La nueva Ley Antifraude prohíbe los pagos empresariales en metálico superiores a 2.500 euros


la-nueva-ley-antifraude-prohibe-los-pagos-empresariales-en-metalico-superiores-a-2500-euros.html

Nuevas medidas de la ley de fraude fiscal.El Boletín oficial del Estado ha publicado hoy la ley antifraude más ambiciosa de la Democracia. ¿Motivos? Entre otras medidas, se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. Hacienda perdonará la sanción al contribuyente que denuncie los hechos. Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. También se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares y a los que obtengan más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales. Por otro lado, Hacienda potencia el cobro del IVA en operaciones de entrega de inmuebles, importaciones y declaraciones en concurso. Se facilitan los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias. Y se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección, que oscilarán entre 1.000 y 600.000 euros.

Pagos limitados a 2.500 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, una vez que ha concluido el trámite parlamentario.

La conocida como “ley antifraude” entrará en vigor, mañana, con carácter general, excepto su artículo siete (referido a pagos en efectivo) que lo hará dentro de 20 días. La norma refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, junto al proyecto de ley contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal, en trámite parlamentario, supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

En la norma que ahora entra en vigor se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación. Una de las medidas más ambiciosas consiste en la limitación de uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

Multas del 25%

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25 por 100 del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Valores en el extranjero

Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de cinco mil euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de diez mil euros. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

Régimen de módulos

El texto recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. De esta forma, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año. Entre estas actividades se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera. En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros, tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.

También quedarán excluidos aquellos que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros.

Mayor capacidad recaudatoria

El proyecto de ley incluye también una serie de medidas encaminadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio.

Con ello, el texto elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público. Asimismo se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos, con un ánimo defraudatorio. Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales.

Fraude en el IVA

En su ánimo de reforzar la capacidad recaudatoria, la norma tiene por vocación también reducir al mínimo el fraude en el IVA a través de varias medidas. En primer lugar, la exclusión en el régimen de módulos afectará también a este impuesto además del IRPF.

Por otro lado, se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido. Se evita con ello el doble perjuicio para la Hacienda por la falta de ingreso del impuesto por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA soportado.

En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA con anterioridad a dicha declaración no podrá ejercitarse en liquidaciones posteriores. Las modificaciones del IVA se trasladarán también al impuesto general indirecto canario (IGIC), para dar un trato homogéneo a ambas figuras.

Embargo de bienes

La norma modifica el régimen de embargo de bienes y derechos en entidades de crédito para que éste se pueda extender más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo. Asimismo, se prohíbe la disposición de inmuebles de sociedades en donde han sido embargadas acciones equivalentes a más de la mitad del capital social.

Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento cuando así se estime oportuno. Se permitirá a la Agencia Tributaria adoptar medidas cautelares en los procesos penales. Por otro lado, para garantizar el cobro de deudas, la norma modifica también al alza el importe de la garantía que es necesario depositar para que se suspenda la ejecución de un acto impugnado, a fin de que éste cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles.

La ley endurece, por otro lado, las sanciones por resistencia, obstrucción excusas o negativa a las actuaciones inspectoras. Las sanciones oscilarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

Plan de regularización

La nueva ley es un complemento perfecto al plan extraordinario de regularización de rentas ocultas aprobado el 30 de marzo. Con él se pretende la afloración de ingresos procedentes de la economía sumergida y su incorporación a la economía regular. El plazo para acogerse a la regularización finaliza el 30 de noviembre.

Aprobado el nuevo plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida

El Gobierno ha aprobado un plan limita contra el fraude fiscal y la economía sumergida que limita el pago en efectivo de servicios profesionales a 2.500 euros, obliga a los ciudadanos a declarar los bienes que tengan en el extranjero y facilita los embargos preventivos para garantizar el cobro de deudas tributarias. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha señalado que el objetivo objetivo es que «haya igualdad y equidad de todos los ciudadanos a la hora de pagar sus impuestos y que no haya ciudadanos que eludan el pago de sus obligaciones fiscales». Por su parte, los técnicos de Hacienda de GESTHA consideran que «se queda corto».
El plan, que fue presentado por el Ejecutivo el pasado 13 de abril, ataca los nichos de fraude fiscal y refuerza la seguridad jurídica y la capacidad de la Agencia Tributaria para evitar que «una vez detectado el fraude fiscal, el defraudador se vaya de rositas porque oculte sus bienes y no se le puedan embargar», según ha señalado la vicepresidenta. El texto aprobado hoy incorpora algunas de las recomendaciones realizadas por los expertos. Sáenz de Santamaría ha destacado que «tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España han avalado este plan».

Principales medidas
No podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional, cifra que se eleva a 15.000 euros cuando se trate de no residentes. La vicepresidenta ha explicado que si las operaciones se efectúan entre dos particulares entre sí podrá superarse ese límite.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago en efectivo. Además, tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, si bien la parte que denuncie los hechos podrá eludir la sanción con Hacienda.

Todos los contribuyentes deberán informar a la Agencia Tributaria sobre las cuentas, valores e inmuebles que se tengan en el extranjero. Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que las ganancias patrimoniales no declaradas no prescribirán nunca y se imputarán al ejercicio económico del año en que se descubran. Además, en este caso, la vicepresidenta ha aclarado que los contribuyentes se enfrentarán una multa como mínimo de 10.000 euros que «se incrementará en 5.000 por cada dato no comunicado».

Exclusión del régimen de módulos de los empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y a los que obtengan rendimientos por importe superior a 225.000 euros procedentes de otros empresarios o profesionales.

Más capacidad recaudatoria

La vicepresidenta del Gobierno ha resaltado que, para evitar que los contribuyentes escapen a sus obligaciones fiscales, si la Agencia Tributaria cree que un comportamiento puede ser constitutivo de delito podrá adoptar medidas cautelares para impedir «que el supuesto delincuente fiscal se desapodere de sus bienes» y, si es condenado, no tenga dinero con el que pagar.

Por otra parte, las sanciones para los ciudadanos que no colaboren u obstruyan las actuaciones de la inspección tributaria estarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 100.000 euros si no desarrollan actividades económicas, y de entre 3.000 y 600.000 euros si las desarrollan.

Para evitar fraudes en la declaración del IVA en las operaciones inmobiliarias, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que se ha ingresado el IVA repercutido.

Soraya Sáenz de Santamaría ha subrayado que en «España se tiene que acabar el ‘con IVA’ y el ‘sin IVA'». «El ‘sin IVA’ nos perjudica a todos, a los que pagan, a los que cumplen sus obligaciones tributarias, a la Administración Tributaria. Y Hacienda no es que seamos todos, es que son nuestros servicios públicos, es nuestra educación y nuestra sanidad. Y el que va por la vida de ‘sin IVA’ está defraudando a la sociedad en su conjunto».

Los Técnicos de Hacienda denuncian el nuevo plan contra la economía sumergida y su falta de medidas contra el fraude tributario

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que el Real Decreto Ley para el afloramiento y control del empleo sumergido aprobado hoy por el Consejo de Ministros está ‘desenfocado’ porque centra la lucha contra la economía sumergida única y exclusivamente en el fraude laboral, olvidando el fraude fiscal que conlleva y que tiene mayor importancia respecto al PIB nacional.

En este sentido, los Técnicos de Hacienda recuerdan que el empleo sumergido viene favorecido por la existencia de dinero negro,y resaltan que la economía sumergida en España mueve anualmente 245.000 millones de euros -el 23,3% del PIB-, de los cuales 161.000 millones son la vertiente fiscal sumergida (las dos terceras partes del total sumergido), mientras que el empleo irregular ocupa los 82.000 millones restantes.

Para Gestha resulta «una obviedad» que con las modestas prestaciones por desempleo (853 euros mensuales de media) y más de 1,2 millones de parados que no reciben ninguna prestación contributiva ni asistencial, una gran parte de los 4.910.000 desempleados no podrían pagar la hipoteca o los recibos de alquiler de sus viviendas, ni llegar a fin de mes si no trabajaran en la economía sumergida.

Por esto, los Técnicos de Hacienda consideran un «avance» que el Gobierno reconozca abiertamente la existencia de economía sumergida y, de forma implícita, que las acciones adoptadas hasta la fecha no han sido suficientes para erradicar las bolsas de fraude y que es necesario potenciar los mecanismos de control en este ámbito.

Por otro lado, Gestha valora positivamente que el Ministerio de Trabajo haya dado un primer paso para reforzar la Inspección de Trabajo con la creación de una nueva escala de subinspectores especializados en Seguridad y Salud, y confía en que el Ministerio de Economía haga lo mismo con los cuerpos de Auditoría, Contabilidad, Inspección y Aduanas, con el reconocimiento de mayores responsabilidades en el control del gasto público y en la prevención del fraude fiscal, la economía sumergida y el blanqueo de capitales.

Múltiples lagunas
En opinión de este colectivo, el plan aprobado hoy no sólo olvida la parte más importante de la economía sumergida, sino que además presenta «algunas lagunas» del empleo irregular como el que corresponde a autónomos y gerentes de empresas individuales o familiares, especialmente en sectores que acumulan grandes bolsas de fraude laboral como la agricultura, la construcción y oficios auxiliares, el transporte o la hostelería y los servicios turísticos.

Por otra parte, los Técnicos de Hacienda consideran que los incentivos planteados son «insuficientes» para aflorar el empleo sumergido, mientras no mejore el clima económico, marcado por la falta de acceso al crédito, la alta morosidad o la propia caída de la actividad económica, ya que las empresas afectadas «difícilmente podrán comprometerse a abonar las cuotas sociales aplazadas».

En este sentido, Gestha recuerda que las compañías tendrán que ponerse al día de los pagos no realizados, afrontar recargos adicionales, y también ingresar las retenciones no practicadas a los trabajadores. Además, estos últimos no podrán beneficiarse de todos los derechos que les corresponderían, sino que su historial laboral quedará reducido «injustamente».

Otro aspecto que dificultará a las empresas poder regularizar a sus empleados es la necesidad de justificar a Hacienda el origen del dinero negro con el que se pagaron los salarios irregulares, destruyendo la presunción de veracidad de la contabilidad y facilitando que la investigación tributaria atribuya ese dinero negro a ventas ocultadas al Fisco, exigiendo el IVA y el Impuesto de Sociedades evadido, los intereses de demora y las sanciones tributarias.

La limitación de pagos en efectivo de más de 2.500 euros afecta a la compra venta de coches usados

Desde hoy, 19 de noviembre, entra en vigor la limitación a 2.500 euros del pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales, obligando a utilizar medios de pago diferentes al metálico, como por ejemplo, transferencia, ingreso en cuenta o cheque bancario. La disposición está incluida en la nueva ley antifraude que fue publicada el 30 de octubre en el Boletín Oficial del Estado. La ley fija expresamente que tal limitación de uso de efectivo entraría en vigor 20 días después de la publicación de la norma en el BOE. 

Para el desarrollo de esta medida se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga al menos un empresario o profesional. Es decir, afectará también a las operaciones realizadas entre un particular y un empresario. Sin embargo, no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito. La limitación de uso de efectivo se eleva a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular no residente, con el fin de no dañar actividades ligadas al sector turístico. En el sector de la automoción, la limitación a 2.500 euros de pago en efectivo podría afectar a más de 600.000 operaciones de compra venta de coches usados, aproximadamente la mitad del total.

Los intervinientes en las operaciones deberán conservar los justificantes del pago, durante cinco años desde la fecha del mismo, para acreditar que se efectuó a través de alguno de los medios de pago distintos al efectivo. Estarán obligados a aportar estos justificantes a requerimiento de la Agencia Tributaria.

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración tributaria podrá dirigirse contra cualquiera de ellos para el cobro del 100% de la sanción.

Sin multa si se denuncia

El contribuyente que haya intervenido en alguna de estas operaciones será exonerado de la sanción si voluntariamente comunica los hechos a la administración siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el pago en efectivo. La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web un procedimiento telemático para tramitar denuncias, referidas exclusivamente a pagos en efectivo superiores a los 2.500 euros.

Asimismo, la ley contempla expresamente una regla contra el fraccionamiento de operaciones, a efectos del cálculo del límite de 2.500 euros legalmente establecido. Adicionalmente la norma introduce obligaciones de información para cualquier autoridad o funcionario que, en el ejercicio de sus funciones, tenga conocimiento de algún incumplimiento de la limitación legal.

Billetes de 200 y 500 euros

El uso de efectivo en grandes cantidades está relacionado directamente con operaciones realizadas para eludir impuestos. La limitación de pagos en efectivo viene a reforzar el control que mantiene la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. En esta línea se incluye el plan especial sobre el uso de billetes de alta denominación (200 y 500 euros), iniciado hace cuatro años y que se mantiene abierto por parte de la Administración.

El 52% de las compras de coches de ocasión se realiza al contado

La prohibición de realizar pagos en efectivo a partir de 2.500 euros en aquellas operaciones en las que intervenga un profesional podría afectar al 36% de las ventas de usados, lo que supone en volumen más de 600.000 operaciones anuales, según las estimaciones de la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor (GANVAM).

Según el Libro Blanco del Vehículo de Ocasión de Ganvam, la crisis y la falta de financiación han aumentado los pagos al contado en estos últimos años, hasta el punto de que el 52% de las operaciones de compra de particular a profesional se realizan ya al contado y nueve de cada diez superan los 2.500 euros de media.

La asociación explica que en la actualidad el 40% de las compras de vehículos de segunda mano se realizan a un profesional, mientras que el 60% restante está en manos de particulares. Así, concesionarios y compraventas son responsables del 36% de estas transacciones, mientras que las empresas de rent a car tienen una presencia en el mercado del 4%.

El Gobierno de Rajoy luchará contra el fraude fiscal limitando el pago en metálico para controlar los movimientos de dinero a través de las tarjetas

El Gobierno parece ser que quiere ponerse manos a la obra en controlar el fraude fiscal que da lugar a que la economía sumergida en España represente casi el 25% del PIB. Así, el Consejo de Ministros ha analizado esta mañana las directrices generales que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012. Además, ha estudiado diversas medidas que se impulsarán a lo largo del ejercicio con la finalidad de estrechar el cerco contra el fraude fiscal, como limitar el uso de determinadas cantidades de dinero en efectivo en las compras o estudiar los consumos energéticos y los movimientos de las tarjetas de crédito.

Las directrices que próximamente se publicarán y que inspirarán el Plan General de Control Tributario para 2012, se estructuran en tres grandes apartados:

1. Comprobación e investigación del fraude fiscal.

2. Control de fraude en fase recaudatoria.

3. Colaboración con las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas.

En el primer apartado se engloban las actuaciones sobre los sectores o actividades económicas en las que existe una mayor percepción del fraude, actuaciones de fiscalidad internacional, investigación de la economía sumergida y control sobre el comercio exterior y los impuestos especiales.

En el ámbito de la fiscalidad internacional interesa subrayar, por su carácter novedoso, la explotación de la información proporcionada ex novo por países que han dejado de figurar entre los paraísos fiscales por haber firmado los correspondientes convenios. De extraordinaria relevancia para el ejercicio 2012 es la posibilidad de obtener información de países como Andorra, Panamá, Bahamas o Antillas Holandesas, información de la máxima relevancia en la lucha contra el fraude fiscal.

En relación con la economía sumergida, las actuaciones se dirigirán a la obtención de pruebas de la realización de actividades económicas ocultas o parcialmente declaradas en determinados sectores productivos. Se reforzarán los mecanismos de colaboración y coordinación con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social y se intensificarán las actuaciones de carácter presencial. Además, se explotará por primera vez la información obtenida de nuevas declaraciones informativas: consumo de energía eléctrica y terminales de tarjetas de crédito.

En cuanto al control del fraude en fase recaudatoria, se comprueba cómo, a través de diversos mecanismos, en numerosas ocasiones se elude finalmente el pago de la deuda tributaria y aduanera. Por ello, en el presente ejercicio se adelantará la intervención de los órganos de recaudación al momento en que se inicien los procedimientos de gestión tributaria, se impulsará la adopción de medidas cautelares y de derivaciones de responsabilidad. Para detectar la ocultación de bienes o actividades se prevé la colaboración de Vigilancia Aduanera.

Asimismo, se potenciará la utilización de las normas antiabuso disponibles, tales como la responsabilidad por ocultación de bienes y por levantamiento del velo y, para los supuestos más graves, la acusación por delito de insolvencia punible.

En el tercer apartado, se considera imprescindible la colaboración y el intercambio de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatutos de Autonomía para la lucha contra el fraude en los tributos cedidos. Por ello, se va a promover la adopción de acuerdos para el intercambio de aquella información de la que disponen ambas Administraciones por el ejercicio de las competencias que constitucionalmente tienen atribuida y que resulta trascendente en el ámbito tributario y de utilidad para los dos niveles de administración. En 2012 también se avanzará en el establecimiento de cauces permanentes de intercambio de información tributaria entre el Estado y las Haciendas Forales.

Otras medidas
Además, el Gobierno ha analizado diversas medidas que serán objeto de estudio, modificaciones normativas o adaptaciones operativas a lo largo de 2012. Entre ellas se incluyen actuaciones dirigidas a fomentar el cumplimiento voluntario y la prevención del fraude, en cuanto permitirán liberar recursos para dedicarlos a las labores de lucha contra las formas de fraude más complejas o sofisticadas:

Autoregularización voluntaria.

Autocorrección de incidencias censales.

Ampliación del ámbito del borrador del IRPF Potenciación de la Administración electrónica.

Foros empresa – Administración.

Obtención on line de información tributaria personalizada.

Formulación de consultas a la Administración sobre el tratamiento tributario de operaciones de especial complejidad o importancia económica

También en el ámbito de la lucha contra el fraude fiscal, se estudiará la posibilidad de establecer algún tipo de limitación al uso de efectivo en determinadas transacciones económicas, medidas tendentes a limitar el uso abusivo de determinados aspectos de la normativa del Impuesto sobre Sociedades y actuaciones de lucha contra las manifestaciones más graves de fraude fiscal (delitos contra la Hacienda Pública). Asimismo, en el ámbito internacional, considerando prioritarias las actuaciones que contribuyan al cerco y erradicación de los paraísos fiscales, se van a firmar nuevos Acuerdos de Intercambio de Información e incluir cláusulas en este sentido en los Convenios de Doble Imposición, se apoyarán los trabajos que el Foro Global está realizando por encargo del G-20 y España será parte muy activa del Foro para el Intercambio de Buenas Prácticas entre las Administraciones Tributarias.

Finalmente, y con el propósito de consolidar un sistema de reacción frente a los fraudes en la acción de cobro, se estudiará la modificación de la normativa vigente con el fin de introducir mejoras en la exigencia de responsabilidades tributarias, en la adopción de medidas cautelares y en el sistema sancionador.

Los Técnicos de Hacienda consideran el plan de lucha contra el fraude insuficiente y que no tendrá un efecto disuasorio a los defraudadores

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han dicho sobre el nuevo Anteproyecto de Ley Antifraude aprobado hoy en Consejo de Ministros que «incorpora algunos avances positivos para luchar contra la economía sumergida, aunque el conjunto de la norma continúa siendo ‘insuficiente’ al no recoger medidas más contundentes para detectar casos de fraude o disuadir a quienes puedan cometerlo». Este colectivo considera que, en contra de lo anunciado, las medidas aprobadas no conseguirán terminar con la popular frase ‘con IVA o sin IVA’ -símbolo del fraude a pie de calle- y recordó que el núcleo del problema no reside únicamente en el ciudadano de a pie, como se quiere hacer creer, sino que corresponde sobre todo a las grandes empresas y fortunas, responsables del 72% del fraude cometido en nuestro país.

Esta falta de contundencia, unida al «lamentable precedente» que supone la amnistía fiscal que se está llevando actualmente a cabo, suponen para Gestha un grave obstáculo a la hora de concienciar a la ciudadanía de la importancia de la lucha contra el fraude, lo que indirectamente acabará repercutiendo en la recaudación.

Además, el colectivo recordó que la nueva Ley no hace referencia alguna a la escasez de efectivos de la Agencia Tributaria española -con un empleado por cada 1.928 contribuyentes, tres veces menos que la media de la OCDE-, ni a la actual limitación de sus funciones, que impide a los 8.000 Técnicos de Hacienda asumir competencias en la lucha contra el fraude para las que ya se encuentran cualificados.

Limitación de pagos en efectivo
Los Técnicos de Hacienda consideraron que la limitación de los pagos en efectivo supondrá un avance en la lucha contra el fraude, aunque matizaron que el tope de 2.500 euros fijado por la nueva Ley es demasiado elevado, ya que la cuantía debería rondar los mil euros, al igual que ocurre ya en Italia -cuya tasa de economía sumergida es similar a la de España-.

Asimismo, indicaron que la multa del 25% del importe fijada para quienes lo incumplan es «a todas luces insuficiente», ya que continuará siendo más rentable afrontar la sanción que cumplir con las obligaciones fiscales en forma de Impuesto de Sociedades (que grava hasta un 30%) e IVA (de un 4% a un 18%, según el caso).

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, «esta evidente falta de contundencia reducirá sensiblemente la efectividad de la medida contra las tramas de facturas falsas, el fraude carrusel en el IVA y el vaciamiento patrimonial de grandes empresas con destino a cuentas opacas en paraísos fiscales».

El colectivo también restó importancia a la obligación de informar sobre las cuentas abiertas en bancos situados en el extranjero, ya que únicamente permitirá hacer acopio de información de números de cuentas «blancas» que ya están en manos de Hacienda, y sin embargo las cuentas opacas se mantendrán sin declarar.

Para evitar esta situación sería necesario que el Gobierno llegase a acuerdos con las grandes entidades de «banca privada» que operan en paraísos fiscales, lo que les permitiría obtener las listas de titulares. Paralelamente, habría que aumentar la colaboración con las entidades emisoras de tarjetas para detectar a todos aquellos que usan habitualmente este medio de pago a nombre de sociedades, fundaciones o entidades con cargo a cuentas en el extranjero, siguiendo así el rastro de la cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados por sus titulares y autorizados.

En cuanto a la reducción del régimen de módulos, si bien los Técnicos la valoran positivamente, consideran que se debería haber dado un paso más ambicioso, restringiendo su utilización e instaurando como norma general la estimación directa en el IRPF y régimen general en el IVA. Esta medida podría incluir, no obstante, la salvedad para aquellos empresarios que destinen sus bienes y servicios exclusivamente al consumidor final.

De cómo acabar con el déficit (propuestas) de una vez por todas si se luchase contra el fraude

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) defendieron hoy la puesta en marcha de una nueva batería de medidas que junto a la propuesta de crear un nuevo tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros, permitirían ingresar más de 63.300 millones adicionales cada año. Esta cantidad sería suficiente para reducir el déficit del 8,9% del pasado año hasta un nivel inferior al 3% que hasta el momento ha exigido Europa para 2013. El colectivo destacó que muchas de estas propuestas podrían aplicarse desde este mismo año, lo que permitiría relajar las políticas de ajuste y la adopción de medidas contrarias al crecimiento, como una contraindicada subida del IVA y de otros impuestos indirectos, con la que el Gobierno pretende recaudar unos 8.000 millones de euros -casi ocho veces menos-.

Según Gestha, la subida del IVA es «injusta» porque aumenta el esfuerzo fiscal de las familias frente a las empresas y es «regresiva» porque afecta más a los ciudadanos con bajos ingresos -pensionistas y mileuristas- que a los que disponen de más recursos: mientras los primeros dedican sus ingresos íntegramente al consumo -sujeto al IVA-, los segundos además de consumir tienen posibilidad de ahorrar, capítulo sobre el que no se aplica este impuesto.

Medidas alternativas para aumentar la recaudación

Medidas

Recaudación 

anual adicional

Nuevo tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades13.943 millones
Reducción de la economía sumergida en diez puntos*38.577 millones
Impuesto sobre la Riqueza3.399 millones
Prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública1.400 millones
Restricciones al sistema de módulos, SICAV, tipo de la Renta del Ahorro y ganancias patrimoniales especulativas1.490 millones
Impuesto a las Transacciones Financieras4.500 millones
Total63.309 millones

*Incluida la reorganización del Ministerio de Hacienda y AEAT, así como la limitación en el pago en efectivo a 1.000 euros. Fuente: Estimaciones de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

La lucha contra el fraude, clave para salir de la crisis
Los Técnicos de Hacienda consideran que el mayor potencial recaudatorio se encuentra en la lucha contra el fraude, ya que sólo reduciendo en diez puntos la tasa de economía sumergida -hasta situarla al nivel de la media europea- se obtendrían más de 38.500 millones de euros adicionales cada año, casi cuatro veces más que con una subida de dos puntos en el IVA.

Otra de las partidas más razonables para asegurar el cumplimiento del déficit del 3% del PIB comprometido para el ejercicio 2013 sería la creación de un nuevo tipo impositivo del 35% en el Impuesto de Sociedades para beneficios a partir del millón de euros de facturación, que son declaradas sobre todo por las grandes empresas que superan los 45 millones en ventas.

Esta única medida permitiría recaudar 13.943 millones de euros adicionales durante el próximo año, además de mejorar la equidad del sistema fiscal al reducir las diferencias entre el menor tipo efectivo de las grandes corporaciones y el mayor de microempresas y pymes, acercando así el esfuerzo fiscal de las empresas al de las familias españolas.

En tercer lugar, el colectivo propone la creación en 2013 de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y cierre las vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio parcialmente recuperado para 2011 y 2012, lo que podría triplicar la recaudación hasta los 3.400 millones.

Otra necesidad urgente es lograr una coordinación efectiva entre los diferentes órganos de control del gasto de las distintas administraciones territoriales, con mayor transparencia de la actividad desarrollada por los mismos y claridad de la información de las cuentas públicas. Asimismo, Gestha propone que los entes públicos dependientes se sometan al control de la Intervención como consecuencia de su financiación con recursos públicos.

Resultados este mismo año
Junto a las propuestas para aumentar la recaudación a partir del próximo ejercicio, los Técnicos de Hacienda proponen una batería de medidas con las que se podrían ingresar 13.480 millones de euros adicionales desde este mismo año, lo que aseguraría el cumplimiento del déficit del 5,3% del PIB comprometido para 2012.

Gran parte de esta recaudación, unos 6.200 millones de euros anuales, podría alcanzarse mediante una reorganización en profundidad del Ministerio de Hacienda y la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) que permita a los técnicos de Hacienda realizar auditorías operativas para el control del gasto público e investigar a las grandes fortunas y empresas, responsables del 72% de la evasión fiscal.

En segundo lugar, la prohibición de las operaciones en corto contra la Deuda Pública española permitiría, entre otros efectos, reducir la especulación que genera unos sobrecostes de más de 1.400 millones de euros en la financiación del Estado.

En tercer lugar, para evitar la elusión de las grandes fortunas en el IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio sería necesario modificar también de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, de tal forma que se establezca un porcentaje máximo de participación en las SICAV de entre el 2% y el 5% del capital social.

También, conviene anticipar al próximo mes de julio el aumento de la restricción al sistema de módulos, tributando en estimación directa, salvo para los empresarios que destinen sus bienes o servicios exclusivamente al consumidor final -no empresario-. Con esta medida se evitaría la pérdida recaudatoria que sufre el Tesoro por el mayor importe de los gastos e IVA deducidos por las facturas recibidas de los autónomos en módulos frente a lo ingresado por el módulo de estos autónomos.

Igualmente, Gestha propone aumentar el tipo de la Renta del Ahorro del IRPF a un mínimo del 24% (el tipo marginal mínimo de la renta general), así como excluir las ganancias patrimoniales especulativas -principalmente inmobiliarias y sobre valores mobiliarios- del concepto de rentas del ahorro, con el que se obtendrían casi 1.380 millones de euros adicionales en términos anuales.

Asimismo, los Técnicos abogan por procurar el acuerdo en la Eurozona para implantar el Impuesto a las Transacciones Financieras que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en torno a los 4.500 millones que nuestro país podría dedicar para restablecer la ayuda al desarrollo y lucha contra la Pobreza; y si el acuerdo se retrasa más allá de la presidencia danesa de la UE, España podría implantarlo unilateralmente.

Esta medida se complementaría con que el Gobierno podría instar un acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de personas o empresas que operen o sean titulares de bienes o derechos en paraísos fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas para reducir la factura fiscal internacional de las grandes corporaciones trasnacionales (precios de transferencia, holding, ETVE, etc).

Los Técnicos de Hacienda dicen que las nuevas medidas antifraude sólo controlan el 17% de la evasión fiscal en el mejor de los casos

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) lamentaron que el nuevo Plan Anual de Control Tributario y Aduanero publicado en el BOE sea ‘demasiado prudente’ en sus objetivos y confiaron en que las futuras medidas organizativas ‘apunten más alto’ para obtener una mayor recaudación adicional y acabar con la sensación de impunidad de quienes defraudan. 

En este sentido, explicaron que «a buen seguro» el objetivo de recaudación fijado en 8.171 millones de euros se cumplirá e incluso se superará holgadamente, ya que el plan no tiene en cuenta una parte de las acciones que ejecuta tradicionalmente la Agencia Tributaria (AEAT) que sin embargo continuarán realizándose y arrojando resultados en la lucha contra el fraude. Según su opinión, un mejor planteamiento permitiría duplicar la recaudación hasta más de 16.000 millones a medio plazo.

Aún con ello, Gestha recordó que hasta el momento los mejores resultados de control anuales tan sólo han llegado al entorno de los 10.000 millones de euros, lo que supone que el 83% del fraude fiscal cometido en nuestro país queda impune.

El motivo de esta falta de eficacia reside, según el colectivo, en un triple motivo: la inexistencia de estudios oficiales detallados de economía sumergida, la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada que se encuentra la lucha contra el fraude.

A este respeco, desacaron que actualmente se la lupa sobre el pequeño contribuyente, los autónomos y las pymes en lugar de dirigirse con mayor intensidad al fraude de las grandes fortunas, corporaciones y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España.

No en vano, los Técnicos señalaron que si se aumentara la responsabilidad del colectivo en la lucha contra el fraude -elevando el «listón» de las actuaciones que pueden controlar- y se pusieran en marcha medidas más contundentes, como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o la regulación de las SICAV, los resultados de recaudación podrían duplicarse a medio plazo con cerca de 8.200 millones de euros anuales adicionales a los objetivos marcados.

Escasas pero importantes novedades
Respecto a las novedades introducidas en el plan de este año, Gestha destacó el acierto de redoblar el control sobre los profesionales, deportistas y artistas que pudieran estar recurriendo a facturas falsas y entramados societarios para no pagar lo que les corresponde de IRPF, ya que a su juicio esta medida permitirá aflorar fondos que escapan precisamente de los tramos superiores de este impuesto.

Asimismo, los Técnicos valoraron el «nuevo paso» que supone extender el control del consumo de energía a los alquileres de viviendas no declarados, un control que ya se inició el pasado año para los locales comerciales y que puede contribuir a reducir una de las bolsas de fraude históricas de nuestro país.

Otro aspecto positivo que menciona el nuevo plan es la incorporación de nuevas normativas encaminadas a favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, aunque Gestha matizó que «en ningún caso» esto debe traducirse en una suerte de amnistía que pudiera romper con el principio de equidad de todos los contribuyentes.

El colectivo vio también con buenos ojos que se aumente el control sobre los deudores reincidentes, pues recordaron que en los últimos años parece haberse «profesionalizado» la figura de quienes crean empresas de manera sucesiva para posteriormente abandonarlas en situación de deuda.

No obstante, Gestha se mostró respecto a la solicitud de retirada de la suspensión del ingreso en prisión en caso de sentencia firme por delito contra la Hacienda Pública ante el impago de las multas, pues en demasiadas ocasiones los Fiscales son quienes acuerdan con las defensas y la Abogacía del Estado las penas y las responsabilidades civiles de los imputados.

Finalmente, los Técnicos recalcaron la necesidad de que se establezcan y potencien nuevos convenios bilaterales y de intercambio de información con determinados paraísos fiscales, tal y como apunta el plan antifraude, aunque explicaron que esta posibilidad está en manos del Ministerio de Asuntos Exteriores y los gobiernos de los países correspondientes, por lo que «poco puede hacer la AEAT al respecto».

Piden que se limite el pago en metálico de facturas a 1.000 euros

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cifraron hoy en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno estudia implantar para aflorar el dinero negro, puesto que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales. El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse esta medida de manera estricta se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012. Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.

Según señaló, esta prohibición supondría «una medida disuasoria» frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.

Reorganizar la AEAT
Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en «una mera declaración de intenciones».

El colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como ‘medida estrella’ de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Por otro lado, este colectivo manifestó su preocupación por que la anunciada autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de «estas facilidades».

Asimismo, Mollinedo apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales, en especial si de este modo se posibilita la obtención automática de información mercantil o tributaria de las personas físicas y jurídicas que operen en estos territorios buscando saldar negocios al margen del Fisco.

Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como «una necesidad urgente» que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributarias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.

Alternativas a nuevos ajustes
Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando.

Recaudación estimada de las diferentes medidas por CC. AA.

Tasa economía sumergida 2009Recaudación nuevo Plan del Gobierno
Recaudación por limitar pagos efectivos a 1.000 euros
Recaudación por medidas adicionales propuestas por GESTHA
Andalucía
24,9%1.2894.1335.261
Aragón
25,5%2839091.206
Asturias
20,2%214685840
Islas Baleares
19,2%308989967
Canarias
28,7%3241.0401.530
Cantabria
23,7%98313496
Castilla y León
25,0%5431.7412.054
Castilla-la Mancha
26,5%2919341.289
Cataluña
22,3%1.6075.1517.175
Comunidad Valenciana
24,3%8632.7683.734
Extremadura
19,2%173554638
Galicia
26,3%4761.5261.991
Comunidad de Madrid
19,6%1.2564.0276.845
Murcia
24,3%217697989
Navarra
20,0%2889656
País Vasco
20,6%1254012.416
La Rioja
31,4%75241284
Ceuta
27,0%123957
Melilla
26,9%113653
TOTAL ESPAÑA
23,3% 8.171 26.200 38.577

Cifras en millones de euros. Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) Así, para mejorar la recaudación, el colectivo apostó por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, lo cual permitiría recaudar más de 13.900 millones de euros anuales.

Otra medida prioritaria para mejorar la recaudación sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, su buen funcionamiento estaría supeditado a la modificación de las SICAV para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, evitando la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

Por último, el IVA es otra de las tasas que según Gestha pueden aportar una mayor recaudación, aunque no a través de un incremento que pueda contraer el consumo y afectar a las personas con bajos ingresos, sino incidiendo en la mejora del fraude para extraer unos mayores ingresos.

Otra opción para reducir la especulación en los mercados financieros y aumentar los ingresos sería la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Finalmente, solicitaron que se autorice a todo su personal, y especialmente a los 8.500 técnicos a asumir mayores competencias y responsabilidades para reducir la economía sumergida, mejorar el control del gasto público y de las subvenciones mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo cual supondría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero previstas para 2012, incrementando así la eficacia en estas actividades.

Poner coto a la economía sumergida recaudaría casi 20.000 millones sólo impidiendo pagar facturas en efectivo

Los billetes de 500 representan en España más del doble que en la media de la Eurozona. Prohibir el pago de facturas en efectivo recaudaría unos 19.660 millones anuales adicionales, según Gestha. Esta medida permitiría reducir la economía sumergida en cinco puntos porcentuales, hasta el 18% del PIB.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la medida propuesta por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de prohibir el pago en efectivo de facturas de más de 3.000 euros para luchar contra el fraude, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos desde el 23,3% actual (una reducción en términos porcentuales del 21,9%), lo que supondría una recaudación adicional de unos 19.660 millones de euros anuales.

Gestha valora positivamente que Pérez Rubalcaba haya planteado esta medida en la recta final de su campaña, convirtiéndose así en el segundo partido político que incorpora esta propuesta a su programa electoral al igual que hiciera Izquierda Unida, si bien éste la sitúa en un importe inferior, con un máximo de 1.000 euros por factura.

Desde el colectivo, señalan que la prohibición del pago en efectivo de facturas es, sin duda, una medida disuasoria frente al fraude fiscal porque las empresas no podrán deducir el IVA ni el gasto en el Impuesto de Sociedades por la parte pagada en metálico que exceda del límite máximo permitido en cada factura.

Los Técnicos recuerdan que los Gobiernos de Grecia e Italia han aprobado recientemente medidas semejantes para reducir la elevada economía sumergida en sus países. Así, Grecia prohíbe las transacciones en efectivo que superen los 1.500 euros a partir de enero de 2011. Italia, por su parte, anunció que frenará la evasión de impuestos generalizada declarando ilegales las transacciones de efectivo de más de 5.000 euros, reduciendo el límite actual de 12.500 euros. Igualmente, la Asamblea Nacional francesa aboga por la prohibición de pagos en efectivo por 3.000 euros para las personas y 1.100 euros para los comerciantes.

Los Técnicos aclaran que esta medida no supondrá ningún perjuicio para las empresas porque la práctica generalizada de las compañías que operan en nuestro país es realizar la mayor parte de los pagos mediante transferencias, cheques, letras o pagarés y cargos en tarjetas de crédito o débito, quedando el pago en metálico relegado sólo para los pequeños gastos de bolsillo.

Billetes grandes, el instrumento del fraude
Los Técnicos de Hacienda recuerdan que en España los billetes de 500, el instrumento preferido por los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco, representan el 73,15% del dinero total en circulación en nuestro país, más del doble que en la media de la Eurozona (33,54%), y junto con los billetes de 200, los billetes grandes suponen el 78,05% del dinero total en circulación en España.

Importe de los billetes en circulación de 500 y 200 euros en España y zona Euro

2011 Septiembre
millones euros en billetes de 200 

millones euros en billetes 500 % billetes 500 sobre el total de dinero en circulación % billetes 500 y 200 sobre el total de dinero en circulación en la Euro Zona
EURO ZONA35.768295.25033,54%37,61%
ESPAÑA3.37150.32873,15%78,05%

Asimismo, España acapara el el 17,05% del total de billetes de 500 de los 17 países de la Zona Euro, mientras que el peso de la economía española en el PIB de la eurozona es sólo del 11,4%.

Número de billetes de 500 y 200 euros en circulación en España con respecto a la zona Euro

2011 Septiembre 

% de billetes de 200 en España respecto del total de la Zona euro
% billetes de 500 en España respecto del total de la Zona euro
ESPAÑA9,42%17,05%

Si quieres leer más noticias como La nueva Ley Antifraude prohíbe los pagos empresariales en metálico superiores a 2.500 euros, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.


AUTOR
gravatar
Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.
Logo Red Social

WhatsApp Casacochecurro


MÁS NOTICIAS INTERESANTES

Compartir
WhatsApp