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A ese respecto, Beatriz Corredor ha reiterado su convencimiento de que los resultados empezarán a percibirse en breve, pero ha manifestado que "la eficacia de nuestra actuación depende también de la colaboración y la confianza". Por eso, ha apelado a la responsabilidad de administraciones públicas, empresarios y entidades financieras para alcanzar estos objetivos.
La ministra ha clausurado el XXVII Coloquio Nacional de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), donde ha analizado las consecuencias "particularmente graves" que la crisis financiera ha tenido en la construcción residencial, con una reducción significativa de la inversión como respuesta a la sequía de liquidez y a la acumulación de viviendas acabadas sin vender.
Esta paralización, ha apuntado, no sólo incrementa el desempleo sino que produce "consecuencias muy preocupantes en cuanto al deseable mantenimiento de la actividad empresarial de los propios promotores, constructores, fabricantes de materiales de construcción y empresas auxiliares". A esto se suma que "los ciudadanos siguen teniendo problemas para acceder a la vivienda" debido a la restricción del crédito, el deterioro de la situación económica de los hogares y la persistencia de precios aún muy elevados", ha precisado.
Crear más VPO para los ciudadanos a partir del stock de vivienda libre
En ese sentido, la ministra ha destacado que el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 es "coherente con la coyuntura" y contiene una serie de disposiciones transitorias con un triple objetivo: incentivar la actividad inmobiliaria, sacar el máximo provecho de la producción sobrante de vivienda libre transformándola en protegida, y evitar que la transición del Plan 2005-2008 al nuevo provoque otro "indeseable frenazo en la actividad de los promotores y en la actuación de las administraciones públicas", que es precisamente "lo último que necesitamos".
Así, ha detallado que durante 2009 -plazo ampliable por el Consejo de Ministros-, las familias de rentas medias con ingresos de hasta siete veces el IPREM van a poder adquirir una vivienda concertada. También durante 2009 podrán considerarse como usadas, a efectos de su adquisición protegida, las viviendas libres ya terminadas sin que sea necesario esperar un año; y se permitirá que se califiquen como VPO para compra o alquiler aquellas viviendas libres con licencia anterior a 1 de septiembre de 2008. En este caso, cuando las Comunidades Autónomas las califiquen en alquiler a 10 o 25 años, se podrán beneficiar de las subvenciones correspondientes a la promoción de VPO de nueva construcción.
Además, el Ministerio de Vivienda aceptará y financiará solicitudes de ayudas a inquilinos y de rehabilitación aislada de edificios y viviendas presentadas ante las CCAA hasta el 31 de julio de este año, aun cuando superen el número de objetivos convenidos en los programas 2007 y 2008 del Plan Estatal de Vivienda vigente.
Rehabilitación que generará empleo
Igualmente, la ministra ha destacado que después de constatar la necesidad de una mayor intervención pública, "se está reforzando la construcción de vivienda protegida y realizando un importante esfuerzo para financiar un número elevado de actuaciones intensivas en mano de obra, especialmente en el ámbito de la rehabilitación".
A este respecto, ha expresado que el impulso que el PEVR 2009-2012 da a la rehabilitación, incluida la energética, "contribuye al objetivo fundamental de la política económica del Gobierno: que es la lucha contra el paro", ya que absorbe mano de obra desmovilizada del sector de la construcción de obra nueva.
Ayudas para aliviar la carga a las familias
La ministra ha resumido también las últimas medidas aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda que en entrarán en vigor el 1 de enero de 2009 y que permitirán aplazar la mitad del recibo mensual de la hipoteca, percibir por adelantado parte de la deducción por compra de vivienda que se aplica al hacer la declaración de la renta y ampliar el plazo para adquirir una vivienda para los titulares de cuentas ahorro-vivienda, así como para vender la vivienda habitual cuando previamente se haya comprado otra.
A esto se añade la ampliación hasta 6.250 millones de euros de las ayudas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda, ya sea para la deducción por compra, la de inquilinos, la de rentas procedentes del alquiler y las bonificaciones del Impuesto de Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.
Más financiación, más VPO
Además la ministra ha transmitido a los promotores y constructores que en el Gobierno "somos conscientes de que las empresas de la construcción requieren del apoyo de las entidades financieras" para seguir trabajando y generando empleo. Por ello, les ha recordado que el Gobierno ha aprobado a lo largo de esta legislatura una línea de avales del ICO de 3.000 millones para facilitar la puesta en alquiler de viviendas construidas para la venta, así como 15.000 millones hasta 2010 para financiar la construcción de VPO.
A estos avales se suma el Fondo para la Adquisición de Activos Financieros con una dotación inicial de 30.000 millones de euros ampliable hasta 50.000 para facilitar la financiación de empresas y ciudadanos.
Viviendas hoy y mañana, en compra y en alquiler
Por último, Beatriz Corredor ha hecho hincapié en la labor que el Ministerio de Vivienda está haciendo para garantizar y mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos en compra y en alquiler y no sólo hoy sino en el futuro.
Con esos objetivos, el Gobierno ha impulsado tres iniciativas que permitirán poner suelo a disposición de la promoción de VPO. Se trata de la creación de la Comisión Interministerial de Trabajo sobre Suelo, el Convenio de Colaboración para la enajenación de suelos adscritos al Ministerio de Defensa y la Oferta Pública de Compra de Suelo.
Además, ha recordado que el Ministerio apuesta por que el alquiler sea una opción real para muchos ciudadanos. Para lograrlo, además de incentivarlo en el nuevo Plan, se ha iniciado la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ofrecerán más garantías a los propietarios para que pongan sus viviendas vacías en el mercado del arrendamiento, sin menoscabo de la seguridad jurídica de los inquilinos.
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