Piden reformar la Administración Pública mejorando las competencias profesionales de los directivos y fijando los sueldos a objetivos

La Associació Catalana de Gestió Pública, en colaboración con ESADE y otras entidades, ha presentado el Estatuto de la Dirección Pública Profesional de Cataluña. El objetivo es promover un debate abierto con los estamentos institucionales, los actores políticos, los agentes sociales y, en general, con la ciudadanía del país, para contribuir a avanzar en la institucionalización de herramientas que permitan mejorar la calidad de la dirección y la gestión de las organizaciones públicas. ¿Cómo? Persigue fijar un plazo determinado en los altos cargos que dependa directamente del logro de unos objetivos, que se iguale el modelo salarial con el de puestos de responsabilidad similar en otros sectores y que una parte de las retribuciones quede vinculada a los resultados obtenidos.

El documento denuncia el déficit de gestión en el sector y la indiferencia de los actores políticos hacia el desarrollo de instrumentos que hagan posible que los profesionales que están al frente de las administraciones catalanas, universidades y organismos públicos puedan ejercer su actividad con plena seguridad.

Para el secretario general de ESADE y profesor del Instituto de Gobernanza y Dirección Pública de la escuela, Francisco Longo, “es necesario que el ingreso de personal a las organizaciones públicas se establezca por mérito y según criterios que garanticen la idoneidad del trabajador”.

Reformas

Así, el texto propone acometer reformas legislativas para dotar a las administraciones de un nuevo marco que regule, entre muchos otros aspectos, los puestos de los directivos, la estructura de la carrera administrativa, los procedimientos de designación laboral, la contratación, el periodo de mandato o el modelo salarial.

● Profesionalizar el sector: La débil orientación a resultados en la administración revela un acusado déficit de capacidades de gestión. El documento apuesta, principalmente, por la profesionalización del sector público. El texto propone que la competencia profesional sea el criterio básico para acceder a estos puestos de trabajo, ampliando así las posibilidades de atraer a los mejores y favoreciendo el acceso de todos los perfiles que puedan enriquecer la dirección pública. Para ello, el Estatuto plantea la posibilidad de dejar en manos de los órganos competentes de cada administración la determinación de los altos cargos, a través de mecanismos de acreditación que faciliten la identificación de personas que dispongan de un perfil profesional, formación, competencias y experiencia adecuados para desempeñar el puesto de trabajo requerido.

● Mandato limitado y modelo salarial equitativo: cumplir objetivos y obtener resultados. Ésta es otra de las premisas que propone el Estatuto a la hora de definir la duración de los mandatos de los puestos directivos. Esta medida persigue fijar un plazo determinado en los altos cargos que dependa directamente del logro de unos objetivos. De este modo, se fomentaría una cultura de la evaluación y se conseguiría mayor estabilidad en la dirección pública. Igualmente, la propuesta plantea que se iguale el modelo salarial con el de puestos de responsabilidad similar en otros sectores. Por otro lado, expone que una parte de las retribuciones quede vinculada a los resultados obtenidos.

● Una ley para todos: el Estatuto también reclama una única ley para todas las administraciones. En este sentido, los expertos proponen que la regulación no difiera de una administración a otra. Es decir, el comportamiento de las direcciones de servicios de los departamentos de la Administración de la Generalitat, tendría que ser similar a aquellos que son propios de las gerencias municipales, universidades o de la empresa pública.

● Reconversión de los cargos públicos: el Estatuto insta a los agentes políticos a definir el espacio intermedio de la acción pública que se sitúa entre la política y la administración. Se trata de identificar claramente una parte de la estructura orgánica preexistente en cualquier organización pública, para encomendarle la función de traducir el mandato político en actividades operativas. Para ello, plantea crear una regulación que no implique la irrupción de nuevos puestos de trabajo de personal funcionario o laboral. Sino la reconversión de esas plazas ya existentes, como altos cargos, directivos, gerentes o mandos reservados a funcionarios, en lugares que deben formar parte de la dirección pública profesional.

Sobre el Estatuto de la Dirección Pública Profesional de Cataluña

Esta propuesta es el resultado de un texto elaborado por el grupo de trabajo sobre dirección pública de la Associació Catalana de Gestió Pública (ACGP) y del Foro de Entidades para la Reforma de la Administración, cuyos miembros son: la Cámara de Comercio de Barcelona, la CECOT, el Colegio de Economistas de Cataluña, la Comisión de los Ingenieros Industriales en las Administraciones Públicas del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cataluña, el Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña, la Asociación de Técnicos de Administración de la Generalitat de Cataluña, el Club Dirección Pública ESADE Alumni y el Centro Sector Público-sector Privado del IESE.

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