Alquiler Seguro presentará alegaciones ante la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo
Alquiler Seguro ha confirmado que ha recibido una propuesta de sanción del Ministerio de Consumo y que procederá a presentar alegaciones para defender la legalidad de sus servicios. Paso que consideran imprescindible ante las acusaciones de supuestas irregularidades en la gestión de alquileres.
La compañía asegura que cumple con la normativa vigente y rechaza firmemente las alegaciones de prácticas abusivas. Según Alquiler Seguro, todos sus servicios dirigidos a propietarios e inquilinos son transparente, públicos y voluntarios. Esto incluye los gastos de gestión y la formalización del contrato, que solo recaen en el arrendador y están detallados en el contrato de prestación de servicios.
Un aspecto que la empresa considera relevante es que el importe propuesto por el Ministerio de Consumo para la sanción es, a su juicio, abusivo y desproporcionado. Alquiler Seguro argumenta que la imposición de cualquier tipo de multa es injustificada y planean defender la legalidad de sus actuaciones durante la fase de alegaciones.
Respaldo judicial a la empresa
Alquiler Seguro ostenta ya tres sentencias a su favor que confirman la legalidad de sus servicios, destacando que la voluntariedad del Servicio de Atención al Inquilino (SAI) ha sido avalada por tres tribunales distintos—un aspecto que subraya la utilidad de las prestaciones que la empresa ofrece a sus clientes.
Desde la compañía informan que estas resoluciones judiciales validan que el contrato de servicio de atención al inquilino se ofrece “sin ningún tipo de imposición”, permitiendo que el arrendatario pueda alquilar una vivienda “sin intermediación” de la empresa.
Detalles de la reciente sentencia
Ayer mismo, el 27 de octubre, el Juzgado de 1ª Instancia nº 104 de Madrid desestimó una demanda que se dirigía contra Alquiler Seguro por el cobro de este servicio. En la sentencia, se argumentó que el servicio no es abusivo ni implica una obligación, y que ofrece un conjunto de prestaciones que benefician a los inquilinos durante la duración del contrato de alquiler.
Los magistrados establecieron que la relación contractual fue válida y que la parte demandante había contratado el servicio de forma voluntaria. “Las incidencias comunicadas por los arrendatarios fueron superiores a la media del resto de contratos de arrendamiento gestionados por la demanda, sin que pidieran la cancelación del contrato”, se indica en el documento judicial.
La sentencia concluye que “la pretensión de devolución del precio abonado carece de fundamento objetivo”, aludiendo a la naturaleza contractual que existió entre las partes y desestimando, por tanto, la demanda.
Con este respaldo judicial, Alquiler Seguro se enfrenta a la propuesta de sanción con la confianza de contar, además, con la defensa sólida que ofrecen estos antecedentes legales.
Otras dos sentencias han reafirmado este enfoque, utilizando argumentos muy similares que subrayan nuevamente la situación de legalidad y transparencia de los servicios ofrecidos por la empresa. La coincidencia de estas resoluciones con la propuesta de sanción del Ministerio de Consumo pone de manifiesto un tenso contexto que Alquiler Seguro planea abordar con determinación.
