No habrá más políticos corruptos


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Europa quiere excluir a los políticos corruptos de las listas electorales y para ello la Eurocámara ha aprobado hoy un informe en el que pide la exclusión de los condenados por corrupción de las listas de candidatos a las elecciones europeas y nacionales de los Estados miembros. Además, los diputados proponen a los países que retiren de cargos políticos, directivos o administrativos a todas las personas culpables de dicho delito. Estas recomendaciones están incluidas en el informe final de la comisión especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero.


Los eurodiputados rechazan que personas con una sentencia condenatoria firme por delincuencia organizada, blanqueo de dinero o corrupción pueda presentarse a unas elecciones en la UE y pide a los Estados miembros que introduzcan normas para la retirada de los cargos de las personas condenadas. Además, reclaman una mayor transparencia en los presupuestos de los partidos y sanciones disuasorias en caso de violaciones de la ley de financiación. Estas medias forman parte de un paquete de recomendaciones sobre la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero, aprobado con 526 votos a favor, 25 en contra y 87 abstenciones.

El ponente Salvatore Iacolino (PPE, Italia) advirtió durante el debate que «el problema tiene una dimensión mundial». En este sentido, afirmó que esta resolución supone «una lista de acciones concretas para que se implementen durante el próximo periodo legislativo».

Plan de acción comunitario contra la corrupción política
El Parlamento Europeo ha recomendado un plan de acción comunitario para el periodo 2014-2019, en el que plantea medidas para afrontar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero. Entre las prioridades destaca la confiscación de los activos financieros de las redes de delincuencia y el bloqueo de sus fuentes de ingresos.

Las cifras de la Europol revelan que actualmente existen 3.600 organizaciones criminales internacionales que operan dentro de la UE, de las cuales el 70 por ciento tiene miembros de diferentes países.

Proteger las finanzas europeas
Los eurodiputados reiteraron su petición de crear una Fiscalía Europea para coordinar las investigaciones nacionales y combatir los crímenes que afectan a los intereses financieros de la UE. Esta oficina debe estar equipada con los recursos humanos y financieros necesarios, subrayaron los parlamentarios.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, en inglés) estima que las actividades ilegales suponen el 3,6 por ciento del PIB mundial, mientras que la Comisión calcula que el daño causado por la corrupción en la UE asciende a 120.000 millones de euros al año, lo que equivale al 1,1 por ciento del PIB de los Veintiocho.

Combatir los recursos de las organizaciones delictivas
Los parlamentarios abogaron por suprimir el secreto bancario y la eliminación de los paraísos fiscales en la UE, con el objetivo de proteger los intereses financieros de la Unión. En este sentido, reclamaron que los bienes confiscados deben ser reutilizados para fines sociales.

Erradicar la trata de personas
El Parlamento reclama sanciones más severas contra los traficantes de personas y mejorar la protección de las víctimas, con vistas a erradicar la trata de seres humanos y el trabajo forzoso.

La trata de seres humanos genera unos beneficios económicos estimados en 25.000 millones de euros al año y afecta a todos los Estados miembros. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) eleva el número total de trabajadores forzados en la UE a 880.00 personas, de las cuales 270.000 son víctimas de la explotación sexual.

Amaño de partidos y la compra de votos
El PE también quiere que el amaño de los partidos deportivos esté tipificado como delito penal, con sus debidas sanciones. Además, pide que la compra de votos se considere como un delito, incluso en aquellos casos en donde los beneficios son intangibles.

Contexto
La resolución aprobada el miércoles establece un plan de acción para el próximo Parlamento, Comisión y Consejo, para dotar a la UE con los instrumentos necesarios para lucha en contra de la delincuencia organizada a nivel internacional, europeo y nacional. El texto fue redactado por la Comisión Especial sobre Delincuencia Organizada, Corrupción y Blanqueo de Dinero, formada en marzo de 2012 para evaluar el impacto de las actividades de tipo mafioso en la economía y sociedad de la UE y elaborar recomendaciones.

¿Tú también has caído en la corrupción? Esta app te lo dice

Test: ¿eres corrupto? es una app para Android que detecta y evalúa el nivel de corrupción de una persona. La iniciativa consiste en un programa para smartphones con sistema operativo para Android, que permite mediante la realización de un sencillo test conocer el nivel de corruptibilidad de cualquier persona que responda a las preguntas planteadas. La aplicación además permite comparar los resultados de los usuarios por países, de forma que pueden saber si el nivel de corrupción en su país es igual, menor o superior al de la gente de otros países.

Según explica Jesús Bosch Director General de Plunge Interactive, empresa que además es propiedad en un 49% de la bolsa de empleo LleidaNetworks SA, «son muchos los casos de corrupción política que han salido a la luz recientemente la gente se pregunta por qué se ha llegado a esta situación y cuales han sido las causas que la han motivado. En este contexto, vimos oportuno desarrollar una app que permitiera evaluar el nivel de corrupción de una persona. Tenemos experiencia con las tecnologías más comunes y los frameworks más potentes para el desarrollo de apps. Nuestro equipo está constantemente buscando la forma de innovar y aprendiendo las tendencias de desarrollo aplicaciones que nos permiten estar muy bien posicionados en términos de productividad, tecnología e innovación».

El director adjunto de la Oficina Antifraude de Catalunya: ‘Lamento que la Ley de Transparencia que vela por la lucha contra el fraude y la corrupción no afecte todavía a los partidos políticos’

Albert Batlle, director adjunto de la Oficina Antifraude de Catalunya, organismo de control del sector público con dependencia del Parlamento de Catalunya, ha señalado en una conferencia en el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya que «sería necesario un gran pacto estatal entre partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicales y medios de comunicación para sentar las bases de un plan contra la corrupción». Además, en su opinión, «hay que profundizar en las reformas estructurales contra el fraude y la corrupción«. En este sentido ha lamentado que el Proyecto de Ley de Transparencia no afecte por ahora a los partidos políticos. Aun así ha abogado por reformas de fondo como sería la «total despolitización del sistema judicial».

Batlle ha manifestado que «en conjunto la salud moral de la función pública en Catalunya es buena, pero que hay que luchar para eliminar cualquier caso de corrupción en el sector público». En opinión de Batlle, que ha sido presentado por Xavier Cardona, director general del Col·legi, «los conceptos de fraude y corrupción no son anécdotas, sino que se perciben como categorías muy importantes por parte de la ciudadanía».

Ha recordado también que en el último Barómetro del CIS se indicaba que para la ciudadanía el quinto problema del país es la corrupción, y el tercero lo son la clase política y los partidos políticos. Según otro estudio de la Generalitat de Catalunya de 2010 un 60% de la población creía que había bastante o mucha corrupción en Catalunya.

Por otra parte, los costes económicos de la corrupción también son altos porque, según ha recordado Batlle, una información reciente de la Unión Europea ha cifrado este coste en 120.000 millones de euros anuales.

Reforzar los mecanismos de control público
Albert Batlle ha insistido en que «hay que extremar los mecanismos de control público, que en Catalunya existen y actúan con determinación, pero que hay que mejorar». En relación a su organismo, creado en 2008, ha indicado que el 21% de las actuaciones iniciadas van a la Fiscalía y otro 21% acaban archivadas. El restante 58% de actuaciones se convierten en informes razonados y recomendaciones a los organismos competentes para que mejoren sus prácticas. Por materias, un 65% de las actuaciones hacen referencia a irregularidades en la contratación pública y urbanística.

Cumplimiento total de la inhabilitación en casos de corrupción
Batlle se ha manifestado también partidario del total cumplimiento de las condenas de inhabilitación en casos de corrupción y también de la modificación de la Ley del Indulto para que no sirva como puerta de escape en el cumplimiento de penas en delitos de corrupción.

Por su parte el director general del Col·legi, Xavier Cardona, ha manifestado «el interés del colectivo de auditores para avanzar en el mismo sentido que promueve la Oficina Antifraude». En este ámbito Cardona ha recordado que «el Col·legi fue una entidad líder en firmar el Pacto Mundial de la ONU, con especial énfasis en su punto número 10, que hace mención a la lucha contra la corrupción». También se ha anunciado que próximamente el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya y la Oficina Antifraude firmarán un convenio de colaboración.

¿Cómo se percibe la corrupción en España? Si nadie cumple la ley tenemos incentivos para no cumplirla

Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) han analizado cómo ven los ciudadanos el fenómeno de la corrupción. Según ellos, el «fenómeno de eco» además de dar a conocer el origen de la corrupción también produce actitudes sociales favorables al incumplimiento de los deberes cívicos. «Los ciudadanos actuamos no solo en función de nuestros intereses, dogmas e ideas, sino también en función de cómo creemos que los demás actúan. Si percibimos que nadie cumple la ley tenemos incentivos para no cumplirla. Se genera un problema de acción colectiva», explica Manuel Villoria, investigador de la URJC y autor principal del estudio que publica la Revista Española de Investigaciones Sociológicas.

Para hacer la investigación analizaron estadísticas y sumarios judiciales, noticias de medios de comunicación y datos de diversas fuentes como el Barómetro Global de Corrupción, los Índices de Percepción de Corrupción en Europa, los Eurobarómetros, encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y otras de elaboración propia. «La clave fundamental de este estudio es intentar demostrar que los datos objetivos son muy difíciles de obtener. En la mayoría de las ocasiones, muestran más la calidad del sistema judicial que la realidad de la corrupción objetiva», asegura Villoria.

Alta en políticos, pero no entre funcionarios

Los datos demuestran que la corrupción objetiva en España es elevada en el ámbito político, pero no en el ámbito administrativo funcionarial. «Probablemente si el sistema funcionase mejor habría muchos más casos de este tipo», apunta el investigador, que defiende la idea de que existen problemas evidentes de detección e investigación.

Las escalas de victimización, como el Barómetro Global de la Corrupción, de la organización Transparency International, demuestran que la evolución del porcentaje de españoles que reconocieron haber pagado un soborno en el ámbito de la administración está entre un 2% y un 5% entre los años 2004 y 2010, y de un 3% al 6% en el área urbanística. «Datos que no son muy coherentes con la percepción de corrupción en España, que es mucho mayor, lo que apunta a la idea de un cierto componente cultural en las respuestas, vinculado a la desafección institucional», asegura el estudio.

De los casos de corrupción importantes, en términos cuantitativos y cualitativos, los investigadores analizaron los de los últimos seis años. «Lo que se observa es que la intervención funcionarial es muy minoritaria», subrayan. Las causas abiertas por delitos contra la Administración Pública que pueden relacionarse claramente con corrupción y que llegaron o llegarán a juicio oral no superan las 400 en estos seis años.

En todo caso, la distancia entre percepción sobre la corrupción de la clase política en España y los datos objetivos ofrece ejemplos aún más extremos. En la encuesta 2826 del CIS, ante la pregunta «Me gustaría que me dijera si cree que la corrupción está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en/entre los políticos», el 79% de los encuestados creía que estaba muy o bastante extendida, y solo un 6,5% creía que lo estaba poco o nada.

Estos datos empeoran los de la encuesta 2671, de 2007, en la que el 51,9% de los encuestados consideraba que bastantes o casi todos los políticos estaban implicados en cuestiones de corrupción. Aunque son moderados comparados con los datos del barómetro del CIS de junio de 2011 (Estudio 2905), donde la cifra de «muy o bastante extendida» sube al 86,6%.

La corrupción local supera a la nacional
Por otro lado, las instituciones nacionales son consideradas las más corruptas en la mayoría de los países de la UE, según los Eurobarómetros de 2005 y 2009, puntuación que se reproduce en las encuestas de 2009 y 2020 del CIS para España.

Sin embargo, otro estudio publicado recientemente en el Environment and Planning C: Government and Policy en el que ha participado Villoria, y que analiza las causas del modelo inmobiliario español y sus consecuencias territoriales, sociales y políticas manifiesta lo contrario.

La principal conclusión de este estudio es que la excesiva dependencia de la actividad económica y el empleo en el sector de la construcción de viviendas ha generado corrupción política sobre todo a nivel local y regional. «Prácticamente en casi todos los casos más relevantes de corrupción de los últimos años existe una vinculación con la corrupción vinculada al urbanismo«, señalan los expertos.

Esto se explica por las competencias en esta materia, que son fundamentalmente autonómicas y locales. Además, corrobora que la corrupción vinculada con la burbuja inmobiliaria es la principal causa de delitos políticos en España. «Este largo proceso ha dado lugar a la corrupción en la planificación urbana y un aumento en las decisiones políticas de baja calidad, perjudicando enormemente la reputación de nuestro país», concluyen.

Las 10 cosas que pide Transparencia Internacional para acabar con la corrupción en España

Transparencia Internacional España acaba de presentar el documento ‘Sistema de Integridad Nacional de España: Resumen Ejecutivo’ que coincide con la presentación mundial del informe de la ONG sobre los riesgos de la corrupción debido a la relación entre empresas y partidos políticos. En este último se trata la relación indebida entre las empresas y el gobierno que han propiciado la corrupción y ha debilitado la estabilidad económica en Europa, según destaca el informe ‘Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europe’ (Dinero, Política y Poder: Riesgos de Corrupción en Europa). En el informe se pone de manifiesto un déficit de transparencia en la toma de decisiones y en la financiación de los partidos políticos. 19 de los 25 países entrevistados aún tienen que establecer una regulación en materia de ´lobbying´ y sólo diez prohiben las donaciones políticas anonimas. Por su parte, la ONG española pide 10 medidas para acabar con la corrupción en España que detallamos a continuación.

Las diez medidas que Transparencia Internacional España considera prioritarias debido a su importancia, sus posibilidades de implantación y sus efectos son:

1. Promover un gran pacto nacional de lucha contra la corrupción entre gobierno, partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación, que priorice la adecuada implantación de las normas existentes, y genere aquellas medidas que refuercen las sanciones, aseguren la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control del gobierno, y coordine las actuaciones en la materia. Este pacto debería incluir un sistema de seguimiento de su cumplimiento efectivo.

2. Mejorar la normativa de financiación de partidos políticos y asegurar un organismo supervisor independiente de los mismos.

3. Modificar el sistema electoral (desbloqueamiento de las listas cerradas, medidas para mejorar la proporcionalidad, mejorar la información y formación de los electores en cuanto al funcionamiento del sistema).

4. Impulsar la democracia interna en los partidos.

5. Despolitizar los órganos superiores del poder judicial y el Tribunal Constitucional.

6. Aprobar un Plan estratégico de Gobierno abierto, en el que se incluya la aprobación de la Ley de Acceso a la Información que garantice efectivamente la transparencia de nuestras instituciones públicas, además de otras medidas tendentes a mejorar la receptividad, la accesibilidad, la participación y la colaboración ciudadana en la gestión de los asuntos públicos.

7. Crear una Dirección Pública profesional y reducir significativamente la posibilidad de nombramientos y ceses discrecionales en la Administración Pública.

8. Aprobar una Ley nacional de Control Externo, que garantice la coordinación entre el órgano nacional y los autonómicos, modernice el contenido de los informes y promueva la eficiencia y el cumplimiento de los plazos.

9. Aprobar una Ley de Protección al denunciante de corrupción tanto en el ámbito público como en el sector empresarial.

10. Regular la actividad de lobby, de acuerdo a las guías de la OCDE Todo ello podría ser parte del plan estratégico para la implantación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, en cuyo marco se constituiría una Agencia Anticorrupción/ Oficina de Ética Gubernamental (situando provisionalmente sus funciones en la Defensoría del Pueblo).

Listas políticas cerradas y dificultad de acceso a nuevos partidos
Además, el informe de Transparencia Internacional España destaca en un análisis ciertos puntos sobre los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, los medios de comunicación y la sociedad civil que recogemos a continuación por su interés:

En el marco institucional de la democracia española, en su conjunto, prima la búsqueda de gobernabilidad sobre la garantía de representatividad; ello no garantiza que los gobiernos sean eficaces en la práctica, pero sí les aporta bases institucionales extra para que puedan serlo. Este hecho influye para que el sistema electoral sea, en la práctica, mayoritario y el modelo de partidos que surge derivado de sus reglas tienda a un imperfecto bipartidismo, en el que los pequeños partidos regionalistas, propios de las regiones con mayor arraigo del nacionalismo, sólo cumplen la labor de terceras partes con capacidad para influir fuertemente, cuando uno de los dos grandes partidos gana pero no consigue la mayoría absoluta. A esto se añade un sistema de listas cerradas y bloqueadas para las elecciones que pone en manos de la maquinaria de los partidos la decisión clave de quién entra y quién no en los órganos representativos nacionales, regionales y locales. Quien controla el partido controla los órganos representativos, dado que los diputados, por ejemplo, si quieren seguir deben actuar con disciplina partidista. Además, el líder del partido es, normalmente, el cabeza de lista para las elecciones generales y, si gana, decide con gran libertad quién entra en el Gobierno como ministro, quién sale del mismo y hasta puede controlar los nombramientos de miles de puestos en la Administración, dado el sistema de libre designación y cese para puestos superiores de la maquinaria administrativa. Finalmente, en coherencia con lo anterior, el marketing electoral ha ido convirtiendo la selección del Presidente del Gobierno en una pugna entre las dos personas que controlan los dos partidos mayoritarios, con lo que el electo puede sentirse como presidente directamente votado, aunque tenga que pasar por el trámite de la moción de investidura.

El sistema, así pues, queda caracterizado por: Presidencialismo, ejecutivos de un solo partido, bipartidismo imperfecto, ´spoils system´ matizado en el nivel superior de la Administración, primacía del ejecutivo sobre el legislativo, capacidad por parte de los líderes de los dos partidos mayoritarios de decidir los nombramientos de los miembros superiores del Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Ombudsman, Banco Central, Organismos reguladores, Fiscalía General del Estado y de influir en el nombramiento de la cúpula judicial; todo ello, en su conjunto, hace que el país tenga gobernabilidad, pero que exprese una cierta debilidad en el sistema de representatividad y de ´check and balances´. Es cierto que, al ser España un país fuertemente descentralizado, también existe un cierto contrapeso regional. No obstante, en las regiones controladas por los dos grandes partidos (la inmensa mayoría excepto dos o tres por legislatura), la disciplina de partido también opera cuando es preciso.

Este hecho no podía dejar de tener efectos sobre la sociedad civil, las empresas y, sobre todo, los medios de comunicación. En relación a estos últimos, aunque en España existe, por ejemplo, una gran variedad de medios audiovisuales, la pluralidad no está garantizada, pues no están representadas en el sector todas las ideologías del espectro político. Existe variedad de contenidos pero sólo en dos ejes ideológicos muy concretos, que coinciden con los dos grandes partidos. Además, precisamente por la omnipresencia del bipartidismo, lo normal es encontrarse con un ´advocacy journalism´, es decir, periodistas que se sitúan constantemente a un lado u otro de la línea que marcan estas dos grandes formaciones políticas. Estos partidos, a través de los gobiernos que controlan, son, además, los que otorgan las licencias o concesiones de servicios audiovisuales, y la concesión no es, en esta lógica existente, apolítica.

En relación a la sociedad civil, existe una fuerte dependencia de las organizaciones no lucrativas (ONL) de los fondos públicos y como la mayoría de las organizaciones obtiene o pretende obtener recursos de todas las administraciones, ello reduce su autonomía para controlar y criticar a las autoridades públicas. En suma, la democracia española está excesivamente controlada por los dos grandes partidos, lo cual reduce y desincentiva el involucramiento de los ciudadanos en el espacio público. Finalmente, en cuanto a las grandes empresas, no hay que olvidar que la regulación del sector depende de los gobiernos y que, además, una parte muy importante de su negocio procede del sector público.

Todo ello hace que también traten de tener relaciones cordiales con los grandes partidos. Sobre todo los bancos son organizaciones que influyen enormemente en las finanzas de los partidos (máxime en los dos grandes), siendo esta conexión una fuente importante de preocupación en relación a la captura de políticas.

Las consecuencias de todo este modelo para el SNI no son positivas. La independencia de las instituciones se halla siempre en peligro, pues la presión de los dos grandes partidos, sobre todo del que tiene el gobierno, sobre el legislativo, el judicial (en menor medida) y sobre todos los órganos constitucionales y regulatorios es muy fuerte cuando se tocan sus intereses más preciados. La transparencia, por su parte, queda como una referencia más simbólica que real, pues dificulta la acción de gobierno, entendido éste como control y no como servicio. La rendición de cuentas dificulta los comportamientos estratégicos gubernamentales y su mejora es contraria a los intereses del partido en el gobierno que, nuevamente, ve en ello más un riesgo que una oportunidad. Finalmente, la integridad queda en el apartado de las declaraciones simbólicas y la real implantación de las normas choca con los intereses inmediatos del poder y sus redes. Ninguno de los dos grandes partidos, así pues, tiene interés en mejorar profundamente el estado de cosas; pues, aun cuando al ser oposición les interese cambiarlas, tan pronto llegan al poder olvidan sus promesas y el ahora partido de oposición tiene poca legitimidad para reclamar lo que él no ha hecho.

El resultado global es un modelo que, aunque en términos legales pueda parecer adecuado, dadas las exigencias constitucionales, de la Unión Europea y del isomorfismo institucional (copiar las tendencias de los países líderes institucionalmente), en la práctica tiene una enorme cantidad de lagunas, sobre todo cuando las mayorías absolutas garantizan un control casi absoluto de los mecanismos institucionales.

Todo ello se desarrolla en un marco de cultura cívica caracterizado por la desconfianza institucional y la baja implicación cívica, las cuales se refuerzan precisamente ante la incapacidad de la sociedad civil de crecer en un entorno tan dependiente de los intereses de los dos grandes partidos y de las redes mediáticas, empresariales e institucionales que se tejen a su alrededor. Una sociedad civil que desconfía tiene muchas más dificultades para agregarse y demandar cambios, con lo que la esperanza de un fuerte apoyo efectivo de la sociedad civil al cambio institucional no es previsible, aun cuando en las encuestas lo vea favorablemente.

La consecuencia de todo lo dicho es que los cambios que España necesita, desde la perspectiva del sistema nacional de integridad, chocan, además de con los intereses de los dos grandes partidos, con una creencia de fondo, apoyada institucionalmente, de que la gobernabilidad se pone en peligro con estos cambios y que el sistema necesita ante todo estabilidad, eficacia y orden. Algo que tiene su origen en el modelo de transición española a la democracia (pactada con el antiguo régimen) y en las fallidas experiencias históricas de democracia excesivamente «politizada» (I y II Repúblicas sobre todo). La clave, así pues, está en cambiar el sistema de preferencias de los dos grandes partidos y en hacer ver que, precisamente la integridad es la mayor garantía de orden, eficacia, estabilidad y justicia. Algo nada fácil.

La corrupción cuesta a la economía europea 120.000 millones de euros anuales

La corrupción cuesta a la economía europea 120.000 millones de euros anuales, una cantidad casi equiparable al presupuesto de la UE. Por ello, los eurodiputados han aprobado una resolución en la que reclaman sanciones a escala europea contra la corrupción y exigen a los Estados miembros el compromiso político necesario para atajar este problema. La Eurocámara exige sanciones y una definición del concepto de corrupción a escala europea, a causa de su dimensión transfronteriza y las consecuencias para el mercado interior. Además, propone armonizar la normativa sobre la protección de los «arrepentidos» (incluida su protección frente a procesos por injurias o difamación y ante acusaciones penales) y tipificar como delito el enriquecimiento ilícito.

La resolución, aprobada por 553 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones, pide a la Comisión que dé prioridad a la lucha contra la corrupción y que adelante a 2012 la publicación de su evaluación sobre los esfuerzos realizados contra este problema en la UE.

El Parlamento Europeo también solicita al Consejo que garantice «el compromiso político necesario, ausente en estos momentos en algunos Estados miembros», para luchar contra la corrupción y aplicar las medidas adoptadas por la Comisión el pasado mes de junio.

Informes anticorrupción
La Comisión se ha comprometido a elaborar nuevos «informes anticorrupción» para dar cuenta de los esfuerzos y logros en este ámbito, así como de los errores y los puntos débiles identificados en los Estados miembros. Por otra parte, los diputados destacan que la lucha contra la corrupción exige una mayor transparencia de las transacciones financieras, sobre todo en las que participen los llamados paraísos fiscales.

Corrupción en la política y los medios de comunicación
El PE reclama a todas las instituciones de la UE y a los Estados miembros que aseguren una mayor transparencia elaborando códigos de conducta o mejorando los existentes, en los que se deben fijar normas claras sobre conflicto de intereses. Además, deben tomar medidas para la prevención y la lucha contra la corrupción que se infiltra en la política y los medios de comunicación, mediante el refuerzo de la transparencia y la supervisión de la financiación y las aportaciones económicas.

Los ciudadanos se preocupan por la corrupción
Cuatro de cada cinco ciudadanos de la UE consideran que la corrupción es un problema grave en su Estado miembro, según un eurobarómetro elaborado en 2009. En otra consulta pública, el 88% de los participantes señalaron que la UE debería tomar más medidas contra este problema.

Cuantas más transferencias a los ayuntamientos, mayor corrupción

Cuatro economistas de la Unversidad milanesa de Bocconi, Fernanda Brollo, Tommaso Nannicini, Roberto Perotti y Guido Tabellini, demuestran en la investigación ‘The Political Resource Curse (NBER Working Paper No. 15705)’ que cuando el gobierno local recibe ingresos extraordinarios, hay un aumento en la corrupción, un empeoramiento de la calidad de los candidatos políticos y una mayor probabilidad de reelección para esos mandatarios.

A partir de bases de datos brasileñas, estos investigadores han encontrado que un 10% de incremento en las transferencias federales hacia los gobiernos municipales provoca un incremento de la corrupción local en un 17% (definición amplia, incluyendo posiblemente mala administración) o un 24% (según la definición estrecha, con solo varios episodios de violación grave).

Además, este aumento de financiación también incrementa a los titulares mayores posibilidades de reelección a la alcaldía en un 7%.

El recurso económico más importante para los municipios brasileños es un programa de transferencias federales determinada por el tamaño de la población en una manera discontinua: las transferencias saltan cuando la población supere determinados umbrales. Así, es posible comparar los municipios con un tamaño de población similar, pero coloca ligeramente por detrás o ligeramente por encima del umbral y, por tanto recibir diferentes cantidades de dinero.

Los investigadores han trabajado con información sobre este programa, así como sobre los informes de las auditorías del gobierno local llevó a cabo de conformidad con un programa de lucha contra la corrupción y la información biográfica y electoral de los alcaldes titulares y sus oponentes en las elecciones municipales. De este modo, su modelo combina trabajos sobre los recursos extraordinarios y la búsqueda de ganancias, las teorías sobre la selección de los políticos y los estudios sobre la asignación de talentos en economías caracterizadas por diferentes incentivos a los distintos tipos de talentos.

Cuando los municipios reciben más dinero, hay mayor oportunidad de que los políticos obtengan ganancias de dichos ingresos. Como consecuencia, la corrupción incrementa (el efecto de riesgo moral).

Las ganancias obtenidas a través de la política, afirman los autores, son más valiosas para los candidatos de menor capacidad profesional, teniendo alternativas de carrera más pobre y menores oportunidades salariales. Cuando la corrupción incrementa, ésta se vuelve más llamativa para estas personas de perfil bajo, provocando un efecto de selección que empobrece la calidad de los candidatos al puesto para la alcaldía (en términos de la participación de los oponentes con un título universitario y de su promedio de años de escolaridad). Frente a los oponentes menos poderosos, el reciente alcalde corrupto tiene más posibilidades de reelección.

El 72% de los españoles está a favor de aplicar el polígrafo a los políticos

El 72% de los encuestados está a favor de utilizar el polígrafo para investigar posibles casos de corrupción en los ayuntamientos españoles. La mayoría de los participantes considera que la aplicación del ‘detector de mentiras’ a funcionarios y dirigentes locales serviría para detectar a tiempo y evitar casos de corrupción urbanística y contribuiría a frenar el abuso de poder y el fraude. La encuesta pone de manifiesto que un mayor nivel de estudios incide positivamente en el deseo de que se utilice el polígrafo en los ayuntamientos. Así, mientras que entre los entrevistados con un nivel de estudios elemental, un 70% se muestra a favor, para los niveles medio y superior la cifra aumenta a un 72 y un 80%, respectivamente.

También los más jóvenes se muestran más partidarios del polígrafo, ya que defienden su aplicación en ayuntamientos el 81% de los encuestados entre 18 y 29 años.

En numerosos países el polígrafo se utiliza como eficaz herramienta para detectar e investigar fraudes, pero sobre todo para prevenirlos. Según los responsables de OMNIS, «el uso del polígrafo dentro de las organizaciones cumple la misma función que los controles anti-doping en el deporte: el objetivo no es pillar a nadie, sino disuadir a quienes pretenden cometer algún abuso o irregularidad». En este sentido aclaran que «se trata de una medida de control interno y debe entenderse estrictamente como tal; no tiene nada que ver con los programas de televisión que airean las intimidades de los famosos».

En países como Estados Unidos, Rusia, Japón, Reino Unido, Israel, Australia o Canadá el polígrafo está ampliamente extendido tanto en el ámbito gubernamental como en el sector privado. En México todos los integrantes del cuerpo de policía deben pasar por el polígrafo periódicamente para verificar que están cumpliendo honesta y profesionalmente con su cometido. La CIA norteamericana exige también a sus integrantes someterse a la prueba del polígrafo. En Rusia es obligatorio el uso del polígrafo en la selección de personal para el Ministerio del Interior o los servicios secretos. Y en aeropuertos y aerolíneas de todo el mundo cada vez son más frecuentes los controles rutinarios al personal a través de evaluaciones poligráficas.

El polígrafo es un instrumento científico que permite verificar la veracidad de un testimonio midiendo, a través de indicadores fisiológicos, las reacciones del sistema nervioso autónomo. Diversas investigaciones le otorgan una tasa de fiabilidad por encima del 98%, por lo que se ha convertido en una herramienta imprescindible para investigar y perseguir todo tipo de delitos. En Europa, los países con una mayor implantación del polígrafo a todos los niveles son: Reino Unido, Bélgica, Hungría, Bulgaria, Polonia, Rumanía, Ucrania, Croacia, Serbia, Eslovenia, Lituania, República Checa y Turquía.

OMNIS, la empresa que ha llevado a cabo el estudio, es pionera en España en realizar la prueba del polígrafo para particulares y empresas, ha llevado a cabo un estudio sobre la percepción de los ciudadanos acerca de los beneficios de utilizar el polígrafo dentro de las administraciones públicas.

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AUTOR
Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
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