Una trabajadora social consigue que un tribunal le reconozca un complemento de peligrosidad
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Canarias ha decidido a favor de una trabajadora social interina del Ayuntamiento de Arona y la reconoce el derecho a percibir un complemento de peligrosidad —estipulado en 1.960 euros— por el riesgo de enfrentar situaciones violentas en el ejercicio de su labor. Esta decisión, que corresponde al periodo de febrero de 2021 a agosto de 2022, contrasta con la sentencia anterior del Juzgado Social 1 de Santa Cruz de Tenerife, que había dictado un pago de 3.920 euros por el mismo concepto, que ahora ha sido reducido. No obstante, la decisión, por el momento, no es firme, lo que significa que puede ser objeto de recurso ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
La trabajadora, que presta sus servicios en un centro cívico y hace visitas a personas desarraigadas, con discapacidad psíquica, así como a aquellos con problemas de alcoholismo y drogodependencia, opera en un entorno que carece de sistemas de seguridad adecuados. Como se detalla en el informe judicial, “el local no cuenta con ningún sistema de seguridad ni botón de pánico”, lo que ha obligado a la trabajadora en múltiples ocasiones a solicitar apoyo de la policía local debido a conductas violentas de los usuarios.
Condiciones laborales y derecho a recibir el complemento
La sentencia del TSJ subraya que el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Arona establece claramente los complementos de peligrosidad y penosidad, determinando que estos dependen de las condiciones del puesto de trabajo. Según la Sala, “estas condiciones están objetivamente y de forma indisoluble unidas al puesto de trabajo”.
En este contexto, los magistrados han concluido que “las labores que como trabajadora social municipal lleva a cabo la actora cumplen sobradamente los requisitos exigidos para percibir el plus de peligrosidad”. La decisión se basa en el resultado de la evaluación del puesto y el informe de prevención de riesgos laborales, que establecen un “riesgo manifiesto de ser objeto de agresiones verbales y físicas” tanto en las instalaciones municipales como durante las visitas externas.
Falta de justificación para el complemento de penosidad
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, el TSJ ha desestimado la solicitud del plus de penosidad, argumentando que no se han demostrado circunstancias que requieran de un esfuerzo físico constante o que impliquen situaciones excepcionalmente difíciles o desagradables, como “ruidos o suciedad”, que usualmente se asocian a un entorno laboral penoso.
