La nueva Ley de Tasas Judiciales, que quebranta los derechos fundamentales, obligará a pagar para que un trabajador denuncie su despido como improcedente


Balnza de la injusticia.Hoy se ha publicado en el BOE la nueva Ley de Tasas Judiciales y mañana jueves entra en vigor una medida que obliga a pagar ante determinados procedimientos, como cuando un trabajador despedido quiere denunciar como improcedente su cese. La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como ley de tasas judiciales, a pesar del rechazo de jueces, abogados, fiscales, procuradores, usuarios afectados y de todos los grupos parlamentarios con excepción del Partido Popular (PP), no obliga a las empresas a acatar las decisiones del Sistema Arbitral de Consumo, entre otras medidas.

 
21 noviembre / Casacochecurro.com Prácticamente la totalidad de los estamentos jurídicos han rechazado esta Ley. «Especialmente criticable es la implantación de la tasa en el ámbito laboral y concretamente en los procesos por despido», 

explican en MassMedia Assistants, que muestra su absoluto rechazo a la Ley de Tasas Judiciales. La ley como novedad fundamental implanta la obligación de pagar tasas judiciales para interponer determinados procedimientos a personas físicas y entidades sin ánimo de lucro. La Ley también generaliza la implantación de dichas tasas a las personas jurídicas con independencia de su volumen de facturación. A su entender, «la norma vulnera frontalmente el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva al establecer como barrera de acceso a la mayoría de procedimientos, un requisito puramente económico», explican desde MassMedia Assistants.

Obligación de pagar para denunciar

La norma aprobada trae como consecuencia inmediata que muchos ciudadanos sin capacidad adquisitiva tendrán que renunciar a defender sus derechos por una cuestión puramente económica. Esto sin duda lleva a la creación de dos justicias diferentes, en función de la capacidad adquisitiva de quien pretenda hacer valer sus derechos: los que puedan permitirse acudir a un tribunal a esgrimir un derecho y los que no porque carezcan de capacidad adquisitiva para afrontar los gastos derivados del procedimiento.

Procesos de despido

Especialmente criticable es la implantación de la tasa en el ámbito laboral y especialmente en los procesos por despido, pues a la precaria situación a la que tiene que enfrentarse una persona recién despedida se une el hecho de tener la obligación de pagar una tasa por el simple hecho de querer ejercer su derecho a recurrir su despido por considerarlo improcedente.

FACUA denuncia los 800 euros por apelar
La asociación de consumidores FACUA alerta de que la norma abre la puerta a que las empresas se nieguen a acatar las decisiones del sistema de arbitraje, al obligar a los consumidores a pagar un mínimo de 200 euros para exigir su cumplimiento. FACUA advierte de que la aplicación de estas tasas es contraria al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva «sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión» que recoge el artículo 24 de la Constitución Española.

Además, en caso de que un consumidor pierda en primera instancia y opte por apelar, tendrá que asumir una tasa de 800 euros por recurso, a lo que se le sumaría el depósito judicial que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta situación constata, para la asociación, la implantación efectiva de una justicia para ricos y otra para pobres, al limitar el acceso a un derecho fundamental en función de los recursos económicos que tengan los ciudadanos.

Además, FACUA recuerda que a pesar de que la exposición de motivos de esta ley defiende que está avalada por el Tribunal Constitucional, hasta ahora el alto organismo sólo ha autorizado la aplicación de tasas que no supongan una barrera económica para el acceso a la justicia.

De hecho, el propio texto aprobado reconoce que la ley «pretende racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional», algo que, para la asociación, evidencia que se trata claramente de unas tasas disuasorias.

Algunos ejemplos escandalosos
FACUA expone que con estas tasas van a darse situaciones tan aberrantes como tener que pagar 200 euros para reclamar en los tribunales una multa de 150 euros o para exigir la devolución de una factura telefónica de 80 euros.

Otros ejemplos escandalosos implican el pago de 312,50 euros para reclamar daños y perjuicios en los juzgados por la cancelación de un vuelo por cuantía de 2.500 euros, o abonar 715 euros de tasas para exigir 3.000 euros de intereses cobrados de forma abusiva en un crédito o hipoteca.

Para la asociación, resulta indignante que los afectados por fraudes masivos como el de las participaciones preferentes vayan a tener ahora una barrera más que superar para poder recuperar su dinero. Así, ir a juicio para pedir la devolución de 20.000 euros en una primera instancia requerirá del pago previo de 400 euros.

De igual manera, una aseguradora que se niegue a cubrir un siniestro por valor de 2.300 euros podrá quedar impune para aquellos ciudadanos que no puedan pagar los 311,50 que cuesta ahora llevarles ante los tribunales por esa cantidad.

Reforma del arbitraje de consumo
FACUA alerta de que a la implantación de estas tasas excesivas se le une ahora la tramitación de una importante reforma del arbitraje de consumo que pretende revisar este sistema.

De esta forma, la intención del Gobierno es la de excluir las reclamaciones de menor cuantía (de menos de 50 euros) o aquellas que no versen sobre reclamaciones de cantidad, decisiones que quedarían en manos del presidente de la Junta Arbitral.

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Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
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