Se permitirá la dación en pago a familias sin ingresos


El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, ha anunciado en el Congreso de los Diputados un conjunto de medidas normativas para reducir el impacto de los desahucios en los colectivos con riesgo de exclusión social, que se completaría con un Código de Buenas Prácticas voluntario a adoptar por el sector financiero con el objetivo que la dación en pago (entregar la vivienda a la entidad financiera para no seguir pagando la hipoteca) sea una realidad. Las medidas se inscriben en marco de la política económica del Gobierno, que tiene como una de las prioridades buscar la equidad social. A este respecto, es bueno recordar que el 97,5% de los hipotecados cumple con sus obligaciones de pago.

 

22 febrero / Casacochecurro.com Las medidas normativas comenzarán con la definición del colectivo incluido en el umbral de exclusión social. En esta situación estarán las unidades familiares con todos sus miembros en paro y cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia. En todo caso, se establecerán las cautelas necesarias para evitar situaciones de abuso o fraude.

El ministro de Economía, Luis de Guindos.Se promoverá también la mejora de los procedimientos de ejecución de garantías hipotecarias, de modo que, si se llega a ese punto, el precio de la vivienda sea lo más elevado posible. El ministro avanzó que se impulsará un mercado nacional de ejecuciones hipotecarias ágil y transparente a través del fomento de las ejecuciones extrajudiciales, la creación de una base de datos informatizada de ejecuciones de ámbito nacional y la posibilidad de que las subastas se realicen online. Estas medidas se elaborarán en colaboración con el Ministerio de Justicia.

Reformas legales
Las reformas legales incorporan también la atenuación de los intereses moratorios, donde hay un margen claro para la moderación, medida también destinada a las personas situadas bajo el umbral de exclusión.

Luis de Guindos explicó también el impulso a un Código de Buenas Prácticas en el que se trabaja con las entidades financieras. Este Código será de adopción voluntaria por parte de las entidades financieras, cuya adhesión se hará pública. Irá destinado igualmente a las personas con riesgo de exclusión social. El Código contendrá recomendaciones como la posibilidad de que, en caso de ejecución, el pago del capital de la hipoteca sea proporcional al número de cuotas abonadas o que, alternativamente, se reduzca el capital pendiente en la misma proporción. Con ello se pretende corregir la situación actual en la que, al principio de la vida de la hipoteca, se pagan más intereses que capital. Los gastos y costas, en ocasiones muy elevados, también deberán ser objeto de moderación.

La segunda medida debe contemplar la asunción por la entidad de crédito de una parte del riesgo en caso de insuficiencia de las garantías. Se trata de establecer un mecanismo de co-participación que cubra por parte de la entidad financiera de un determinado porcentaje, debido a la deficiencia de la tasación o en la desvalorización que ha sufrido el inmueble.

Se recoge también la posibilidad de permitir la dación en pago como medio liberatorio de la deuda para los mismos casos de exclusión social. Habrá un periodo de carencia para el desalojo de la vivienda que podría situarse en dos años, prorrogable en determinadas circunstancias, en los que el deudor satisfaría una renta a la entidad.

El incentivo para la adopción del Código de Buenas Prácticas por parte de las entidades financieras sería la posibilidad de incluir como gasto fiscalmente deducible las pérdidas en que hubiesen incurrido.

Reacciones
FACUA-consumidores en Acción considera inaceptable que en lugar de poner en marcha cambios regulatorios de envergadura y mayor control ante la vulneración de la normativa vigente por parte de la banca, el Gobierno anuncie unos leves retoques y presente como medida estrella un código de buenas prácticas con el sector financiero, que no será de obligado cumplimiento.

«¿Un código de buenas prácticas? Si el Gobierno se fía de la banca, nosotros hace mucho que no», señala el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que recuerda que a las entidades financieras españolas «sólo les ganan las italianas en falta de transparencia», mientras que las denuncias de los usuarios por incumplimientos de la legislación del sector han crecido «de forma espectacular» en los últimos años.

«Básicamente, a la banca el Gobierno le propone pero no le impone medidas que protejan los intereses de los ciudadanos», señala Sánchez. «Y en la negociación, sólo se sienta con los banqueros y excluye a las asociaciones que representamos los intereses de los consumidores».

«La banca está cometiendo cada vez más abusos y fraudes en España, desde las cláusulas suelo hasta las participaciones preferentes, pasando por el cobro irregular multitud de comisiones, y la respuesta del Gobierno es un código de autorregulación que sólo cumplirá el que quiera y si no lo hace, tendrá como mucho un tirón de orejas», señala el portavoz de FACUA.

Además, critica que la «limitadísima» fórmula de dación en pago que pretende impulsar el Ejecutivo según ha anunciado este miércoles en el Congreso el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, es «extremadamente tímida». «Gobiernen PSOE o PP, los usuarios vamos a seguir teniendo la sensación de que los que mandan son los bancos y nadie se atreve a regularlos pensando los intereses de los ciudadanos, salvo en los de un puñado de banqueros».

El ministro ha indicado que el Gobierno sólo promoverá la dación en pago -la entrega de la vivienda sin que el banco reclame más deuda aunque su valor de mercado se haya devaluado- para familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

La opinión de las cajas
Por su parte, la CECA señala al respecto que siempre ha mostrado su disposición a colaborar con las autoridades para mejorar el sistema hipotecario español. Ya en septiembre del pasado ejercicio, la Confederación presentó ante el Congreso de los Diputados un documento en el que se recogían un conjunto de propuestas para reformar este mercado. De hecho, algunas de esas medidas propuestas han sido recogidas hoy por el Gobierno, como es el caso de la mejora de la agilidad y la transparencia en los procesos de ejecución hipotecaria.

Aunque la dimensión de este asunto es reducida en relación al conjunto de operaciones realizadas en el mercado hipotecario (el 97,5 por ciento de los hipotecados cumple con sus obligaciones de pago), el impacto en las personas afectadas es muy perjudicial. Son casos debidos a situaciones sobrevenidas y, por tanto, dada esa excepcionalidad, los afectados carecen de capacidad para afrontarlas.

Tal y como se señala desde las Cajas, «las Cajas de Ahorros ya disponen de planes específicos, como las daciones en pago con carácter voluntario o la adquisición de la vivienda para su posterior alquiler al deudor y, por consiguiente, la iniciativa impulsada por el Gobierno debe dirigirse a eliminar los obstáculos que las entidades encuentran para poner en marcha tales actuaciones, y que son de naturaleza fundamentalmente fiscal y administrativa».

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