11.000 hipotecados presentan una demanda colectiva contra las cláusulas suelo de 100 bancos y cajas

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, ha presentado en el juzgado 8.451 expedientes de los más de 11.000 afectados que se han unido a la demanda colectiva interpuesta por la asociación contra las cláusulas suelo incluidas en los contratos hipotecarios. Esta primera demanda, interpuesta inicialmente contra un total de 44 entidades ante el Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid (aunque luego ampliada a un total de 100 bancos y cajas), continúa su curso con la aportación por parte de ADICAE, en los dos meses que fijó el Juzgado, de la documentación de aquellas personas que han decidido adherirse a esta macrodemanda colectiva hasta el momento.

Demanda colectiva contra bancos

En el siguiente paso del procedimiento el Juzgado abordará la solicitud de medidas cautelares planteada por ADICAE, por la cual se ha pedido la suspensión inmediata de la aplicación de la cláusula suelo a lo largo del procedimiento judicial, hasta la emisión de sentencia por el Tribunal.

Desde ADICAE se está a la espera de la emisión del decreto judicial que decida sobre la ampliación de la demanda a otras 37 nuevas entidades, a las que se le sumarán otras 19 diferentes mediante escrito que se ha presentado hoy. De esta forma el procedimiento se amplia a un total de 100 entidades, dando un nuevo plazo a los afectados para sumarse a esta demanda.

De esta forma, los afectados por las 56 nuevas entidades demandadas (37 más 19) podrán sumarse a esta demanda durante los próximos dos meses.

Aquellos perjudicados por la cláusula suelo que han contratado sus hipotecas con algunas de las primeras 44 entidades incluidas en la demanda, pero que no han entregado su documentación a tiempo, podrán contar también con la defensa de ADICAE.

A día de hoy suman ya un total de 100 las entidades que han insertado la cláusulas suelo en las hipotecas comercializadas en los últimos años, lo que supone un perjuicio para el usuario que, lejos de beneficiarse de la bajada del euríbor, se ve obligado a pagar entre el 2,5 y el 6 por ciento en concepto de intereses al banco (cuando el euríbor se encuentra en torno al 2 %), lo que se traduce para cada afectado en cuantiosos perjuicios al año de pago indebido y en exceso.

Por una mejor defensa de los consumidores con demandas colectivas

Más demandas colectivas para proteger a los consumidores de las prácticas empresariales. El Grupo Parlamentario Socialista presentará mañana martes por la tarde, en el pleno del Congreso, una proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil con la que se pretende conseguir la tutela judicial colectiva de los consumidores. La proposición pretende mejorar la defensa a través de demandas colectivas para defender a los consumidores de las prácticas de ciertas empresas que cometen abusos muy difíciles de combatir de manera individual.

El motivo es que pese a que la normativa atribuye a las asociaciones de consumidores el ejercicio de las acciones colectivas, una década después de su entrada en vigor, en España se han ejercitado menos acciones colectivas que en el resto de Europa. El Consejo de Consumidores y Usuarios CCU ha reivindicado en múltiples ocasiones la necesidad de simplificar y abaratar los procedimientos e insta a todos los grupos parlamentarios a apoyar la proposición.

Según la proposición de ley el balance es negativo por la fragmentación de la legislación, la complejidad de los procedimientos, las costas elevadas –más elevadas todavía por el incremento reciente de las tasas judiciales- y la carga de trabajo de los juzgados, entre otras razones.

Ante esta situación el consumidor necesita contar con una norma eficaz y útil frente a los abusos de las grandes empresas que utilizan prácticas extraordinariamente difíciles de combatir y que desaniman a la ciudadanía para que reclame en casos de pequeña cuantía, si está solo, aunque haya un gran número de afectados. En concreto, los casos más recientes de emisión de preferentes y deuda subordinada han puesto en evidencia los fallos del sistema en materia de protección de consumidores y usuarios y la necesidad de una revisión profunda de las leyes para que cumplan con la función de tutela de sus derechos.

Por estos motivos la proposición de ley trata de paliar las carencias de la regulación en orden a facilitar que las asociaciones de consumidores y usuarios más representativas puedan actuar de manera eficaz en la reparación de daños causados y fortalezca el ejercicio responsable de las acciones colectivas.

Defensa con demandas colectivas
El acceso de los ciudadanos a las acciones colectivas es una reivindicación permanente del Consejo de Consumidores y Usuarios, que de hecho ha propuesto en múltiples ocasiones la necesidad de reformas de orden jurisdiccional y legislativo que permitan la tutela judicial efectiva de los intereses colectivos y difusos y garanticen el cumplimiento del principio de igualdad entre los operadores del mercado. Una de ellas fue durante la celebración del Día Mundial del Consumidor que reunió en una jornada a expertos del Consejo, del Instituto Nacional de Consumo y de la Fiscalía.

La acción colectiva es la mejor arma para defender a los consumidores de los atropellos de bancos y cajas

El presidente de ADICAE, Manuel Pardos, clausuró ayer la jornada nacional ‘La Justicia y los Consumidores’ organizada por la asociación en Madrid, un encuentro que ha dado cita a un buen puñado de profesionales vinculados a la judicatura, la abogacía y la economía y el consumo.

El objetivo no es otro que hablar de cómo la crisis está generando un nuevo modelo financiero no necesariamente beneficioso para los consumidores. Al encuentro asistieron más de un centenar de participantes y se planteó dos fundamentos clave: la reivindicación de la acción colectiva como defensa de los consumidores ante los abusos bancarios, y la propuesta de reforma de la normativa hipotecaria con un objetivo; que las deudas de los pagadores “de buena fe” no sean perpetuas y que se frenen las cláusulas abusivas y/o usureras. ADICAE calcula en dos millones de personas los afectados por diversos fraudes, estafas y malas prácticas bancarias en los últimos diez años, por un importe de hasta 30.000 millones de euros.

Para ello, Manuel Pardos habla de establecer normativa “para que las deudas” que resten tras un impago hipotecario “se extingan en un plazo”, una palanca técnica “para evitar hablar de retroactividad en la dación en pago, que no nos gusta”. ADICAE va más allá de la dación; se trata de que los hipotecados tengan tiempo para resolver su situación económica en el caso de impagos, y que no pierdan la vivienda. Asimismo, ADICAE trabaja para que las cláusulas suelo y las condiciones abusivas en los préstamos sean declaradas nulas. En fin, Manuel Pardos defiende la redacción de una “ley de sobreendeudamiento” que sirva para prevenir y resolver casos de deuda acumulada en particulares, una especie de ley concursal para ciudadanos, como ya existe en Europa.

Estas medidas han sido presentadas ya en formato de alegaciones ante los grupos políticos del Congreso de los Diputados, y se basan en un principio fundamental; las hipotecas son un tema social pero, sobre todo, son un problema técnico, económico y financiero, “que exige respuestas técnicas favorables a los usuarios, no parches”, tal y como comentó la vicepresidenta de ADICAE, Ana Solanas. Por ello, ADICAE propone medidas que vayan a la raíz técnica del problema, que es el funcionamiento de un mercado hipotecario lesivo para los consumidores, algo que no se arregla aplazando los desahucios. En este sentido, ADICAE habla de una “moratoria hipotecaria de tres años”, pero no para posponer el desalojo del hipotecado, sino para que el deudor no pierda la propiedad de su casa. Más aún, la reforma que propone ADICAE, “no tan engorrosa como cree la banca, un puñado de artículos”, prevé la amenaza de nulidad de aquellos contratos hipotecarios en los que existan cláusulas abusivas como las ‘suelo’; se evitarían así embargos en hipotecas abusivas.

Apoyo de los juristas
Estas reivindicaciones van en la línea de lo que opinan los expertos juristas ponentes de la jornada, que defienden los fundamentos de derecho que guían las acciones de ADICAE y que, además, coinciden en destacar las dificultades y la carencia de medios con las que cuentan buena parte de las instituciones y tribunales de Justicia en España. Así se manifestó, por ejemplo, el fiscal de Tribunal Supremo, Félix Herrero, que recordaba que la salvaguarda de los derechos de los consumidores está incluida en la Constitución, y que las legislaciones que la desarrollan amparan la acción jurídica colectiva como herramienta de defensa de los usuarios. “Era una novedad, y no lleva mucho tiempo”, dice Herrero, pero es una herramienta que debe seguir operativa para luchar “contra los gigantes”. En este sentido, el fiscal afirmó que las asociaciones deben seguir siendo las primeras entidades legitimadas para ello, y que deben colaborar codo con codo con el Ministerio Fiscal, porque allí “no se contrata gente, la litigiosidad crece y los recursos cada vez son menores, no damos abasto”, pero “contamos con armas distintas y exclusivas que nos permiten actuar en defensa colectiva allá donde no lleguen las asociaciones”.

En parecidos términos se expresaban los jueces, que tienen argumentos legales para ponerse de parte de los consumidores. “Las acciones colectivas son uno de los instrumentos para garantizar el reequilibrio ante la desigualdad de condiciones” que existe entre quien presta servicios bancarios y quien los contrata, según confiesa el juez Eduardo Vázquez de Castro. Pero ni siquiera son el único instrumento. La legitimación incluye al demandante, a su representación colectiva, al juez, pero también a funcionarios e intermediarios que intervienen en procesos como las compraventas de viviendas. “Un registrador de la propiedad, o un notario, pueden anular cláusulas que consideren abusivas”, dijo el juez Vázquez. Y el magistrado Javier Orduña confesaba que “condiciones de debilidad, inexperiencia o angustia económica” marcan desequilibrios en el intercambio entre prestadores y prestatarios; no se puede hablar de negociación, sino de “contratación en masa”, lo cual merece una normativa específica y, de paso, una protección para el eslabón más débil.

Eso sí, la sesión puso sobre la mesa las dificultades que surgen a la hora de planificar y presentar acciones colectivas en defensa del usuario. Cuestiones formales, procedimentales, coordinación de afectados, la propia defensa de los bancos, en muchas ocasiones malintencionada… Los abogados de ADICAE tuvieron tiempo de glosar una serie de casos en los que se encontraron con todo tipo de problemas para llevar a buen puerto sus demandas, y defendieron que recurrir a la vía penal es el proceso más lento, más farragoso y que conlleva más riesgo de fracaso. Aún así, el fiscal Herrero defendió la labor de las asociaciones como las que deben llevar a cabo esta tarea, por una simple cuestión, “no hay medios suficientes en los tribunales de Justicia”.

La cuestión europea
Una de las consideraciones fundamentales mencionadas en el encuentro fue el papel que está jugando la Unión Europea en materia de defensa de los afectados por fraudes bancarios. Manuel Pardos mencionaba la tendencia de los reguladores de la UE a fomentar la acción individual, no colectiva, de los usuarios, con la dificultad que ello supone para la mayoría de ellos. Sin embargo, en materia de redacción de normativas, Europa va un paso por delante, y ya ha dado un toque de atención a la banca española por su actuación en materia hipotecaria. También se mencionó el caso de la Mifid, ley europea en materia de protección al consumidor en productos de ahorro e inversión, un texto pendiente de próxima actualización que, sin embargo, no está siendo respetada.

El abogado de ADICAE Miguel Andrés Llamas denunciaba que esta normativa sufre un “incumplimiento sistemático y deliberado” por parte de la banca española, interesada en “colocar lo que sea” para compensar sus balances arruinados por el ‘ladrillazo’. “Se comercializan productos tóxicos como las preferentes, las entidades no informan sobre los productos, no se entrega la documentación relacionada, no se hacen test de evaluación”… ¿Por qué se incumple la Mifid? “No hay sanciones”, confirmó Llamas en su intervención; no hay inspección ni supervisión por parte de los organismos reguladores que obligue a los bancos a adaptarse a la normativa, y sin esa intervención vigilante cualquier normativa que se elabore será papel mojado.

Un simbólico escenario, el Centro de Abogados de Atocha, fue el escenario de esta jornada nacional ‘La Justicia y los Consumidores’, evento en el que ADICAE debatió con juristas y expresó nuevamente su compromiso a favor de la ciudadanía y en contra del abuso. Los juristas participantes defendieron esa labor por la puesta en marcha de medidas políticas y legislativas para defender a los usuarios de productos bancarios y financieros. La situación actual lo merece; miles de personas en riesgo de exclusión han puesto de actualidad la relación de los bancos con sus clientes, una relación desequilibrada, desfavorable, la de los usuarios con sus bancos. Hoy en día son desahucios, comisiones e intereses usureros por impagos hipotecarios, pero desde siempre ha existido el abuso.

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