entidades financieras, que deben asumir también su responsabilidad que les corresponde en una situación como la actual y ofrecer la liquidez necesaria a las empresas para que éstas puedan afrontar los nuevos retos". Además les ha animado a seguir colaborando con el Gobierno para devolver a los ciudadanos la confianza. "En la salida de la situación actual serán determinantes la fortaleza y confianza del sistema financiero español, la profesionalidad y diversificación de las empresas que operan en el mercado inmobiliario y la política de presupuestaria de estabilidad a lo largo del ciclo puesta en práctica por el Gobierno en la pasada legislatura".
Corredor se ha mostrado optimista en este sentido: "Tengo la sensación de que las instituciones financieras van a mostrar la máxima colaboración para el nuevo Plan de Vivienda".
Crisis profunda
Beatriz Corredor ha reconocido que España "se encuentra hoy ante una crisis compleja que se focaliza de forma especial en el sector de la construcción". En concreto, se ha referido a la empresa que la semana pasada presentó concurso voluntario de acreedores. "No es una buena noticia", ha dicho la ministra para recordar a continuación que "el Gobierno y yo personalmente, siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era excesivo e insostenible. España no podía seguir soportando la rampante escalada de precios de los inmuebles, ni el frenético ritmo de edificación de los últimos años".
Una vez hecho el diagnóstico "nuestra obligación ahora es encontrar las oportunidades que presenta esta situación para realizar inaplazables reformas en el sector residencial", ha dicho Beatriz Corredor situando el objetivo final "en un desarrollo más sostenible de la construcción con políticas estructurales que cambien nuestro modelo productivo, excesivamente dependiente del sector de la construcción".
Medidas que está elaborando el Gobierno
La ministra ha repasado las líneas prioritarias del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012 que espera que esté listo para entrar en vigor a comienzos del nuevo año y que el Gobierno ya ha empezado a diseñar, en coordinación con las Comunidades Autónomas "prácticamente serán co-redactoras", ha enfatizado. Los tres ejes serán el impulso a la construcción de vivienda protegida, fomento del alquiler y rehabilitación.
El objetivo del Gobierno es la construcción de un millón y medio de VPO en los próximos diez años, el 40% de las cuales será en alquiler. Además "el impuso a la vivienda protegida en régimen de alquiler -ha explicado Corredor- tiene un objetivo complementario a medio plazo: la constitución de un parque estable de viviendas en alquiler, a disposición de las Administraciones Públicas". Para mejorar las posibilidades de financiación de los edificios construidos en régimen de cesión de suelos públicos en derecho de superficie, la ministra ha anunciado que "estamos trabajando ya, con los Ministerios de Economía y Justicia, en la adaptación de la normativa necesaria para permitir la titulización de las hipotecas constituidas sobre este tipo de edificaciones; nuestra intención es potenciar la entrada de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria en la financiación de estas viviendas".
Para fomentar el alquiler de vivienda libre, Beatriz Corredor ha recordado que el Gobierno presentará próximamente los anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos. "El objetivo -ha explicado- es establecer medidas de carácter procesal para agilizar los desahucios y la reclamación de rentas impagadas, y que se acorte significativamente la resolución de los conflictos arrendaticios, sin menoscabo de la seguridad jurídica del inquilino".
Rehabilitación de viviendas y renovación de ciudades y pueblos
La ministra ha reafirmado su compromiso con la rehabilitación que va, ha dicho, más allá de lo personal: "procede del profundo convencimiento de que abre un campo de soluciones económicas, empresariales y sociales que no nos podemos permitir el lujo de ignorar. Y lo hace en tres ámbitos, la eficiencia energética y la accesibilidad, la mejora estructural de edificios deteriorados y la renovación urbana de barrios degradados".
Una de las principales herramientas para conseguir estos objetivos será el Plan Renove del Ministerio de Vivienda que será presentado a finales de este año al Consejo de Ministros y que la ministra ha anunciado que estará dotado con 2.000 millones de euros anuales, a través del ICO, para que se rehabiliten 500.000 viviendas a lo largo de la legislatura.
La renovación también llegará al medio rural porque el 90% del territorio nacional es rural y en él vive el 40% de la población. Los instrumentos para llevarlo a cabo, ha explicado, serán los Planes Integrales de Recuperación, que se insertan en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. Estos Planes serán gestionados por la Comisión Interministerial de Desarrollo Rural.
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