Plantean que los directivos de empresas públicas respondan con su propio patrimonio si las gestionan mal


Los consejeros o administradores de las empresas públicas podrían responder con su patrimonio personal si no toman las medidas necesarias para evitar que estas sociedades lleguen a una situación de insolvencia, según señala un informe jurídico elaborado por la firma internacional de auditoría y asesoramiento legal Russell Bedford. En el documento, Russell explica que estas sociedades, a pesar de su condición pública, siguen las normas del derecho privado, lo que significa que sus gestores están sujetos al mismo régimen de responsabilidad civil que los administradores de empresas privadas. Por esta razón, si su gestión no es la adecuada, la justicia, además de exigirles el pago de las deudas con sus propios bienes, podría inhabilitarles para gestionar patrimonios de otras personas o empresas.

 
19 enero / Casacochecurro.com Para Russell Bedford nos encontramos ante «una situación inédita» ya que, antes de que la crisis se extendiera al sector público, las administraciones autonómicas siempre asumían las posibles pérdidas o deudas de sus empresas. Sin embargo, debido a su alto endeudamiento -más de 130.000 millones de euros-, las comunidades son ahora incapaces de rescatar a sus propias sociedades, dejándolas «desamparadas y abocadas al cierre».

Con el ánimo de depurar responsabilidades ante el «despilfarro» de dinero público, Russell Bedford recomienda a las administraciones públicas que analicen hasta qué punto la gestión de los directivos y consejeros, como máximos representantes de estas sociedades mercantiles, está vinculada con su situación de insolvencia y las consecuencias derivadas de ello.

En la actualidad, las comunidades cuentan con cerca de 1.300 empresas públicas que disminuirán hasta el entorno de las 900 a finales de 2012 en el caso de que se complete la reestructuración acordada por el Gobierno y las autonomías en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto significa que en menos de un año desaparecerá el 30% de estos entes.

Abocadas al concurso de acreedores

Por otro lado, Russell Bedford explica que la depuración de organismos públicos no implica «echar el cierre» como si se tratara de extinguirlas de forma inmediata, sino que muchas se verán abocadas a un largo proceso de liquidación de sus deudas generadas en muchos casos por las propias comunidades autónomas.

De esta forma, la firma de asesoramiento legal prevé que esta reordenación de las empresas públicas sea especialmente virulenta si tenemos en cuenta que, como sociedades mercantiles que son, deberán someterse a concurso de acreedores para hacer frente a unas deudas astronómicas que los directivos de estas sociedades no fueron capaces de contener.

Según explica Raúl Herrera, responsable de derecho procesal y administración de Justicia de la firma, «los techos de gasto exigidos a las comunidades autónomas han tenido un efecto no deseado, ya que, para eludirlos, las comunidades aumentaron en 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha incrementado de forma exponencial su endeudamiento total, entrando en una situación de insolvencia y quiebra financiera».

Precisamente para evitar que las autonomías se salten el control del déficit a través del desvío de deuda a sus empresas públicas, el Gobierno plantea dictar leyes de carácter básico que prohíban el recurso a este tipo de prácticas que, pese a ser legales, inducen a engaño puesto que no reflejan el estado real de las cuentas de las administraciones.

De hecho, el Ejecutivo planea impulsar un cambio en la Ley de Transparencia de Gobierno para perseguir penalmente a aquellos políticos o gestores de comunidades autónomas que autoricen gastos superiores a los ingresos aprobados en los presupuestos.

Para analizar los balances de las empresas públicas adoptando medidas que protejan a las comunidades y a sus acreedores de estas insolvencias, Russell Bedford considera necesario incorporar mecanismos de control independientes del color político que gobierna en cada autonomía, para lo cual sería preciso el asesoramiento profesional externo tanto a nivel legal como económico.

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Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
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