En crisis, lo gratis y los servicios públicos se usan más

Los hogares españoles han incrementado su utilización de la oferta de servicios públicos con motivo de la crisis, según se desprende del estudio “Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2010”, que anualmente elabora el Instituto de Estudios Fiscales y que este año cumple su décimo sexta edición. El ‘barómetro fiscal’ se basa en una encuesta anual, realizada mediante entrevistas personales a una muestra aleatoria nacional de 1.500 ciudadanos distribuidos en cinco segmentos (empresarios, agricultores, profesionales liberales, trabajadores asalariados e inactivos) y seleccionados por cuotas de hábitat, género, edad y categoría socio-económica. Una de las principales conclusiones que se extrae del informe de este año es que la crisis parece haber favorecido una utilización más intensiva de la oferta pública de servicios y prestaciones por parte de los hogares españoles.

Los datos obtenidos indican que cada hogar ha recurrido, al menos, a cuatro servicios públicos durante el ejercicio de 2010, siendo los más utilizados los servicios sanitarios (93 %), la infraestructuras (89 %) y los servicios de transporte público (80 %). En un nivel intermedio se sitúan los servicios educativos (56 %). %). Las prestaciones sociales se utilizan en menores porcentajes por cuanto están destinadas a colectivos específicos de la población: las pensiones de jubilación (26 %), el seguro de desempleo (21 %), los servicios sociales (17 %) y las pensiones por enfermedad e invalidez (12 %).

Al compás de esa mayor utilización de los servicios públicos, el nivel de satisfacción de los usuarios también ha experimentado una suave mejora, que se manifiesta con mayor intensidad en relación a la infraestructuras, los servicios sociales, la sanidad, la educación y los transportes; y que es menor en el caso de las prestaciones públicas, ya sea por jubilación, enfermedad o desempleo.

El acceso universal a la oferta pública de servicios y prestaciones, especialmente a la sanidad, es el factor más valorado por los ciudadanos, que, no obstante, mantienen la percepción de que existe un cierto margen de mejora en la prestación de los servicios públicos y de que éstos se podrían gestionar mejor. Los ciudadanos también reconocen mayoritariamente que la oferta pública de servicios y prestaciones ha mejorado mucho o bastante en los últimos cinco años.

En relación a una posible participación de la iniciativa privada en la gestión o financiación de los servicios y prestaciones públicas, la mayoría de los españoles se muestra en contra..

Comportamiento fiscal de los contribuyentes

La muestra presenta una opinión bastante polarizada en lo que hace referencia al cumplimiento de las obligaciones fiscales, si bien predominan los que piensan que el grado de cumplimiento fiscal ha empeorado en los últimos diez años (57 % de los entrevistados).

Entre los que consideran que ha habido una evolución positiva en el pago de impuestos, el 43 % de los encuestados, un 85 % atribuye esta mejora a que la Inspección de Hacienda ha incrementado el control sobre los contribuyentes, mientras un 84 % menciona las retenciones sobre el sueldo como un mecanismo que ha tenido bastante o mucha influencia en ese mejor cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es menor el porcentaje de ciudadanos que entiende que ese mayor cumplimiento se debe a una mayor conciencia cívica o fiscal por parte de los españoles, un 71 %.

Curiosamente, pese a esta percepción, según los datos obtenidos en las entrevistas realizadas para el ‘barómetro fiscal 2010’, son mayoría los que opinan que en general se pagan los impuestos de un modo bastante correcto (59 %), frente a los que piensan que el fraude fiscal está muy generalizado y el pago de impuestos es muy imperfecto, en un porcentaje, además, creciente respecto a 2009.

El barómetro correspondiente a 2010 muestra un incremento sensible del porcentaje de españoles que no justifica en ningún caso el fraude fiscal, que pasa del 57 % al 63 %. Disminuye, en la misma medida, el grupo de ciudadanos que entienden que hay circunstancias excepcionales que pueden justificar el fraude fiscal para salir adelante, que se queda en el 28 % del total. Sólo un 9 % de los encuestados entienden que el fraude es consustancial al sistema fiscal.

Respecto a qué efectos tiene el fraude fiscal, la mayoría de los encuestados menciona la disminución de recursos para llevar a cabo políticas públicas (40 %), en siguiente lugar se menciona la creación de injusticias (22 %) y el incremento de la presión fiscal (15 %). El 13 % entiende que desmotiva a cumplir con las obligaciones fiscales y un 5 % que distorsiona la economía.

La economía sumergida se menciona como el tipo de fraude más pernicioso para la sociedad en su conjunto, seguido del no ingreso de retenciones de IRPF por parte del empleador y de la no realización de la Declaración de la Renta.

Imagen corporativa de la Hacienda Pública

El 72 % de la población conoce los servicios de la Agencia Tributaria, si bien únicamente un 38 % los utiliza. Los asalariados (50 %) y los profesionales (46 %) son los que más los utilizan, mientras los agricultores (27 %) y los parados (33 %) son los que menos.

Todavía es minoritaria la proporción de contribuyentes que cumplimentan por sí mismos sus declaraciones tributarias (12 %). El 50 % recurren a una asesoría fiscal o gestoría para cumplir este trámite; el 22 %, a los servicios de la Agencia Tributaria; mientras que un 16 % recurre a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

La valoración de los servicios que presta la Agencia Tributaria es muy positiva. Todos ellos son calificados de buenos o muy buenos en proporciones que varían entre el 78 % y el 91 %. De entre todos los servicios que la Agencia presta a los contribuyentes el más valorado es la comunicación de datos fiscales, seguido del borrador de declaración de IRPF y la atención presencial en las oficinas de la Agencia. Todavía persiste un cierto desconocimiento de los nuevos servicios que se prestan a través de la web y con el apoyo de la firma electrónica
Financiación local

Como es habitual, el estudio incorpora algunas cuestiones asociadas a la actualidad; en este caso, se introdujeron preguntas sobre cuestiones relativas a la financiación local.

En relación a la atribución de responsabilidades por niveles administrativos, la mayoría de los ciudadanos atribuyen al Estado la mayor responsabilidad en las prestaciones sociales (jubilación, enfermedad o invalidez y desempleo) e infraestructuras; a las comunidades autónomas, la educación y la sanidad; y al Ayuntamiento la prestación de los jardines y parques públicos, la gestión de residuos urbanos y los servicios de biblioteca y museos.

Existe un amplio conocimiento de los servicios prestados por los ayuntamientos y también una valoración muy positiva, si bien una mayoría de ciudadanos no es partidario de pagar más impuestos para mejorar la prestación de los servicios que dan los ayuntamientos.

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