Cómo solicitar el Bono Social si estás en paro y pagar un 23% menos en la factura de la luz


Cómo solicitar el Bono Social si estás en paro y pagar un 23% menos en la factura de la luz

Si te encuentras en el paro y vives solo, o todos los miembros de tu familia estáis en paro, las compañías eléctricas deben permitirte que te acojas a un descuento en la luz que pagas y que puedas solicitar el Bono Social. Colectivos como pensionistas, jubilados mayores de 60 años con pensión mínima, familias numerosas y cliente con menos de 3 kW también son beneficiarios de esta rebaja que permite abaratar la factura de la luz. Es sin lugar a dudas la opción más barata de contratación de la electricidad si se cumplen los requisitos para ser beneficiario. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda tras conocerse los datos de la EPA, por los que 1.833.700 hogares tienen a todos sus miembros en paro, que soliciten el Bono Social eléctrico, y recortar así su factura eléctrica en un 23% mientras perdure esta situación.

Cómo solicitar el Bono Social

Aunque no va a solucionar su problema, un granito de arena que puede ayudar a superar la falta de ingresos es solicitar el Bono social en su suministro eléctrico. El Bono social supone aplicar a los clientes las tarifas vigentes en 2009, lo que se traduce en un ahorro del 23% en la factura eléctrica. La OCU calcula que para una familia media el ahorro anual al acogerse al Bono Social puede suponer 180 euros de ahorro al año.

Para solicitar el Bono social es necesario tener contratada la tarifa TUR con alguna de las Comercializadoras de Último Recurso.

Si no es así y tienes contrato con una comercializadora en el mercado libre, comprueba que no tienes una penalización importante por rescindir el contrato, y contrata la TUR con alguna de las comercializadoras que la ofrecen. La nueva compañía indicará la documentación a entregar para justificar su situación.

No debes olvidar sin embargo que cuando se pierda la condición de beneficiarios (por ejemplo, si alguno de los miembros comienza a trabajar) habrá que comunicar la nueva situación.

El Bono Social de la tarifa de la luz, para contratos inferiores a 3 kW, pensionistas y desempleados

A partir del 1 de julio, tendrán derecho al Bono Social los titulares de contratos de luz menores a 3 kW de potencia, los pensionistas que perciban las cuantías mínimas; las familias numerosas, y aquellas otras familias que tengan todos sus miembros en paro. En todos los casos, los beneficiarios del Bono Social deberán estar acogidos a la Tarifa de Último Recurso y el suministro ha de estar referido al de sus viviendas habituales. El resto de consumidores que acrediten cumplir las condiciones exigidas para disfrutar del Bono Social, se beneficiarán de este a partir del primer día del mes siguiente a la recepción completa de la documentación acreditativa.

A partir del próximo 1 de julio, fecha de la total liberalización del mercado eléctrico español, y como consecuencia del nuevo sistema de facturación diseñado por el Gobierno, en torno a 5 millones de hogares tendrán derecho a acogerse al llamado Bono Social, lo que en la práctica les supondrá que su tarifa de la luz se congelará.

Creado por el Gobierno como un mecanismo de protección para los ciudadanos con menos posibilidades económicas, la figura del Bono Social que ahora se desarrolla fue establecida en el Real Decreto Ley 6/2009 para determinados consumidores de electricidad acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

La Resolución del Secretario de Estado de Energía, cuyo borrador ha enviado hoy Industria a la Comisión Nacional de Energía (CNE) para que esta organismo emita su preceptivo informe, especifica que serán beneficiarios del Bono Social de forma automática los consumidores con potencias contratadas en sus viviendas habituales inferiores a los 3kw, y añade que también podrán serlo, tras acreditar las condiciones requeridas, los pensionistas de más de 60 años que perciban las cuantías mínimas, las familias numerosas y las familias que acrediten que todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo.

En todos los casos, los beneficiarios del Bono Social deberán estar acogidos a la Tarifa de Último Recurso y el suministro ha de estar referido al de sus viviendas habituales.

Requisitos
Consumidores con potencia contratada inferior a 3kW.- Serán beneficiarios de forma automática los consumidores que, siendo personas físicas y estando acogidos a la tarifa de último recurso, tengan en su vivienda habitual una potencia contratada inferior a los 3.kW. Estos consumidores no tendrán que solicitar tramite alguno para poder disfrutar del Bono Social.

Pensionistas.- Tendrán también derecho al Bono Social los consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del sistema de Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.

Familias numerosas.- Podrán ser igualmente beneficiarios del Bono Social las familias numerosas que así lo acrediten mediante el carnet correspondiente, según lo establecido en la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas.

Desempleados.- Las unidades familiares que tengan todos sus miembros en situación de desempleo tendrán igualmente derecho a acogerse al Bono Social. A estos efectos, se considerarán como parados los demandantes de empleo que se encuentren registrados en los términos previstos en el apartado 1 del artículo único de la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de 11 de marzo de 1985.

Para tener derecho al Bono Social, las personas de los colectivos señalados anteriormente, a excepción de aquellos consumidores con potencias contratadas inferiores a 3 kW, deberán presentar sus solicitudes bien personalmente o mediante el envío de un fax, de un mensaje de correo electrónico, o por correo postal, a las compañías comercializadoras, en las que, junto a unos modelos de solicitud que se les facilitarán, deberán acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de las condiciones exigidas.

Para los consumidores que han de presentar sus solicitudes, el Bono Social será de aplicación a partir del primer día del mes siguiente a la recepción completa de la documentación acreditativa durante un periodo de dos años, salvo pérdida de alguna de las condiciones que dan derecho a la percepción de sus beneficios.

Fácil y completa información a los consumidores
Con la finalidad de informar a los consumidores, Industria obliga a las empresas suministradoras a remitir a sus clientes en las facturas de junio y julio, información sobre la existencia del Bono Social y sobre el procedimiento para su solicitud.

Adicionalmente, la Seguridad Social enviará una carta a todos los pensionistas potencialmente beneficiarios de este bono social.

Para hacer más fluido el proceso de evacuación de consultas y de recepción de solicitudes de otorgamiento del Bono Social, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicará en su página de Internet una lista de los Comercializadores de Último Recurso (CUR), es decir, de las empresas que a partir del 1 de julio se ocuparán directamente del suministro de electricidad a los consumidores con derecho potencial de acogerse al Bono Social. Entre estos datos, deberán figurar un número de fax, una dirección de correo electrónico y una dirección de correo postal.

Dudas respecto al «bono social» en la tarifa de la luz

La nueva tarifa eléctrica reducida o bono social beneficiará a cinco millones de hogares que congelará hasta 2012 las tarifas eléctricas de los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. La suma de ciudadanos directamente beneficiados por esta medida asciende a 14,5 millones. Sin embargo, las asociaciones de consumidores no han tardado en mostrar su satisfacción al respecto, pero también las dudas que surgen en la congelación de la tarifa de la luz para determinados sectores sociales y las medidas en relación con el déficit tarifario.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con un conjunto de medidas destinadas a resolver el problema producido por la deuda acumulada durante los últimos nueve años por el denominado déficit de la tarifa eléctrica. La nueva normativa garantiza la sostenibilidad futura del sistema eléctrico y articula un mecanismo de protección para los consumidores más vulnerables.

Requisitos Bono Social

La bonificación en la factura eléctrica será para los consumidores domésticos que cumplan con determinadas características sociales, de consumo y poder adquisitivo, que será financiada por las empresas titulares de instalaciones de generación.

El «bono» cubrirá la diferencia entre el valor de la tarifa de último recurso (TUR) y una tarifa de referencia que se denominará tarifa reducida y se aplicará de forma automática a quienes tengan una potencia contratada inferior a 3 KW en su primera residencia, unos cuatro millones de hogares.

Adicionalmente, podrá solicitar la tarifa reducida cualquier consumidor acogido a la TUR perceptor de una pensión mínima, hogares con todos sus miembros en paro y familias numerosas, lo que extiende el derecho a disfrutar del «bono social» a un millón más de consumidores.

Dudas de la CECU
CECU da la bienvenida a cualquier medida que suponga ayudas para sectores desfavorecidos, en especial en un gasto tan básico para cualquier hogar como el de la factura de la luz. Sin embargo, a la vista de los múltiples incrementos de tarifa en los últimos años, muy por encima del IPC, la opción de solamente congelar las tarifas, tal vez se quede corta. Por otra parte, si bien es importante que se acoja a los hogares con la potencia contratada más baja (a los que se supone un menor nivel de ingresos), tal vez se debería pensar en que la mayoría de hogares necesitan algo más de potencia para cubrir sus necesidades básicas, «por lo que hubiera sido interesante ampliar a más usuarios estas medidas», asegura la CECU.

También surgen dudas para CECU en lo relativo a la aplicación del bono a familias numerosas o para aquellas con todos sus miembros en paro. En el primer caso, porque parece que no se tiene en cuenta ni la potencia contratada ni el nivel de ingresos, por lo que podrían acogerse familias numerosas de cualquier nivel de rentas; en el segundo, porque es necesario aclarar qué ocurriría si uno de los miembros consigue un trabajo temporal que puede que le lleve en pocos meses nuevamente al paro. CECU pide que se aclaren estos términos en relación con el bono social, previamente a su aplicación.

En lo relativo a la resolución del déficit tarifario, como siempre, CECU reclama la máxima transparencia e información y pide más implicación del Gobierno para analizar y clarificar los beneficios que se crean en la fase de generación de la energía y para que se analice la necesidad de revisar y rebajar los impuestos que se aplican a la electricidad y que alcanzan actualmente el 22%.

Financiación de la deuda acumulada por el déficit de tarifa
El denominado déficit tarifario se produce cuando lo que pagamos a través de la factura es insuficiente para cubrir los costes de producción de la electricidad. Cuando se incurre en déficit, el sistema eléctrico asume esta deuda que, una vez reconocida a las compañías eléctricas, se paga a lo largo de los años siguientes mediante la tarifa de la luz.

La actual deuda del sistema eléctrico (16.000 millones de euros, de los que a día de hoy todavía quedan por pagar 14.000 millones), amenaza su continuidad. El actual contexto de restricción del crédito dificulta su financiación e incrementa los riesgos a los que se ve sometido el sistema eléctrico, por lo que resulta imprescindible definir un mecanismo de financiación robusto que asegure que el sistema eléctrico hará frente a todos los pagos con la garantía del Estado.

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