Morosidad: Las empresas y las administraciones no pagan sus facturas a tiempo


Sólo el 25% de las empresas y las Administraciones Públicas cumplen la nueva Ley aprobada por Bruselas, que fija en 30 días el periodo de tiempo que tienen deudores públicos y privados para pagar sus deudas. La nueva directiva europea deberá ser traspuesta a principios de 2013 (coincidiendo con el período de transición de la nueva ley española). Y mucho tendrán que cambiar las cosas, ya que a día de hoy las empresas en España pagan en un plazo de 98 días. En Europa la cifra se reduce a 55. Ambas muy lejos de la futura ley.

—31 enero Casacochecurro.com En el contexto de la aprobación definitiva en Bruselas de la nueva normativa europea de morosidad, Intrum Justitia, multinacional sueca especializada en servicios de gestión de crédito, calcula que en España solo el 25% de las facturas se han cobrado en menos de 30 días en 2010. Así, este dato contrasta con los plazos exigidos por la nueva legislación que marcan un plazo máximo de 30 días como regla general para el pago a proveedores por parte de empresas y sector público.

Esta directiva europea deberá ser traspuesta a principios de 2013 y para ello administraciones públicas, empresas y particulares deberán hacer un esfuerzo importante en los próximos años ya que según el Índice de Riesgo 2010 en la actualidad el plazo de pago en España asciende a 98 días.

España es además, según el ranking elaborado por Intrum Justitia, uno de los 5 países europeos con mayores plazos de pago junto con Italia, Grecia, Portugal y Chipre. Así, en palabras de Luís Salvaterra, Director General de Intrum Justitia Ibérica «las empresas deben ser conscientes de que se deben adaptar a una nueva realidad en un plazo máximo de 2 años y para ello es necesario dar un giro de 180º». Además, añade «esta reducción en los plazos de pago parece especialmente complicada si tenemos en cuenta que hay que romper una dinámica ascendente ya que en el último año se ha incrementado el retraso en el pago en España en 2 días».

Estos retrasos suponen un coste adicional para las empresas ya que se calcula que gastan 25.000 millones de euros en cobrar sus facturas y este período de recesión ha provocado que los empresarios sean más conscientes de la necesidad de una gestión de crédito profesionalizada. Así, según datos extraídos de Índice de Riesgo 2010 destacan como principales puntos a mejorar: la política y los procesos de gestión de crédito, la segmentación y contar con más información de los clientes y aplicar un mayor control y rigor en la gestión del riesgo.

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