Cataluña asume 6 meses de impagos para evitar desahucios y en casos de vulnerabilidad pagará hasta 7 años de alquiler

La Agencia de la Vivienda de Cataluña asume de forma temporal el pago del alquiler de personas en situación de vulnerabilidad con fecha de desahucio por un periodo de entre 5 y 7 años. A través de esta medida la Generalitat no sólo se hace cargo de las próximas mensualidades, sino que también va a abonar al propietario de la vivienda el pago de hasta seis cuotas del alquiler atrasadas, siempre que el desahucio sea por impago.

A quién se dirige

La Generalitat se va a hacer cargo del pago del alquiler de forma temporal de aquellas personas que tengan fijadas una fecha de desahucio, que tengan un informe favorable de la Mesa de Emergencia y que no hayan podido acceder a una vivienda de alquiler social.

La administración va a ayudar primero a las personas a las que ya les hayan comunicado el día que deben dejar sus casas. El objetivo es que no se llegue a materializar el desahucio y, por ello, el orden de actuación a seguir es el orden de las fechas de los desahucios.

Cómo se frena el desahucio

El departamento de Vivienda e inclusión social se pondrá en contacto con los propietarios de las viviendas para solicitarles un plazo de entre dos y tres meses de prórroga en los que la entidad asumirá el pago del alquiler. Si el propietario acepta, en este tiempo la administración evaluará la situación de cada familia afectada.

Si tras esta primera evaluación la administración entiende que las personas cumplen con los requisitos para estar incluidas en la Mesa de emergencia y, por tanto, se encuentran en situación de gran vulnerabilidad, procederá a negociar con el dueño de la vivienda. En primer lugar le ofrecerá el pago de hasta un máximo de seis mensualidades de la deuda que tuviera pendiente con los inquilinos, siempre que el desahucio se produzca por impago del alquiler.

Además, como el objetivo de esta medida es evitar la ejecución del desahucio y que las familias no tengan que irse de la casa, la Agencia de la Vivienda propondrá a los propietarios la firma de un contrato de alquiler con una duración de entre 5 y 7 años, dependiendo de si son personas físicas o jurídicas. En este nuevo contrato la entidad actúa como arrendatario y es la que asume el pago del alquiler. La duración del contrato se mantendrá siempre y cuando los inquilinos mantengan la condición de vulnerabilidad que les ha llevado a esta situación.

Por otra parte, la entidad de la vivienda firmará otro contrato con los inquilinos en el que quedará reflejado que sólo deberán pagar una pequeña parte del alquiler, como si fuera una vivienda social. Tal y como detalla la Ley 24/2015, el inquilino debe aportar el 10, 12 o 18 % de sus ingresos ponderados a pagar el alquiler. El resto, lo aportará la entidad de vivienda durante todo el periodo de vigencia del contrato. Medidas que pueden ser de ayuda a familias que les resulte complicado pagar la renta, puesto que los alquileres de Cataluña son los más difíciles de pagar.

En caso de que el propietario muestre su negativa a permitir que la familia siga viviendo en la casa, se proponen alternativas en colaboración con ayuntamientos para alojar a estas personas en situación de vulnerabilidad en otras viviendas.

Las primeras familias que van a beneficiarse de esta nueva medida son las que tienen una fecha fijada para el desahucio entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre. Por el contrario, esta actuación de la Agencia de la Vivienda no afecta a los grandes tenedores, que tienen la obligación de ofrecer un alquiler social antes de iniciar ningún proceso de desahucio.

Programa Reallotgem

Esta medida es una ampliación del programa Reallotgem, presentado en 2020, y cuyo primer objetivo consistía en captar viviendas vacías para destinarlas a las familias incluidas en las mesas de emergencia (en situación de vulnerabilidad). Con esta nueva propuesta el programa se centrará en evitar la ejecución de los desahucios de personas que ya han sido avisadas del día en el que tienen que abandonar su vivienda. La presentación de esta ampliación coincide con la fecha de finalización de la moratoria que aprobó el Gobierno durante la pandemia y que prohíbe el desahucio de las personas más vulnerables (9 de agosto).

El objetivo de esta medida es apaciguar la angustia de personas que se ven envueltas en estos procesos a través de los que se quedan sin un techo para vivir y actuar a modo de prevención, para evitar que se produzca el desahucio en lugar de actuar cuando se hayan producido.

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