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El nuevo Plan de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) marca diez objetivos para cuya consecución se arbitran una serie de medidas. El primero de estos objetivos es "que las familias no tengan que destinar más de una tercera parte de sus ingresos al pago de la hipoteca o el alquiler, para evitar que en el futuro se repitan situaciones de angustia como las vividas en algunos hogares", ha asegurado la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Para ello, se mantienen los precios máximos vigentes, se relacionan los ingresos de los demandantes con las tres categorías de VPO y se crea la de régimen especial para alquiler. Además, se amplía a las familias con ingresos anuales de hasta 31.500 euros la Ayuda Estatal Directa a la Entrada y la subsidiación de préstamos convenidos, se regula el alquiler con opción a compra y se incluye una nueva figura: alojamientos temporales para colectivos específicos, como la comunidad universitaria, o especialmente vulnerables.
El alquiler centra el tercer objetivo del Plan, que busca que el 40% de sus actuaciones se destinen al arrendamiento. Para ello se refuerzan las ayudas a la promoción del alquiler y a la adquisición y urbanización de suelo destinado a este fin. Además, se incentiva la creación de los alojamientos temporales en alquiler.
Las necesidades de vivienda han de ser conocidas por todos. Éste es el cuarto objetivo y para cumplirlo se establece la obligación para todas las Comunidades Autónomas de articular registros públicos de demandantes de VPO en el plazo de un año. Esta medida contribuye también a garantizar la publicidad, transparencia y concurrencia en la adjudicación de VPO, que es el quinto objetivo.
El Plan persigue, asimismo, asegurar un parque de vivienda protegida para las generaciones futuras. Para la consecución de esta meta, que constituye el sexto objetivo, se calificará de forma permanente las viviendas en suelo protegido, público o dotacional, mientras subsista el régimen de clasificación del suelo, con un periodo mínimo de 30 años. En este sentido, la ministra ha señalado que "creemos que es de justicia social que viviendas edificadas con el esfuerzo de todos los españoles puedan estar el mayor tiempo posible a disposición de los ciudadanos".
Los ayuntamientos protagonizan el séptimo objetivo del Plan, que se abre a su colaboración. Entre otros aspectos, informarán las propuestas de las CCAA sobre modificación de los ámbitos territoriales de precios máximos. También podrán contribuir ofertando suelo dotacional para alojamientos temporales. Igualmente, se prevé su participación activa en los acuerdos de áreas de rehabilitación y de urbanización prioritaria.
La rehabilitación, uno de los grandes ejes
El octavo objetivo del Plan se centra en reforzar la rehabilitación, una actividad que, según ha subrayado la ministra, "necesita incluso más mano de obra y materiales de construcción que la nueva edificación, con lo cual puede contribuir a compensar la pérdida de empleo que se está dando en el sector". Como novedad, se incluye la recuperación de los municipios rurales y se perfilan nuevas ayudas para erradicar la infravivienda y el chabolismo.
El Plan marca como noveno objetivo que todas sus intervenciones persigan la mejora de la eficiencia energética y accesibilidad. Para ello, se incluyen ayudas RENOVE a la rehabilitación de edificaciones aisladas y subvenciones directas cuando se superen los requisitos de eficiencia exigidos por el Código Técnico de la Edificación.
Este conjunto de medidas debe ser conocido por todos los ciudadanos para lograr el máximo grado de eficacia. Por eso, el último objetivo conlleva ayudas para potenciar y extender a todo el territorio las oficinas de gestión y atención al ciudadano coordinadas por las CCAA.
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