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Esta nueva titulación para los transportistas, que desde septiembre exige la Unión Europea a quienes deseen ejercer esta profesión, es necesaria para ejercer la profesión. La Consejería de Transportes e Infraestructuras celebrará la primera prueba antes de que finalice el año y tiene previsto celebrar otros seis exámenes a lo largo de 2009, para los que ya ha abierto el plazo de convocatoria.
El Primer Ministro de Hungría, Ferenc Gyurcsány, la Ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia y el presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Javier Gómez-Navarro han coincidido hoy en señalar, durante el acto de inauguración del Año de Hungría en España, que invertir más en Investigación y Desarrollo y una Europa unida son las únicas vías para hacer frente a la crisis internacional y a la creciente competencia de países emergentes. El acto, que ha sido organizado por Cámaras de Comercio, Icex y Ceoe, ha reunido a más de 150 empresas españolas de todos los sectores y la crisis financiera ha tenido un lugar destacado.
Los expertos señalan que una marca que goce del reconocimiento del mercado "añade valor al producto, lo hace más atractivo a los clientes y puede incluso convertirse en el principal motivo de compra". Proteger la propiedad intelectual tiene un coste que varía entre los 15 euros de un dominio, los 450 de una marca nacional y los 6.000 de una patente internacional. El volumen de negocio de falsificaciones de marcas en España asciende a 285 millones de euros al año. Sólo uno de cada seis consumidores españoles admite comprar sucedáneos de marcas conocidas de forma voluntaria. La confección, el calzado y la marroquinería provocan la mayoría de los servicios policiales. Uno de cada cinco empresarios textiles sufre la copia ilegal de sus diseños.
La medida afecta a los trabajadores extranjeros no comunitarios nacionales de los veinte países con los que España tiene firmados convenios bilaterales en materia de Seguridad Social: Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela, y que reúnan los siguientes requisitos: Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente; Hallarse en situación legal de desempleo como consecuencia de la extinción de la relación laboral; Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo contributiva, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial; Asumir el compromiso de retornar a su país de origen y no retornar a España en el plazo de tres años para residir y/o realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena; y no estar incurso en los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.
En el último lustro, caracterizado por un crecimiento económico sin precedentes en el que se ha conseguido que la economía española convergiese con la media de la Unión Europea, la economía sumergida se movía en cifras que oscilaban entre el 7 y el 12%, para unas 280.000-350.000 personas en valores absolutos, dependiendo de los foros de análisis. En el momento presente, con un escenario económico perfectamente conocido, en el que todos los parámetros macroeconómicos se han agudizado a peor, la economía sumergida se ha disparado, registrando cotas que se mueven entre entre el 22 y el 30%. Es decir, prácticamente multiplican por tres las estimadas hace cinco años, lo que supone que más de un millón de personas trabajan en el escenario de la economía subterránea.