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Sin embargo, este colectivo denuncia que, lejos de reformar los procedimientos tributarios para "dulcificar" los pagos del contribuyente, la Agencia Tributaria perjudicó su situación al denegar, por primera vez en la historia de la democracia, las solicitudes de aplazamiento del pago durante esta Campaña de la Renta, permitiendo sólo efectuar el abono "estándar" del segundo plazo -que viene a representar el 40% de la cantidad total a desembolsar, sin intereses ni garantías- en el mes de noviembre.
Gestha apunta que la restricción a solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del pago de la Renta se basa en una "interpretación forzada" de las normas tributarias y no tiene precedentes en la historia de la Administración Tributaria, máxime cuando coincide en el tiempo con una crisis económica como la actual, en la que muchos contribuyentes están asfixiados económicamente y precisan más que nunca de calendarios flexibles de pago para hacer frente a una morosidad en alza.
Instrumentalización política
Por otro lado, los Técnicos de Hacienda consideran que la Agencia Tributaria está instrumentalizando la crisis económica para justificar su abultada deuda pendiente de cobro, amparándose en los impagos de las economías domésticas y las dificultades de tesorería de las empresas, cuando en realidad ésta viene creciendo de forma ininterrumpida en los tres últimos años caracterizados, principalmente, por su bonanza económica.
Según Gestha, el importe de las deudas pendientes de cobro de los últimos tres años supone casi dos tercios del total de deudas gestionadas en cada uno de los últimos dos años. Las deudas pendientes a final de 2005 ascendían a 20.912 millones de euros, cifra que se incrementó en cerca de un 7,5%, hasta los 22.426 millones de euros en 2006 y en un 20%, hasta los 25.088 millones en 2007, lo que supone más de cuatro billones de las antiguas pesetas.
Para este colectivo, estos datos ponen de manifiesto que el incremento de la deuda pendiente de gestión responde a la falta de acción de la Agencia Tributaria en la lucha contra los grandes focos del fraude. En su lugar, practica liquidaciones masivas y poco depuradas dirigidas a los contribuyentes medios y fija algunos objetivos inadecuados a la Inspección de Hacienda. Muchas de estas actuaciones son de baja calidad, e incrementan las reclamaciones ante los tribunales y reducen las posibilidades de cobro de las deudas. Según Gestha, sólo un 13% de las deudas canceladas en 2006 y 2007 fueron por ingresos, mientras que el resto respondió a otras causas, como la insolvencia, prescripción y anulación por tribunales económico-administrativos y judiciales a favor del deudor.
Traduciendo estos datos, se observa que cualquier entidad que consiguiera ingresos por menos del 13% del total facturado, registrara pérdidas del 20% por productos defectuosos (anulaciones e insolvencias) y le restaran por cobrar a final de cada año dos tercios (67%) del total facturado (deudas pendientes de cobro), se encontraría en una situación de quiebra técnica, y se pedirían responsabilidades a sus directivos.
Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "que la Administración responsable de encabezar la lucha contra el fraude apenas alcance a ingresar trece euros de cada cien que gestiona es algo que nos llena de preocupación. Sin duda, llama la atención que el importe de deudas no recuperable sea bastante superior al de liquidaciones ingresadas en cada año, por cada euro que se ingresa, se pierden casi dos". En estas condiciones resulta difícil que los ingresos por los impuestos gestionados por la AEAT puedan garantizar las necesidades de financiación de las administraciones públicas, estatal, autonómicas y locales y los servicios sociales que demandan los ciudadanos.
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