¿Quién seguirá trabajando después de jubilarse? Tres de cada diez

Un 31 % de los españoles espera seguir trabajando más allá de su edad de jubilación. Cuatro meses después de que el Congreso de los Diputados aprobase la Ley de Modernización del Sistema de la Seguridad Social, un 31 % de los españoles espera seguir trabajando más allá de los 67 años, la edad legal fijada, según una encuesta que ha realizado Randstad entre profesionales de la Unión Europea.

Pese a que uno de cada tres trabajadores espera alargar su edad de retiro, se trata de una de las cifras más bajas de Europa.

Los españoles son los ciudadanos de Europa que en menor proporción se decantan por seguir trabajando más allá de su edad legal de jubilación, sólo superados por los suizos (30 %) y diez puntos porcentuales por debajo de la media europea (41 %). Tras ellos se sitúan suecos (32 %), belgas (32 %), alemanes (38 %) y franceses (39 %).

En el lado contrario, griegos (62 %), daneses (55 %) e italianos (49 %) son los ciudadanos comunitarios que más interés demuestran a la hora de retrasar su edad de jubilación más allá de la edad legal. El sondeo internacional que ha elaborado Randstad destaca la presencia de Grecia e Italia como dos de los países cuyos trabajadores son más proclives a posponer su retiro laboral, dato que coincide con los ajustes económicos que se han realizado durante los últimos meses en ambos estados y que penalizan, entre otras cuestiones, las prejubilaciones.

Pero lejos de la opinión general, alargar la edad de retiro es algo aceptado e incluso valorado por los empleados, puesto que hasta un 27 % de consultados expresa que sería feliz si pudiera continuar trabajando hasta los 67 años. Esto denota que en muchos casos los trabajadores abandonan el mercado laboral no tanto por decisión propia, sino por elección de sus propias compañías.

De hecho, las prejubilaciones siguen siendo una realidad en nuestro país. Hasta un 51 % de consultados por Randstad cree que tendrá que salir del mercado laboral antes de la edad legal de jubilación, lo que contrasta con las necesidades de nuestro sistema de Seguridad Social.

Esta opción es común entre los europeos y es mayor entre aquellos que presentan mejores condiciones económicas. Un 51 % de suizos, un 46 % de alemanes, un 41 % de belgas, un 36 % de suecos y un 33 % de ingleses espera prejubilarse.

En España no se conoce con exactitud en España el número de prejubilaciones anuales, aunque esta figura supone un problema para el Gobierno, puesto que no sólo se pierden las cotizaciones de estos trabajadores sino que el sistema debe de abonar sus gastos por desempleo.

Sin embargo, reducir su número parece una prioridad tanto a nivel nacional como internacional, como así lo ha reconocido este año la Comisión Europea e incluso el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su discurso de investidura cuando anunció la intención del nuevo Ejecutivo de mantener la edad de jubilación en los 67 años, suprimir las prejubilaciones y todo aquello que induzca al fraude de los retiros anticipados a costa de la prestación por desempleo.

La edad de jubilación sigue siendo una decisión controvertida no sólo en España sino también en el resto de Europa, donde tampoco existe una unanimidad al respecto, aunque la mayoría de las reformas vayan en esta línea. Estos cambios dentro del mercado laboral requieren de una reflexión dentro del mundo de los recursos humanos, puesto que el valor de cada empresa se encuentra en las personas que trabajan en ellas y en su talento. En este sentido, el futuro de las empresas requiere de nuevas políticas de recursos humanos que se adapten a esta adaptación en la edad de la jubilación.

¿Por qué no retrasar la edad de jubilación por encima de los 65 de forma voluntaria?

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que el retraso de la edad de jubilación por encima de los 65 años ha de establecerse con carácter voluntario, de tal manera que corresponda al trabajador la decisión de alargar su vida laboral, incentivándole con recibir una parte de la pensión de jubilación. De este modo, el colectivo rechaza la propuesta de elevar gradualmente la edad legal de jubilación hasta alcanzar los 67 años en 2027, una medida que, según ha anunciado hoy el presidente de Gobierno, estará incluida en el proyecto de Ley que se remitirá al Parlamento el próximo 28 de enero, una vez sometidas a votación las líneas básicas propuestas ayer en el Pacto de Toledo.

Asimismo, los Técnicos de Hacienda apuntan que la recomendación de la Comisión parlamentaria de suscribir planes privados de pensiones -ya sean individuales o colectivos- no representa una solución realista debido al bajo nivel salarial y a la escasa capacidad de ahorro de los españoles. Tal es así que, según los datos oficiales, tan sólo uno de cada cinco trabajadores tiene contratado actualmente este tipo de producto financiero.

El fraude, lastre de las cuentas públicas y las pensiones
Frente a estas medidas tan drásticas, Gestha propone diversas alternativas para mantener la viabilidad y sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, tales como la creación de un sistema mixto de financiación o la mejora de la eficiencia en la recaudación tributaria a través de la lucha contra las grandes bolsas de fraude.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda recomiendan modificar el actual sistema de financiación para que, además de las cotizaciones sociales, se obtengan fondos a partir de la recaudación de impuestos. A su juicio, esta medida permitiría aumentar las cuantías de las pensiones mínimas, puesto que en muchos casos los perceptores se encuentran por debajo del umbral de la pobreza RELATIVA.

Paralelamente, abogan por mejorar la eficiencia del gasto público y la reducción de la economía sumergida a fin de atajar el elevado endeudamiento en que están incurriendo las Administraciones Públicas incumpliendo los criterios de estabilidad presupuestaria. La solución al problema pasaría, de este modo, por reducir a la mitad la economía sumergida española -hasta tasas europeas-, lo que permitiría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales que podrían destinarse a sostener y mejorar las pensiones o garantizar los derechos de la ley de dependencia.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, sintetiza esta idea al afirmar que “la prioridad del Ministerio de Hacienda debería ser que quienes defrauden, dejen de hacerlo, y evitar la evasión fiscal para elevar la recaudación y propiciar mejores y mayores prestaciones y políticas sociales, antes que pedir nuevos sacrificios a los trabajadores y pensionistas”.

Pérdida de poder adquisitivo
Por otro lado, los Técnicos de Hacienda subrayan que la revalorización de las pensiones mínimas y no contributivas para 2011, aprobada hoy en el Consejo de Ministros, cumple con el “mínimo exigible” para con este colectivo, aunque “deja de lado” al resto de perceptores de pensiones, quienes sufrirán una pérdida de poder adquisitivo equivalente a la subida de los precios prevista para el próximo año.

En opinión de Gestha, las reformas anunciadas echan por tierra el “gran esfuerzo” que se ha dedicado durante la última década a dignificar las pensiones de jubilación, como demuestra el hecho de que entre los años 2000 y 2009 las percepciones pasaran de 7.500 a 12.000 euros anuales, lo que supone 2.300 euros por encima de la tasa de inflación en este periodo de tiempo.

Contra el retraso de la jubilación a los 70 años

Ante las declaraciones e intenciones de retrasar la edad de jubilación, la Asociación Empleosenior quiere puntualizar que el hecho de retrasar la jubilación es una medida paradójica, debido a que se han producido prejubilaciones masivas y a personas de edades muy inferiores a los 65 años. La Asociación considera que se debe tener en cuenta una alternativa que, inexplicablemente, no se tiene en cuenta y que sin ser la panacea a este problema, sí que es una medida que aporta importantes ventajas y en diferentes ámbitos, sobre todo en el social.

Esta no es otra que tener en cuenta a un colectivo muy desfavorecido y con una de las mayores tasas de paro: los mayores de 45 años. A día de hoy, son mas de 1.300.000 hombres y mujeres en esta situación.

Este colectivo de mayores de 45 años representa una potencial fuente de ingresos a la Seguridad Social, además de que estas personas excluidas cuentan con un plazo de veinte (hasta los 65) años en los que pueden cotizar, por tanto, cuatro veces lo que se obtenga extendiendo la edad de jubilación hasta los 70 años.

Además, se trata de un colectivo que no ha perdido su capacidad de aportar productividad, algo que falta en nuestro entorno y que se denuncia en todos los foros. Y este colectivo es de personas que quieren trabajar. Aunque la experiencia señale, dice la Asociación Empleosenior, “que se les aparte del mercado laboral por el “delito” de haber sobrepasado una edad en la que su capacidad y experiencia son aun de enorme utilidad”.

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