Tiempo de trabajo: por un máximo de 48 horas semanales sin excepciones

Los eurodiputados se pronunciarán el 17 de diciembre sobre la revisión de la directiva de tiempo de trabajo. El ponente parlamentario es el diputado socialista español Alejandro Cercas, quien insiste en que todos los Estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales y exige que desaparezca el “opt-out” (no aplicación de este máximo), acordado en 1993 para el Reino Unido. Los diputados subrayan además que los periodos de guardia deben ser considerados tiempo de trabajo.

La directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias derogaciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los directores generales) o sectores.

La directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.

El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara, elaborado por Alejandro Cercas, exige eliminar la posibilidad del “opt-out” pasado un periodo transitorio de 3 años. Esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre un periodo de referencia de 3 meses. Además, los diputados instan a considerar como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los periodos inactivos, cuestión que en España afecta particularmente al personal sanitario.

El informe también hace hincapié en que la legislación debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.

Los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la directiva. Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías, los bomberos y los militares también están excluidos.

Opt-out
El informe exige la desaparición del “opt-out” tras un periodo transitorio de 3 años, y mientras tanto, pide que se asegure la libre voluntad del trabajador prohibiendo que se suscriba esta cláusula al firmar el contrato de trabajo, durante el periodo de prueba o en las 4 primeras semanas de relación laboral. Esta cláusula, que fue acordada de forma excepcional y temporal con el Reino Unido en 1993, permite a los Estados miembros aplicar jornadas medias superiores a las 48 horas semanales si el trabajador lo acepta (enmiendas 16-18, artículo 1, punto 6).

El acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Empleo de la UE respalda el “opt-out” y establece un máximo de 60 horas de trabajo semanales, calculadas como media sobre un periodo de 3 meses, para los trabajadores que se acogen a dicha derogación. Este límite puede incrementarse hasta las 65 horas semanales en ausencia de un convenio colectivo o cuando el periodo inactivo del tiempo de guardia es considerado tiempo de trabajo. La comisión parlamentaria, en cambio, suprime la opción de elevar a 60-65 horas el máximo de la jornada máxima semanal (enmienda 19, artículo 1, punto 6).

La directiva estipula que debe haber un descanso semanal de 24 horas (no necesariamente el domingo) y los descansos diarios deben ser de 11 horas. Además, el tiempo de trabajo máximo semanal debería ser de 78 horas.

El tiempo de guardia es tiempo de trabajo

El tiempo de guardia se define como el tiempo durante el cual el trabajador, a pesar de estar disponible para trabajar en su lugar de trabajo, no está ejerciendo sus tareas. El Tribunal de Justicia de la UE sentó el principio de que todo el periodo de guardia es tiempo de trabajo.

El Consejo considera que el periodo inactivo del tiempo de guardia no debe considerarse como tiempo de trabajo a menos que la legislación nacional, un convenio colectivo o un acuerdo entre interlocutores sociales disponga lo contrario. Por “periodo inactivo” se entiende el tiempo que el trabajador está de guardia pero no está obligado a ejercer efectivamente sus funciones.

Los diputados reconocen la diferencia entre el tiempo de guardia activo y el tiempo de guardia inactivo y subrayan que éste último puede calcularse de manera específica. No obstante, dejan claro que todo el tiempo de guardia, incluido el periodo inactivo, debe ser considerado tiempo de trabajo (enmienda 9, artículo 1, punto 2).

El ponente argumenta que, de acuerdo con la posición del Consejo, los médicos podrían trabajar más de 78 horas a la semana.

Periodo de referencia

Las 48 horas que fija la directiva como tope son una media y no un máximo estrictamente semanal. En la actualidad, el periodo de referencia utilizado para calcular esa duración media máxima de trabajo semanal es de 4 meses (es decir, en esos 4 meses podrá haber semanas con más de 48 horas, siempre que se compensen con otras de menos), aunque puede extenderse a 6 ó 12 meses si hay un acuerdo colectivo; por ejemplo, para trabajos estacionales.

En mayo de 2005, el Parlamento Europeo aceptó prolongar este periodo de referencia de 4 a 12 meses, aunque introdujo condiciones estrictas, como la consulta al trabajador o a su representante.

La “anualización” del periodo de referencia fue un compromiso político en primera lectura que sirvió para obtener el apoyo suficiente para acabar con la cláusula del opt-out. El Consejo ha acordado que los Estados miembros puedan proponer un periodo de referencia de 12 meses a través de convenios colectivos o por medio de legislación después de consultarlo con los interlocutores sociales. El informe de Alejandro Cercas subraya la necesidad de reforzar las medidas de protección de los trabajadores en este ámbito (enmienda 15, artículo 1, punto 5).

Descanso compensatorio

La directiva vigente y el Tribunal de Justicia de la UE concluyen que cuando los trabajadores no puedan disfrutar de periodos de descanso normales deben disponer inmediatamente después de periodos de descanso compensatorio. Según el Consejo, son los países los que tienen la potestad de determinar “la duración del plazo razonable” en el que se asigna un descanso compensatorio. Sin embargo, la comisión parlamentaria considera que los periodos de descanso compensatorio deben concederse después de los periodos de trabajo (enmiendas 13 y 14, artículo 1, puntos 3 y 4).

Vida familiar y profesional

El texto de Cercas señala que, para conciliar mejor la vida familiar y laboral, los trabajadores deberían tener derecho a solicitar cambios de horario y de los modelos de trabajo y los empresarios tendrían que estar obligados a tomar en consideración estas peticiones (enmienda 11, artículo 1, punto 2).

Procedimiento

La Comisión Europea presentó una propuesta de revisión de la directiva en septiembre de 2004. La Eurocámara se pronunció en primera lectura en mayo de 2005. Después de tres años de bloqueo, el Consejo logró un acuerdo el pasado mes de junio, con los votos en contra de España y Grecia y las abstenciones de Bélgica, Chipre, Hungría, Malta y Portugal.

El 5 de noviembre de 2008, la comisión de Empleo se pronunció, en segunda lectura, a favor del informe de Alejandro Cercas, con 35 votos a favor, 13 en contra y 2 abstenciones. Con este voto, la comisión parlamentaria ha reafirmado la posición de la Eurocámara en primera lectura y ha mostrado su desacuerdo con el Consejo en los dos puntos más polémicos de la revisión: el “opt-out” y los periodos de guardia. El pleno del Parlamento Europeo examinará el texto el próximo miércoles 17 de diciembre.

En segunda lectura las enmiendas a la posición común del Consejo requieren mayoría absoluta (393 votos).

Los eurodiputados debaten la directiva de tiempo de trabajo

Los eurodiputados han debatido hoy la directiva de tiempo de trabajo. El ponente parlamentario es el socialista español Alejandro Cercas, quien insiste en que todos los Estados miembros deberán respetar el máximo de 48 horas semanales, calculadas sobre una media anual, y exige que el “opt-out” (no aplicación de este máximo) desaparezca en un plazo de 3 años. Los diputados subrayan además que los periodos de guardia deben ser considerados tiempo de trabajo. La Eurocámara se pronunciará el miércoles.

La directiva de 1993 relativa a la ordenación del tiempo de trabajo establece una serie de principios básicos, como el tiempo máximo de trabajo semanal, los descansos diarios y semanales y la duración del trabajo nocturno. También introduce varias derogaciones que los Estados miembros pueden aplicar a determinadas categorías de trabajadores (como los directores generales) o sectores.

La directiva prevé la revisión de algunos de sus artículos en un plazo de diez años. Esta revisión también debe servir para tener en cuenta las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE sobre el tiempo de guardia y las sanciones.

El informe de la comisión de Empleo de la Eurocámara, elaborado por Alejandro Cercas, exige eliminar la posibilidad del “opt-out” pasado un periodo transitorio de 3 años. Esta cláusula permite a los países no aplicar el tiempo máximo de trabajo semanal de 48 horas calculadas sobre una media anual, e introduce un máximo de 60 horas calculadas sobre un periodo de referencia de 3 meses. Además, los diputados instan a considerar como trabajo efectivo el tiempo de guardia, incluidos los periodos inactivos, cuestión que en España afecta particularmente al personal sanitario.

El informe también hace hincapié en que la legislación debe favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y consideran imprescindible reforzar la protección y la seguridad de los trabajadores.

Los Estados miembros tendrán 3 años para adaptar sus legislaciones a la directiva. Estas normas no se aplicarán a los marineros ni los conductores, que ya disponen de una normativa comunitaria específica. Los policías, los bomberos y los militares también están excluidos.

En segunda lectura cualquiera de las enmiendas a la posición común del Consejo requieren mayoría absoluta (393 votos). Si el pleno no aprueba ninguna enmienda, la posición común del Consejo se adoptará como tal.

Ponente

El eurodiputado Alejandro Cercas advirtió hoy de que la propuesta de revisión de esta normativa, que contempla una jornada laboral de 65 horas semanales, conlleva un retroceso a las normas de trabajo del siglo XIX y “arroja a los más débiles a condiciones inhumanas”.

El eurodiputado socialista confió en que el rechazo del PE no sea visto como un “contratiempo”, sino como una oportunidad “para conectar con la preocupaciones de los europeos”.

A juicio de Cercas, rechazar esta directiva demostrará que el PE no está “sordo, ni mudo y que Europa no es un oscuro laberinto de egoístas ilustrados ni políticos sin corazón”. Al contrario, los europeos verán que la UE sabe anteponer los derechos “de la mayoría” a la codicia y el desvarío de unos pocos ideólogos de la extrema desregulación”, declaró.

Para el ponente, no se puede “retroceder” en la aspiración que se consiguió en el siglo XX de “trabajar para vivir y no vivir para trabajar” y que, además, ha supuesto un círculo virtuoso de “mejoras de productividad acompañadas de más tiempo libre para los trabajadores”.

La oposición al mantenimiento del “opt-out” está sustentada en el “buen sentido, común y jurídico”, ya que este instrumento que hace renunciables los derechos fundamentales de los trabajadores y “equivale a vaciar de contenido a las instituciones del derecho del trabajo, convenios y normas internacionales”.

De este modo, la propuesta de revisión es “aún peor que la vigente”, ya que el “opt-out” no sería “una excepción singular y temporal” sino una regla general.

“La derogación personal de los derechos es una forma infalible para arrojar a las capas más frágiles de la clase obrera a la explotación más inhumana y permitir a los Estados que se sirvan del derecho social comunitario a beneficio de inventario. Supone abrir la vía al dumping social y a la desafección con una Europa que abre puertas a competir sin reglas comunes”, explicó.

En lo referente al personal sanitario, Cercas consideró que dejar de reconocer las guardias al personal médico conllevaría “una agresión sin límite” y un “despropósito”.

El eurodiputado aseguró que se ha intentado llegar a un acuerdo con el Consejo y presentar en el pleno una solución de compromiso, pero no ha sido posible dado que el Consejo “no ha querido negociar y pretende que siga adelante su posición sin alterar ni una coma”.

Cercas confió en que el próximo miércoles una mayoría amplia del Parlamento saque de su error al Consejo, y entonces se pueda construir un compromiso “aceptable buscando términos flexiseguridad y reconciliación entre trabajo y vida familiar”.

Este rechazo enviará un mensaje a toda Europa de que la Eurocámara “está viva y comprometida con que Europa se siga construyendo sin olvidar la dimensión social y los derechos”, en esta ocasión, de los médicos y de todos los trabajadores, y sus familias, “amenazados con las jornadas de trabajo sin límite”.

Grupos políticos
José Albino SILVA PENEDA (PPE-dE, Portugal) se mostró “de acuerdo con revisar la posición del Parlamento en primera lectura, pero sólo en el marco de un compromiso, lo que presupone un diálogo entre instituciones”. Recordó que “pese al empeño de la Presidencia francesa, el Consejo no le confirió el mandato para negociar con el PE”.

En cuanto al opt-out, Silva Peneda declaró que “no tiene nada que ver con la flexibilidad del mercado laboral”, ya que la flexibilidad “se obtiene a través de la anualización del periodo de referencia”. Añadió que “ahora lo fundamental es saber si queremos que los trabajadores europeos puedan trabajar ocho horas al día de lunes a sábado como media anual y si esto es coherente con nuestras afirmaciones sobre la conciliación de la vida personal y profesional”.

Con respecto al tiempo de guardia, señaló que “se deben cumplir las decisiones del Tribunal de Justicia” y se mostró confiado en que “hallaremos una solución a este problema en conciliación”.

El socialista sueco Jan ANDERSSON (PSE) recalcó que “necesitamos una serie de normas relativas a la seguridad en el trabajo” y criticó al Consejo porque “propone que el tiempo de guardia no sea considerado de trabajo de manera permanente”. En cuanto al “opt-out”, se preguntó “qué oportunidad habrá de decir que no al empleador” e hizo hincapié en que los hombres podrán trabajar 65 horas, pero “las mujeres se quedarán en casa”.

Finalmente, criticó al Consejo por “no querer aproximarse a la mesa de negociaciones”.

La británica Elizabeth LYNNE (ALDE, Reino Unido) dijo ser consciente de que la posición común del Consejo “es fruto de muchos años de negociaciones” y reconoció estar a favor del “opt-out”. “Si no hay “opt-out”, estaremos promoviendo el trabajo no declarado”. No obstante, “se necesitan normas más claras para que -esta cláusula- sea verdaderamente voluntaria”, algo que, según Lynne, la posición común del Consejo ha logrado, ya que “los trabajadores podrán acudir a los tribunales si se abusa de dicha derogación”. El “opt-out” es, en definitiva, “la resolución más clara”.

En cuanto a los tiempos de guardia, dijo que “tienen que formar parte de la jornada laboral” y subrayó que en el informe de Alejandro Cercas “queda a merced de los convenios colectivos y las legislaciones nacionales”.

Concluyó que “si no llegamos a un acuerdo, el Consejo tiene que recapacitar sobre su postura” y “dar un trato específico para el personal médico”.

Elisabeth SCHROEDTER (Verdes/aLE, Alemania): “La jornadas laborales excesivas causan enfermedad, menos concentración, más errores y peligros para la integridad física de uno mismo y los demás”, indicó la eurodiputada, quien calificó la directiva como un queso suizo “lleno de orificios y agujeros”.

Rechazó que la guardia del personal sanitario sea considerada parte de la jornada laboral, ya que su partido concede más importancia “a la persona” que al contrato laboral. “Los trabajadores no pueden decidir, sino no estarían manifestándose frente al Parlamento”, advirtió.

Roberta ANGELILLI (UEN, Italia): “Todos somos muy conscientes de que el mundo del trabajo ha cambiado y seguirá cambiando, sobre todo por la crisis económica, sabemos que debemos ser más flexibles, pero no en detrimento de la seguridad y los derechos de los trabajadores”, resaltó.

Para la eurodiputada revisar esta directiva “es sumamente necesario y útil”, pero no en base a costes en términos de seguridad y vida laboral de los trabajadores.

Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/nGL, Grecia) se opuso “radicalmente” a la propuesta “que por desgracia apoya la Comisión”, ya que “únicamente ayuda al lobby de la patronal” y demuestra que “el reloj de la historia esta retrocediendo 90 años”.

El opt-out “va en contra de los trabajadores, ciudadanos y tribunales de justicia”, y es contraria a la posición del Consejo Médico Europeo, además de conllevar una la “negación de la Europa social y de cualquier tipo de salvaguardia de los derechos de los trabajadores”.

Para Derek Roland CLARK (IND/dEM, Reino Unido), instrumentos como el opt-out han hecho del Reino Unido uno de los países más desarrollados de la UE y lo ha convertido en el segundo que más aporta al presupuesto europeo, un dinero, al que “nadie hace ascos”, a pesar de que muchos países defienden una cosa en las instituciones comunitarias “y otra en casa”.

El eurodiputado rechazó la postura de Cercas de no prestar atención a las repercusiones económicas de rechazar esta propuesta, ya que esto conllevará una perdida de competitividad de la industria europea, de puestos de trabajo y de aportación económica a través de los impuestos.

Irena BELOHORSKÁ (No Inscritos, Eslovaquia) hizo suyas las reivindicaciones de los sindicatos que temen que esta propuesta conceda a las patronales “demasiada cancha”, y puntualizó, en lo relativo al personal sanitario, que cuando los trabajadores están de guardia “no pueden disponer de su tiempo”, por lo que considerarlo jornada laboral sería “un abuso de su tiempo”.

“Queremos utilizar la directiva para mejorar la situación de los trabajadores y su vida familiar, pero dudo que ellos hagan la misma lectura”, aseveró.

Diputados españoles
Juan Andrés NARANJO (PPE-dE) se refirió al “opt-out” y dijo que esta cláusula “no supone una excepción, sino la derogación de uno de los elementos esenciales de esta directiva”. Añadió que dicha derogación “no está justificada por la flexibilidad”, pues “no se puede confundir un aumento de la duración de la jornada con la flexibilidad que necesitan empresas y trabajadores”.

La directiva aporta flexibilidad “de forma muy amplia para atender las especificidades de los trabajos estacionales, las puntas de producción y las exigencias de determinadas actividades”. También se mostró confiado en que el día de la votación “puede ser un buen día para todos” y destacó que “es bueno reformar, pero hay que conservar aquello que refuerza Europa y que puede hacer que la Europa social salga del reto que tiene por delante fortalecida, avanzando de la mano en el progreso económico y en el progreso social, que por separado no pueden sobrevivir”.

Consejo

La secretaria de Estado francesa encargada de Solidaridad, Valérie Letard, habló en nombre del Consejo de la UE y dejó claro que la posición común de los Estados miembros “da nuevas garantías a las derogaciones creadas en el 1993”. “De hecho, el texto prevé un límite de 60/65 horas”, defendió.

Propuso lograr un texto “que sea aceptable para todos evitando la conciliación” y recordó que, pese a las posturas divergentes del Parlamento y del Consejo, “la Eurocámara tiene que entender que para muchos países es urgente resolver el problema de los tiempos de guardia”.

Comisión Europea
El comisario de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimír SPIDLA, manifestó que entendía las preocupaciones que la directiva genera y dijo que hay que poner luz sobre el tema, sobre todo en lo que a tiempos de guardia se refiere: “Estoy convencido de que, a la hora de abordar esta directiva, los servicios públicos de toda Europa nos piden que la aclaremos políticamente. La Eurocámara debe aclarar si insiste en la posición que adoptó tras la primera lectura o si, en base a la posición común del Consejo, podría modificar su posición inicial”, aseguró Spidla.

Según el comisario, a la Comisión se le pidió que mediara en este tema que divide al Consejo y al Parlamento y por eso, la Comisión “en 2005 modificó su propuesta y propuso la desaparición del “opt-out”, basándose en la opinión del Parlamento en primera lectura. Pero debemos ser realistas”, advirtió Spidla, “en 2003, esa excepción la utilizaban cuatro Estados miembros, hoy son 15 y hay otros Estados miembros que quieren contar con esa posibilidad en el futuro”.

Advirtió de que si el Parlamento y el Consejo no llegan a un acuerdo, la directiva va a seguir en vigor tal y como está en la versión actual. Por último, Spidla instó a la Eurocámara a tener en cuenta que “esta posición común llega tras cuatro años de negociaciones” y le pidió que muestre comprensión por cualquier Presidencia que intente alcanzar un acuerdo.

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