Fraude en el acceso a las ayudas para la “vuelta al cole”

Los Técnicos de Hacienda han detectado fraude en el acceso a las ayudas para la “vuelta al cole”. Los empresarios y autónomos presentan “paradójicamente” más facilidades para beneficiarse de estas prestaciones ya que declaran la mitad de ingresos que los asalariados. Gestha denuncia la ineficacia de la Declaración de la Renta para medir el nivel real de ingresos de las familias.

Casacochecurro.com Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) denunciaron hoy la existencia de fraude en el acceso a las ayudas que el Ministerio y las Consejerías de Educación de las distintas Comunidades Autónomas conceden cada año a una parte de las familias españolas con el fin de contribuir a sufragar total o parcialmente los gastos derivados de la “vuelta al cole”. Los libros de texto, el comedor, el uniforme, la matrícula y el transporte escolar conllevan unos gastos estimados por familia de entre 223 y 1.640 euros, según la UCE.

Gestha explica que la valoración de la renta anual de cada familia es uno de los criterios más importantes -junto con la proximidad al domicilio, la situación de discapacidad, la pertenencia a familia numerosa, etc.- a la hora de asignar este tipo de ayudas y servicios sociales. Así, la declaración del IRPF de cada contribuyente sirve de base para determinar quiénes tienen derecho a recibir, en función de su nivel de ingresos, prestaciones económicas para la compra de libros, el transporte escolar, becas para el estudio e incluso para la elección del centro de enseñanza.

Sin embargo, los Técnicos aseguran que la Declaración de la Renta no constituye un “indicador real” de la capacidad económica de una familia ni un “instrumento fiable” para asignar las ayudas educativas, ya que no plasman objetivamente el nivel de ingresos de determinados colectivos profesionales, autónomos y empresarios, que se aprovechan de la impunidad fiscal existente para declarar rentas inferiores a las que realmente perciben.

Por este motivo, Gestha considera que el sistema actual de concesión de estas ayudas genera “situaciones de injusticia” ya que, con demasiada frecuencia, los beneficiarios de estas prestaciones son aquellos colectivos con mayor habilidad para defraudar en su Declaración de la Renta en perjuicio de las familias más necesitadas.

Control excesivo de las rentas del trabajo
Los Técnicos denuncian que mientras que las rentas de los trabajadores por cuenta ajena están bajo control -con una media anual por declarante de 19.773 euros-, no puede decirse lo mismo de los profesionales y empresarios, cuya media de ingresos es “paradójicamente” de 9.856 euros por declarante, lo que supone declarar que ganan casi la mitad que sus empleados; y esta diferencia no se corresponde ni con la percepción general de los ciudadanos ni con la realidad económica del país, sino que se debe a las carencias en la lucha contra el fraude.

Gestha advierte que los asalariados tienen un escaso margen de fraude fiscal al estar sometidos a un férreo control por parte de Hacienda, mientras que a los profesionales, empresarios y autónomos les resulta más fácil “ocultar” la renta, ya que pueden actuar “con muy escaso control”.

Más medios para luchar contra el fraude
Con objeto de aumentar el control sobre quienes defraudan, Gestha considera “imprescindible” que se autorice a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman las responsabilidades y competencias previstas para la prevención del fraude fiscal, y ejerzan el control de las subvenciones y ayudas públicas a la Educación, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales que permitan aflorar la economía sumergida y detectar el fraude.

Los Técnicos de Hacienda estiman que con esta autorización profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude y control de las ayudas públicas, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude en España, y hacerlo converger con la Unión Europea-15, hasta el 13% del PIB, lo que significaría recaudar anualmente unos 38.000 millones de euros adicionales que permitirían incrementar el presupuesto relacionado con gasto social y otras necesidades. La economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, se sitúa en el 23% del PIB, lo que supone un montante sumergido de 240.000 millones de euros.

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