215 millones de niños trabajan obligados y en torno al 2% están explotados sexualmente

215 millones de niños trabajan obligados y en torno al 2% están explotados sexualmente
NOTICIA de Javi Navarro
12.06.2012 - 17:16h    Actualizado 28.06.2021 - 10:30h

Hoy 12 de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil‎. Porque aún persiste una gran disparidad entre la ratificación de los convenios sobre trabajo infantil que muchos gobiernos deben emprenden para enfrentarse a este problema, denuncia la Organización Internacional del Trabajo (OIT). “No hay lugar para la complacencia cuando 215 millones de niños siguen trabajando para sobrevivir y más de la mitad de ellos están expuestos a las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud y la participación en conflictos armados. No podemos permitir que la erradicación del trabajo infantil retroceda en las prioridades de la agenda de desarrollo, todos los países deberían esforzarse para alcanzar este objetivo, individualmente y colectivamente”, ha declarado el director general de la OIT, Juan Somavia. Estimaciones de la OIT señalan que unos 5 millones de niños están atrapados en trabajo forzoso, esto incluye condiciones como explotación comercial con fines sexuales y servidumbre por deudas, si bien se piensa que esta cifra esté subestimada.

Explotación infantil

Los Convenios sobre trabajo infantil de la OIT 138 en relación a la edad mínima de admisión al empleo y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil se encuentran entre los Convenios de la OIT que han recibido un mayor número de ratificaciones. De los 185 Estados miembros de la OIT, 88 por ciento ha ratificado el primero y 95,1 por ciento el segundo. El objetivo es alcanzar la ratificación universal para 2015.

Sin embargo, de acuerdo con un nuevo informe titulado ‘Combatir el trabajo infantil: del compromiso a la acción’, los progresos en la reducción del trabajo infantil con frecuencia han sido eclipsados por la incapacidad de traducir los compromisos en la práctica”.

La mayor disparidad entre compromiso y acción se encuentra en la economía informal, donde tiene lugar la gran parte de las violaciones de los derechos fundamentales del trabajo, señala el informe. Los niños en las zonas rurales y agrícolas, así como los hijos de los trabajadores migrantes y de las poblaciones indígenas, son los más vulnerables a ser víctimas de trabajo infantil.

Denuncias en tribunales

La OIT indica también que son relativamente pocos los casos de trabajo infantil que llegan a los tribunales nacionales. Las sanciones por violaciones son con frecuencia demasiado débiles para ser suficientemente disuasivas contra la explotación de los niños. Esto significa que es necesario fortalecer los órganos judiciales y las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley a nivel nacional, junto a los programas de protección de las víctimas.

Si bien es necesario hacer mucho más, el documento de la OIT reconoce los importantes progresos alcanzados en un número de países a fin de mejorar la ley y la práctica. Esto incluye:

– La lista de países que establecen planes nacionales para combatir el trabajo infantil, es cada vez más larga.

– Numerosas nuevas prohibiciones legislativas dirigidas a identificar y prevenir el trabajo peligroso para los niños.

– Más legislaciones son adoptadas contra la prostitución y la pornografía de los niños.

– Un incremento considerable en la cooperación internacional y asistencia mutua entre los Estados miembros, sobre todo en lo que se refiere a la trata.

“Deberíamos además basarnos en las políticas y programas nacionales vigentes y aprender de ellos para garantizar una acción eficaz contra el trabajo infantil en todas las regiones del mundo”, ha señalado el director general de la OIT, Juan Somavia, y agregó: “Trabajo decente para los padres, y educación para los niños son elementos indispensables de las estrategias dirigidas a la eliminación del trabajo infantil. Redoblemos nuestros esfuerzos y avancemos en la Hoja de ruta adoptada en la Haya en 2010 para eliminar las peores formas de trabajo infantil para 2016”.

Los Convenios de la OIT tienen por objetivo proteger a los niños de la exposición al trabajo infantil. Junto a otros instrumentos internacionales en materia de derechos del hombre, de los niños y de los trabajadores, ofrecen un marco esencial para las legislaciones, las políticas y las acciones contra el trabajo infantil.

¿Qué es trabajo forzoso? ¿Es igual a la trata de seres humanos o a la esclavitud?

De acuerdo con el Convenio sobre trabajo forzoso de la OIT nº. 29, el trabajo forzoso u obligatorio es todo trabajo o servicio que es exigido a cualquier persona bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Puede verificarse cuando el trabajo es impuesto por las autoridades del Estado, por empresas privadas o individuos. El concepto de trabajo forzoso está ampliamente definido y abarca un gran número de prácticas coercitivas de trabajo, que tienen lugar en todos los tipos de actividad económica y en todas las regiones del mundo.

La OIT tiene dos Convenios sobre trabajo forzoso (nº. 29 y 105, adoptados en 1930 y 1957 respectivamente). El primero define el trabajo forzoso y establece ciertas excepciones, incluyendo el servicio militar obligatorio, obligaciones cívicas, el trabajo necesario para enfrentar una situación de emergencia y el trabajo en las cárceles bajo ciertas condiciones. El segundo añade una obligación específica para los Estados que prohíbe la imposición de trabajo forzoso u obligatorio como un medio de coerción o de educación política, como castigo por expresar determinadas opiniones políticas o por participar en huelgas, la movilización de la mano de obra con fines de desarrollo económico, como medida de disciplina en el trabajo o discriminación racial, social, nacional o religiosa.

Ambos Convenios cuentan con la ratificación casi universal, lo cual significa que casi todos los países están obligados por ley a respetar sus disposiciones y a informar periódicamente sobre su aplicación a los órganos de control de las normas de la OIT. No estar sometido al trabajo forzoso es un derecho humano: todos los Estados miembros de la OIT deben respetar el principio de la eliminación del trabajo forzoso, hayan o no ratificado los Convenios.

La trata de seres humanos también puede ser considerada como trabajo forzoso, y por lo tanto, las estimaciones de la OIT abarcan prácticamente todas las formas de trata de seres humanos o lo que algunos llaman “la esclavitud moderna”. La única excepción son los casos de extracción de órganos, las adopciones o los matrimonios forzados, a menos que estos casos resulten en trabajo forzoso.

El trabajo forzoso es distinto a las condiciones de trabajo de explotación o por debajo de la norma. Diversos indicadores pueden ser utilizados para determinar cuando una situación equivale a trabajo forzoso, como la limitación de la libertad de movimiento de los trabajadores, la retención de los salarios o de los documentos de identidad, la violencia física o sexual, las amenazas e intimidaciones, o deudas fraudulentas de las cuales los trabajadores no pueden escapar.

El trabajo forzoso puede ser la consecuencia de un desplazamiento interno o transfronterizo que hace algunos trabajadores particularmente vulnerables a la contratación fraudulenta o a las prácticas coercitivas de trabajo. También afecta a las personas en sus zonas de origen, sean nacidos dentro de servidumbre o esclavitud o manipulados para realizar esta forma de trabajo.

El trabajo forzoso incluye a los servicios sexuales forzosos. Además de ser una violación grave de los derechos humanos, exigir trabajo forzoso también constituye un delito penal.

¿Cuántas personas están atrapadas en el trabajo forzoso?

La OIT estima que en todo momento 20,9 millones de personas son víctimas de trabajo forzoso. Esto representa cerca tres de cada 1.000 personas de la población mundial actual. De estos, un 90 por ciento son explotados por individuos o empresas privadas, mientras que 10 por ciento son forzados a trabajar por el Estado, por grupos militares o en las cárceles bajo condiciones que violan las normas fundamentales de la OIT. La explotación sexual forzada afecta al 22 por ciento de todas las víctimas, mientras que la explotación laboral forzada constituye el 68 por ciento del total.

Los nuevos datos de la OIT muestran cómo el trabajo forzoso afecta a diferentes grupos de personas: el 55 por ciento de todas las víctimas son mujeres y niñas, el 45 por ciento son hombres y niños. Los niños constituyen cerca de un cuarto de todas las víctimas.

La OIT además estima cuántas personas están atrapadas en trabajo forzoso como resultado de la migración nacional o transfronteriza. Veintinueve por ciento de las víctimas se encuentran en trabajo forzoso después de haber cruzado las fronteras internacionales, la mayoría de ellos con fines sexuales. Quince por ciento se convirtieron en víctimas de trabajo forzoso después de desplazamientos en su país, mientras que el 56 por ciento restante no abandonó su lugar de origen o residencia.

El tiempo promedio transcurrido en trabajo forzoso varía según la forma y la región. La OIT estima que las víctimas pasan en promedio cerca de 18 meses en trabajo forzoso antes de que sean rescatadas o escapen de sus explotadores.

¿Cuáles son las regiones más afectadas?

El trabajo forzoso afecta de una manera u otra a todos los países del mundo; es realmente un problema mundial. Las estadísticas sobre la prevalencia son muy significativas porque indican el nivel de riesgo que enfrentan las poblaciones de las diferentes regiones.

La región con la prevalencia más alta de trabajo forzoso (el número de víctimas por 1000 habitantes) es Europa Central y Sudoriental (no UE) y la Comunidad de Estados Independientes (4,2 por 1000 habitantes), seguida por África (4 por 1000 habitantes), el Oriente Medio (3,4 por mil habitantes), Asia y el Pacífico (3,3 por 1000 habitantes), América Latina y el Caribe (3,1 por mil habitantes), las Economías desarrolladas y la Unión Europea (1,5 por 1000 habitantes).

La prevalencia relativamente alta de Europa Central y Sudoriental y la Comunidad de Estados Independientes refleja el hecho de que la población es mucho menos numerosa que por ejemplo en Asia, mientras que en esta región las denuncias de trata de seres humanos a fines de explotación laboral o sexual y de trabajo forzoso impuesto por el Estado son numerosas.

Asia registra el mayor número absoluto, seguido por África y América Latina y otras regiones. El hecho de que más de la mitad de todas las víctimas de trabajo forzoso estén en Asia señala la necesidad de intensificar la acción contra el trabajo forzoso en esta región en particular.

¿Quiénes son las víctimas? ¿Qué las hace vulnerables al trabajo forzoso?

El trabajo forzoso afecta a todos: los jóvenes y los viejos, las mujeres y los hombres. Pero algunos grupos son más vulnerables que otros. En el contexto de estas nuevas estimaciones, la OIT recopiló más de 8.000 casos denunciados de trabajo forzoso los cuales ofrecen una gran cantidad de información sobre el pérfil de las víctimas y las causas de su vulnerabilidad.

De acuerdo con nuestras nuevas estimaciones, las mujeres y las niñas están expuestas a un riesgo un poco mayor que los hombres y los niños, y ellas constituyen la gran mayoría de las víctimas de explotación sexual forzosa. Los niños representan un cuarto del total de las víctimas. Cerca de la mitad de todas las víctimas han migrado dentro de su país o a través de las fronteras antes de caer en trabajo forzoso, confirmando que el desplazamiento es un importante factor de vulnerabilidad.

Muy a menudo, las víctimas son reclutadas dentro de los grupos minoritarios o socialmente excluidos, este es el caso en muchas partes de Asia Meridional, África y América Latina. Muchos son trabajadores migrantes (por lo general aunque no siempre trabajan ilegalmente) o trabajadores de temporada pobres, que se desplazan de las zonas rurales a las urbanas, o entre regiones o provincias distantes, en búsqueda de trabajo. Las víctimas de trabajo forzoso impuesto por el Estado en su mayoría son explotados por los militares (o grupos rebeldes), o en las cárceles o centros de rehabilitación.

¿Cuáles industrias utilizan el trabajo forzoso? ¿Cuáles son los beneficios económicos?

En 2005 y 2009, la OIT estimó que los beneficios anuales son de al menos 32.000 millones de dólares y que se privan a las víctimas de trabajo forzoso recibir sus sueldos que equivale al menos a 21.000 millones de dólares cada año y tarifas de contratación ilegales.

Una de las futuras prioridades de la OIT será estudiar con mayor profundidad la economía del trabajo forzoso moderno. Esto incluye un análisis de determinadas industrias o sectores económicos que parecen ser más vulnerables que otros a las prácticas de trabajo forzoso. También comprenderá una investigación sobre la prevalencia del trabajo forzoso en las cadenas mundiales de aprovisionamiento. Para finales de este año, tenemos el objetivo de realizar un nuevo estudio sobre los beneficios generados por el trabajo forzoso. Si nos basamos en una evaluación inicial de los datos, podemos decir que los sectores citados con mayor frecuencia son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y la industria manufacturera.

¿Cómo se explica la gran diferencia entre las estimaciones de 2005 y 2012?

La estimación del trabajo forzoso de 2012 es significativamente más alta que la precedente estimación de la OIT de 2005, que fue de 12,3 millones de víctimas.

La nueva estimación de 20,9 millones se basa en un modelo metodológico perfeccionado, que toma en cuenta la propia experiencia de la OIT desde 2005, los resultados de los primeros informes nacionales sobre trabajo forzoso, la respuesta externa al procedimiento de estimación de 2005, así como a la asesoría sobre la nueva metodología aportada por un grupo de expertos independientes.

Debido a las grandes diferencias de las metodologías, las dos estimaciones no pueden ser comparadas a fin de concluir que el número de víctimas ha aumentado durante el período. Sin embargo, hemos observado una importante mejora en el registro de casos de trabajo forzoso y trata de seres humanos desde la publicación de nuestra primera estimación mundial. Gracias a una mayor sensibilización y a la movilización política, creemos que las víctimas de trabajo forzoso tienen ahora mayores probabilidades de ser detectadas y señaladas, aunque esto puede variar mucho de región en región.

Las nuevas cifras representan una estimación mínima ya que aplicamos criterios estrictos para la validación y extrapolación de los datos. No podemos afirmar que el significativo aumento en la estimación mundial del número de víctimas se debe principalmente a nuestro método de estimación de mejor calidad, a un aumento en la detección y denuncias de trabajo forzoso o a un aumento real del número de víctimas durante el período. Es probable que este incremento sea el resultado de la combinación de los tres factores. Estamos seguros de que nuestra nueva estimación es la cifra más confiable disponible en este momento.

Desafortunadamente, los datos objetivos sobre trabajo forzoso y la trata de seres humanos, que podría proporcionar estimaciones mundiales aún mejores, todavía son insuficientes ya que son muy pocos los países que han intentado producir datos nacionales. Aún nos queda un largo camino que recorrer antes de poder producir datos que sean suficientemente fiables para monitorear las tendencias nacionales, regionales y mundiales.

12 de junio, Día Mundial contra el trabajo infantil

El próximo jueves, 12 de junio, se celebra el Día Mundial contra el trabajo infantil. El trabajo infantil afecta a 218 millones de niños y niñas en todo el mundo aunque, según los informes de la Organización Internacional del Trabajo, de continuar los esfuerzos actuales de organismos internacionales, gobiernos, organizaciones de empresarios y de trabajadores, y donantes públicos y privados, se podría eliminar en sus peores formas en el plazo de 10 años y en su totalidad en tres décadas.

En el presente año el Programa SCREAM, cuyas siglas en ingles significan (Defensa de los derechos del niño a través de la educación, las artes y los medios de comunicación) ha ayudado a docentes a concienciar a los jóvenes, utilizando métodos pedagógicos creativos e innovadores, sobre el problema del trabajo infantil.

La Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y a través de diversas colaboraciones con la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Fundación Telefónica, el Sello Autor de la Sociedad General de Autores y Editores, la Fundación Real Madrid y la Obra Social de Caja Madrid ha finalizado el Programa SCREAM en su Fase V con óptimos resultados.

Por todo ello, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil mostrará las exposiciones de los materiales artísticos de los jóvenes del Programa SCREAM, será la entrega de premios del II Certamen de Escritura “Cielo Abierto”, habrá conciertos de música en directo por la presentación del CD “Con Letra Pequeña”, se presentarán los datos internacionales sobre la situación del trabajo infantil y se proyectarán cortos.

No es broma, las empresas se hacen buenas y se preocupan de los derechos humanos

Los expertos destacan la creciente implicación social de las empresas. El seminario Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis, organizado por la UOC y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad – Novartis, ha analizado este lunes el estado de la responsabilidad social corporativa, una práctica cada vez más habitual en las empresas que en los últimos diez años ha vivido cambios importantes.

Las empresas cada vez están más implicadas en la responsabilidad social corporativa (RSC), una demanda creciente por parte de la sociedad, sobre todo en el contexto de crisis económica actual. En la última década, los diferentes sectores implicados han incrementado la atención al impacto de las empresas privadas en aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos de las sociedades en las que operan. Este es el contexto que ha analizado en Barcelona el seminario internacional Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis, organizado por la UOC, en el marco del Master en Derechos Humanos y Democracia, y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad – Novartis (FSIS) y que ha reunido a expertos, representantes del mundo empresarial y sindical, así como académicos.

El objetivo del seminario era analizar las principales consecuciones e identificar los retos de futuro, además de recoger experiencia internacional en principios y buenas prácticas. Por eso, el seminario (continuación del Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2010, organizado por la UOC, FSIS y Fomento del Trabajo) ha realizado un análisis con una perspectiva global, europea y española para después finalizar con un debate abierto entre representantes de los distintos sectores implicados.

Las diferentes ponencias se han referido a los momentos clave que han marcado este nuevo marco, como el Pacto mundial de las Naciones Unidas, impulsado por el anterior secretario general, Kofi Annan, en el año 1999 en Davos, y que es la iniciativa más importante a escala internacional en este sentido. Otro punto de inflexión tuvo lugar el día 16 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores de John Ruggie (representante especial del secretario general para los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas), fruto de seis años de trabajo.

Lucy Amis, investigadora del Institute for Human Rights and Business de Londres, se ha referido a los Principios de Ruggie («los cuales animan a las empresas a cumplirlos, pero no se las obliga») y ha destacado que veintiocho países ya los han adoptado como propios. Amis también se ha referido al grupo de trabajo que a partir de septiembre formarán cinco expertos independientes que en los próximos tres años promoverán y difundirán los Principios rectores y visitarán diferentes países donde tendrán en cuenta, sobre todo, los temas referentes a la perspectiva de género y el trabajo infantil.

«Actualmente se da una convergencia unánime en torno a estos principios», ha explicado Amis, que se ha declarado optimista. «Existen oportunidades y muchas posibilidades para mejorar las cosas», ha dicho, a pesar de reconocer que las encuestas a empresas muestran que tan solo una cuarta parte de estas conocen el nuevo marco normativo de las Naciones Unidas. Según esta experta, hay que centrar los esfuerzos en un liderazgo tanto en el campo gubernamental, en el que hay muchas incoherencias, como en las empresas, de las cuales ha criticado actuaciones como las de France Telecom o Vodafone cuando cerraron sus redes de comunicación durante las revueltas en países árabes.

Por otra parte, Klaus M. Leisinger, presidente y director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo Sostenible – Novartis, ha criticado que en el mundo empresarial mucha gente todavía no vea este debate como propio. «Las empresas tienen que conocer todas las dimensiones del problema», ha apuntado. Leisinger ha recomendado a las empresas que «formen parte del debate y aporten sus argumentos». «Los gestores de las empresas no son monstruos, sino personas, pero creen que las obligaciones públicas no tienen que interferir en los intereses privados», ha recordado. Este experto ha terminado pidiendo que el debate sea «menos ideológico».

La perspectiva europea

Una vez explicado el marco general, la segunda parte del seminario se ha centrado en Europa, que dispone de una regulación estricta en lo referente a empresas y derechos humanos, la cual, en términos generales, es bastante respetada. El problema es que no existe ninguna legislación sobre mecanismos de recuperación del impacto sobre los derechos humanos de las operaciones extraterritoriales de las multinacionales europeas, lo que implica que se sigan cometiendo abusos de estas en países en vías de desarrollo.

Así, Thomas Dodd, experto de Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión Europea, que ha participado en el seminario con una conferencia grabada en vídeo, ha repasado algunas acciones de la Comisión en este ámbito y ha reconocido las mejoras que han tenido lugar en los últimos años. Con respecto a los Principios rectores de Ruggie, ha admitido que «el marco de las Naciones Unidas es el mejor, porque se ocupa de un tema polémico y lo convierte en menos difícil». Sobre la actuación de las empresas europeas fuera del territorio de la UE, ha recordado que la competencia es de los estados y no de la UE, pero ha admitido que hay «problemas por resolver». También ha abogado por la participación de los distintos actores: «El diálogo entre las diferentes partes implicadas ha sido una constante en nuestro planteamiento. Y eso cada vez será más importante».

La siguiente ponencia ha sido la de Mauricio Lazala, vicedirector del Business and Human Rights Resource Centre, una ONG ubicada en Londres que realiza el seguimiento del impacto en temas de derechos humanos de más de cinco mil empresas. Lazala ha reconocido que «en el campo de las empresas y los derechos humanos se ha adelantado mucho en los últimos diez años, tanto internamente en las empresas como en las sociedades en las que operan. Hace diez años en Europa había muy pocas empresas que adoptaran políticas explícitas en derechos humanos, mientras que ahora hay muchas», ha afirmado. Lazala ha enumerado mejoras como que ciertas bolsas de valores hayan creado filtros en este sentido, la creación de organismos públicos que se ocupen de esta materia, el mayor número de publicaciones académicas o el trabajo realizado desde el Banco Mundial y la UE, entre otros aspectos. «Diez años atrás, ONG como Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, la Cruz Roja o Greenpeace tan sólo monitoreaban los gobiernos, mientras que ahora también lo hacen con el sector privado». «En esta década se ha dado una gran mejora, pero ningún país europeo ni del resto del mundo tiene legislación que solucione los impactos de la vulneración de los derechos humanos», ha alertado.

La siguiente intervención ha sido de Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, quien ha recordado que «el Pacto Mundial tiene una perspectiva básicamente empresarial». Ha admitido que, debido a ello, «lo que no tenga un enfoque productivo no tiene sentido porque no es sostenible. Las empresas no son ONG». Este experto ha enumerado los principios del Pacto (concentrados en cuatro puntos esenciales, como normas laborales, medio ambiente, anticorrupción y derechos humanos), a los que se han adherido, de forma voluntaria, casi 9.000 entidades (la gran mayoría empresas) de 135 países diferentes. De estas entidades, 1.276 son españolas (59% de las cuales son pymes).

El último de los ponentes ha sido José Luis Blasco, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la cooperativa suiza KPMG Europe LLP, quien ha admitido que los derechos humanos en el sector empresarial es un tema «confuso, difuso» y ha reconocido que los Principios de Ruggie «pueden ayudar a que inversores estudien este tipo de cuestiones». También ha admitido la importancia de los derechos humanos para el tejido empresarial: «La capa básica de la economía de mercado es el cumplimiento de los derechos humanos, el sustrato necesario para desarrollar gran parte de los negocios». Ha dado cinco recomendaciones a la hora de definir un sistema eficiente de implantación: analizar los riesgos, establecer los compromisos, asignar responsabilidades, la formación y la corrección. «El problema de las políticas de derechos humanos de las compañías es que forman parte de una capa que no se conecta con los procedimientos de las operaciones, los procedimientos de la propia compañía, ha criticado». Blasco ha concluido la intervención diciendo que «se tiene que buscar la motivación para que las compañías apuesten por este tipo de políticas».

Los consumidores exigen saber si los productos que compran están hechos por niños

Las situaciones de explotación laboral son siempre inaceptables, pero lo son más todavía cuando el trabajador es un niño. Mañana 12 de junio se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, en el que la organización de consumidores CECU quiere exigir al respecto más legislación, más compromiso de las administraciones y de las empresas y más interés de los ciudadanos para desterrar del mercado productos fabricados por niños.

El 12 de junio es el día que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dedica a los 218 millones de niños que dedican su corta infancia a trabajar, la mayoría de veces en condiciones de explotación. Pese a que en los países desarrollados se pueda tender a pensar que estas situaciones son hechos aislados, el trabajo infantil está presente en 121 países. De ellos, en, al menos, 42 estados más del 20% de los niños trabaja como labor habitual en su día a día y en 11 el trabajo infantil alcanza a más del 40% de los menores. Etiopía tiene el dudoso honor de ser el país que más hace trabajar a sus niños. Casi el 60% de ellos lo hace. Cuando nace en España, un niño tiene una esperanza de vida de 81 años, en Etiopía no llegará a los 55.

Pero ¿quién es el responsable de esta situación? Aunque muchos ciudadanos ni siquiera lleguen a darse cuenta, buena parte de los problemas que asolan a los países en vías de desarrollo y que provocan el problema del trabajo infantil tienen su origen en los desarrollados: colonialismo, extracción de los recursos naturales y destrucción de los mismos, deslocalización de la producción, actividades empresariales poco éticas, intereses económicos y políticos… Actividades irresponsables que tienen que ver con los estados y los gobiernos, pero también con los ciudadanos que se dejan influir por la publicidad y se lanzan a un consumismo masivo, que no se interesan por la procedencia de los productos, que desechan sin pensar la calidad de un producto por uno de precio más barato…

Se puede formar parte del problema, pero los ciudadanos también pueden ser parte activa de la solución. CECU les lleva animando desde hace tiempo a consumir de forma responsable, preocupándose por lo que ocurre hasta que el producto llega a la tienda, por cómo actúan las empresas que los fabrican, por lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos al respecto. Es el momento de las exigencias. De exigir una legislación que controle la entrada en nuestras tiendas de productos marcados por el trabajo infantil, de exigir a las empresas una verdadera Responsabilidad Social Corporativa que vaya más allá de la fachada y respete los derechos humanos, laborales y medioambientales de los lugares en los que produce, de exigirnos como consumidores demandar una información clara a esas empresas, responsabilidad a la clase política y una nueva forma de comprar que tenga en cuenta el dónde, el cómo y el quién.

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