La nueva Ley de Morosidad no funcionará hasta 2013


Las pymes y los autónomos, sobre todo, no pueden hacer frente a las demoras que se vienen produciendo desde el inicio de la crisis de los pagos pendientes tanto de las empresas privadas como de las Administraciones públicas. Por ello, la nueva «Ley de Morosidad», a partir de 2013, obligará a las empresas a pagar en un plazo máximo de 60 días y a las Administraciones públicas en 30 días. Además, queda eliminada la posibilidad de que se puedan pactar entre empresas. «Hubiéramos necesitado que entrara en vigor de manera inmediata, y evitar el periodo transitorio hasta 2013, porque es ahora cuando resulta muy necesaria para facilitar liquidez a las empresas, que puedan hacer frente a la crisis, y que evitemos así más quiebras y más aumento del desempleo», ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano.

 
28 marzo / Casacochecurro.com La Cámara de Comercio de Madrid celebra la modificación de la «Ley de Morosidad» que ha sido aprobada por la Comisión de Industria, Turismo y Comercio del Congreso de los Diputados, a partir de la Proposición de Ley presentada por CiU.

El presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Salvador Santos Campano, afirma que «celebramos que los políticos hayan escuchado las demandas de los empresarios, que venimos pidiendo que se reduzcan los plazos para poder cobrar nuestras facturas. Las pymes y los autónomos, sobre todo, no podemos hacer frente a las demoras que se vienen produciendo ahora de forma habitual tanto por parte de las empresas privadas como, lo que es más grave, por las Administraciones públicas».

Santos Campano sólo ha hecho una salvedad: «hubiéramos necesitado que entrara en vigor de manera inmediata, y evitar el periodo transitorio hasta 2013, porque es ahora cuando resulta muy necesaria para facilitar liquidez a las empresas, que puedan hacer frente a la crisis, y que evitemos así más quiebras y más aumento del desempleo».

Se trata de una modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Una vez entre en vigor esta modificación, las empresas tendrán que pagar en un plazo máximo de 60 días y las Administraciones públicas tendrán como tope 30 días. Además, queda eliminada la posibilidad de que se puedan pactar entre empresas.

A partir de 2013

Se ha fijado un periodo transitorio hasta 2013 para que las Administraciones públicas reduzcan sus plazos de pago: 50 días de máximo en 2010 y 2011, 45 para 2012 y 30 días a partir de 2013.

En cuanto a las empresas privadas, también hay un periodo transitorio hasta 2013. El plazo máximo será de 85 días hasta 2011, de 75 en 2012 y de 60 días a partir de 2013. Las empresas de alimentación y productos perecederos quedarán obligadas a pagar en 30 días en todos los casos.

Las Sociedades de Garantía Recíproca, referentes de las pymes

Por otro lado, el presidente de la Cámara también manifiesta su satisfacción de que el Gobierno haya aprobado un mayor apoyo a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), tal como venía reclamando Avalmadrid.

Estas sociedades, presentes en todas las comunidades autónomas, se han mostrado muy activas en la financiación de pymes y de autónomos. Mientras que en 2009 la concesión de créditos a las pymes disminuyó un 26% en el conjunto de las entidades de crédito, el sistema de garantía recíproca consiguió un aumento del 12%, según datos del Banco de España.

Avalmadrid e Iberaval, Sociedades de Garantía Recíproca de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León, respectivamente, habían solicitado al Gobierno, dentro de la Comisión Anti Crisis, que apoye decididamente a las Sociedades de Garantía Recíproca en España, a través de CERSA, Compañía Española de Reafianzamiento. Este organismo, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y participada por el Instituto de Crédito Oficial y Patrimonio del Estado, tiene como objeto social exclusivo reafianzar operaciones de las Sociedades de Garantía Recíproca.

El objetivo final es convertir a las SGR en verdaderos referentes de las pymes precisamente en momentos de restricción crediticia como el actual. En este sentido, Avalmadrid aprueba más del 80% de las propuestas que analiza, teniendo un crecimiento de actividad del 36% en 2009, año en el que aprobó más de 302 millones de euros en avales.

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