La actual Ley Antifraude prohíbe los pagos empresariales en metálico superiores a 1.000 euros

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NOTICIA de Javi Navarro
01.06.2021 - 08:05h    Actualizado 01.06.2021 - 10:31h

¿Se ha limitado los pagos en efectivo a 1.000 euros a los autónomos? El Gobierno quiere reducir el límite de pago en efectivo para luchar contra la evasión fiscal de autónomos y empresas y por ello ha aprobado que se reduzcan los pagos en efectivo, con dinero en metálico, a operaciones por debajo de 1.000 euros. Todo servicio que supere los 1.000 euros de factura deberá abonarse a través de un medio electrónico, es decir, con tarjeta o por transferencia bancaria.

Desde el 25 de mayo de 2021, ocho meses después de su aprobación, entra en vigor la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal que traspone la Directiva Europea 2016/1164 del Consejo Europeo del 12 de julio de 2016. Esta nueva norma obliga al pago electrónico de todas las operaciones por encima de 1.000 euros a empresas y autónomos (antes el límite era de 1.500 euros) de cara a dejar constancia del rastro del dinero en Hacienda.

El límite para personas particulares queda fijado en 2.500 euros. Por su parte, para el caso de particulares con domicilio fiscal fuera de España el límite se reduce de 15.000 a 10.000 euros.

Nuevas medidas de la ley de fraude fiscal. ¿Existe un límite de pago en efectivo entre profesionales? La actual norma vigente en el Boletín oficial del Estado es la ley antifraude. ¿Motivos? Entre otras medidas, se limita a 1.000 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. Hacienda perdonará la sanción al contribuyente que denuncie los hechos. Además, todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito. También se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares y a los que obtengan más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales. Por otro lado, Hacienda potencia el cobro del IVA en operaciones de entrega de inmuebles, importaciones y declaraciones en concurso. Se facilitan los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias. Y se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección, que oscilarán entre 1.000 y 600.000 euros. Descubre cuál es el pago máximo en efectivo y los límites de pago en efectivo.

Pagos en efectivo limitados a 1.000 euros

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado hoy la Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, una vez que ha concluido el trámite parlamentario.

La conocida como ‘ley antifraude’ refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, junto al proyecto de ley contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal, en trámite parlamentario, supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

En la norma que ahora entra en vigor se combinan medidas novedosas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude con otras que refuerzan la seguridad jurídica del sistema tributario y potencian la recaudación. Una de las medidas más ambiciosas consiste en la limitación de uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. Se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 1.000 euros en las que intervenga, al menos un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

Multas del 25%

Quienes incumplan esta limitación se enfrentarán a multas del 25 por 100 del valor del pago hecho en efectivo. Tanto el pagador como el receptor del pago responderán de forma solidaria de dicha infracción, por lo que la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de ellos. Si la denuncia procede de una de las partes que hayan intervenido en la operación, Hacienda no aplicará sanción alguna a esta parte si voluntariamente lo pone en conocimiento de la Agencia Tributaria.

Valores en el extranjero

Por otro lado, la norma fija la obligatoriedad para todos los contribuyentes de suministrar información sobre cuentas y valores situados en el extranjero de los que sean titulares, beneficiarios o figuren como autorizados. Se incluyen todo tipo de títulos, activos, cuentas en entidades financieras así como valores o seguros de vida y bienes inmuebles.

El incumplimiento de esta nueva obligación de información llevará aparejado un régimen sancionador propio a razón de cinco mil euros por cada dato o conjunto de datos omitidos, con un mínimo de diez mil euros. Además, las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo de entre los no prescritos.

Régimen de módulos

El texto recoge también modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos. De esta forma, se fija la exclusión del régimen de estimación objetiva para aquellos que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares. Dicha exclusión solo operará para empresarios cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año. Entre estas actividades se encuentran la albañilería, la fontanería, la carpintería y el transporte de mercancías por carretera. En el caso de los servicios de transporte y mudanzas, la exclusión operará con ingresos superiores a 300.000 euros, tal y como sucede con las operaciones agrícolas o ganaderas.

También quedarán excluidos aquellos que obtengan rendimientos procedentes de otros empresarios o profesionales por importe superior a 225.000 euros.

Mayor capacidad recaudatoria

El proyecto de ley incluye también una serie de medidas encaminadas a reforzar la capacidad recaudatoria de la Agencia Tributaria, sobre todo en los casos en donde el contribuyente intenta escapar de sus obligaciones fiscales retrasando el pago de la cuota, interponiendo obstáculos o diluyendo su patrimonio.

Con ello, el texto elimina la posibilidad de aplazamientos o fraccionamientos de créditos en las situaciones de concurso para evitar la postergación artificiosa del crédito público. Asimismo se introduce un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria contra los administradores de empresas carentes de patrimonio, pero con actividad económica regular, que realizan autoliquidaciones recurrentes sin ingresos por determinados conceptos, con un ánimo defraudatorio. Estos administradores serán responsables de las deudas derivadas de los tributos que deban repercutirse o de las cantidades que deban retenerse a trabajadores o profesionales.

Fraude en el IVA

En su ánimo de reforzar la capacidad recaudatoria, la norma tiene por vocación también reducir al mínimo el fraude en el IVA a través de varias medidas. En primer lugar, la exclusión en el régimen de módulos afectará también a este impuesto además del IRPF.

Por otro lado, se establece la inversión del sujeto pasivo en los supuestos de renuncia a la exención del IVA vinculada a ciertas operaciones inmobiliarias. Así, el sujeto adquiriente sólo podrá deducirse el IVA soportado si acredita que ha ingresado el IVA repercutido. Se evita con ello el doble perjuicio para la Hacienda por la falta de ingreso del impuesto por el transmitente del inmueble y por la deducción del IVA soportado.

En los supuestos de declaración de concurso, el derecho a la deducción de las cuotas soportadas por IVA con anterioridad a dicha declaración no podrá ejercitarse en liquidaciones posteriores. Las modificaciones del IVA se trasladarán también al impuesto general indirecto canario (IGIC), para dar un trato homogéneo a ambas figuras.

Embargo de bienes

La norma modifica el régimen de embargo de bienes y derechos en entidades de crédito para que éste se pueda extender más allá de la oficina o sucursal a la que se remitió el embargo. Asimismo, se prohíbe la disposición de inmuebles de sociedades en donde han sido embargadas acciones equivalentes a más de la mitad del capital social.

Respecto a las medidas cautelares, se modifica el precepto para permitir su adopción en cualquier momento del procedimiento cuando así se estime oportuno. Se permitirá a la Agencia Tributaria adoptar medidas cautelares en los procesos penales. Por otro lado, para garantizar el cobro de deudas, la norma modifica también al alza el importe de la garantía que es necesario depositar para que se suspenda la ejecución de un acto impugnado, a fin de que éste cubra todos los recargos que pudieran ser exigibles.

La ley endurece, por otro lado, las sanciones por resistencia, obstrucción excusas o negativa a las actuaciones inspectoras. Las sanciones oscilarán entre un mínimo de 1.000 euros y un máximo de 600.000 euros.

Piden que se limite el pago a 1.000 euros

Desde hace varios años, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) cifraron en 1.000 euros el importe óptimo en el que el debería fijarse la limitación del pago en efectivo que el Gobierno ha implantado para aflorar el dinero negro, puesto que de este modo podría obtenerse una recaudación adicional de casi 26.000 millones de euros anuales. El secretario general del colectivo, José María Mollinedo, explicó que sólo con aplicarse esta medida de manera estricta se podría recaudar más del triple de lo que el Gobierno planea ingresar con la puesta en marcha de todo el plan de control tributario para 2012. Además, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos, reduciendo así a la mitad la brecha que separa a España -donde un 23,3% del PIB se encuentra sumergido- de los países de nuestro entorno.

Según señaló, esta prohibición supondría “una medida disuasoria” frente al fraude fiscal, ya que las empresas no podrían deducir el IVA, ni el gasto en el IRPF ni en el Impuesto de Sociedades la parte de las facturas pagadas en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador que exceda del límite máximo permitido de 1.000 euros.

Reorganizar la AEAT
Por otra parte, Gestha se mostró a favor de que el nuevo Plan General de Control Tributario recoja medidas concretas para alcanzar los objetivos de reducción de la tasa sumergida y aumentar las competencias y responsabilidades de los efectivos destinados en la lucha contra el fraude, de manera que las iniciativas anunciadas no queden en “una mera declaración de intenciones”.

El colectivo aplaudió la decisión de intensificar el control en los sectores donde se concentran las grandes bolsas de fraude, como la construcción o el alquiler, aunque recordó que el control a través del consumo de energía eléctrica ya se presentó en su momento como ‘medida estrella’ de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal.

Por otro lado, este colectivo manifestó su preocupación por que la anunciada autorregulación fiscal voluntaria acabe por convertirse en una amnistía fiscal encubierta para aquellos defraudadores que pueden gozar una segunda oportunidad para saldar sus cuentas con el Fisco cuando los ciudadanos de a pie, por el contrario, no disfrutan de “estas facilidades”.

Asimismo, Mollinedo apremió al nuevo Gobierno a estrechar la colaboración en el ámbito internacional para combatir los paraísos fiscales, en especial si de este modo se posibilita la obtención automática de información mercantil o tributaria de las personas físicas y jurídicas que operen en estos territorios buscando saldar negocios al margen del Fisco.

Respecto a la coordinación entre administraciones públicas, los Técnicos de Hacienda calificaron como “una necesidad urgente” que los distintos órganos de las administraciones territoriales pongan su información en común de manera efectiva con el fin de compartir las bases de datos tributarias y luchar de manera conjunta contra el fraude fiscal.

Alternativas a nuevos ajustes
Por otro lado, Gestha abogó por la puesta en marcha de medidas adicionales que permitan incrementar la recaudación en más de 38.500 millones de euros, muy por encima de los 8.171 millones de euros que el Gobierno tiene previsto recaudar con el nuevo plan antifraude que está perfilando.

Recaudación estimada de las diferentes medidas por CCAA

Tasa economía sumergida 2009 Recaudación nuevo Plan del Gobierno
Recaudación por limitar pagos efectivos a 1.000 euros
Recaudación por medidas adicionales propuestas por GESTHA
Andalucía
24,9% 1.289 4.133 5.261
Aragón
25,5% 283 909 1.206
Asturias
20,2% 214 685 840
Islas Baleares
19,2% 308 989 967
Canarias
28,7% 324 1.040 1.530
Cantabria
23,7% 98 313 496
Castilla y León
25,0% 543 1.741 2.054
Castilla-la Mancha
26,5% 291 934 1.289
Cataluña
22,3% 1.607 5.151 7.175
Comunidad Valenciana
24,3% 863 2.768 3.734
Extremadura
19,2% 173 554 638
Galicia
26,3% 476 1.526 1.991
Comunidad de Madrid
19,6% 1.256 4.027 6.845
Murcia
24,3% 217 697 989
Navarra
20,0% 28 89 656
País Vasco
20,6% 125 401 2.416
La Rioja
31,4% 75 241 284
Ceuta
27,0% 12 39 57
Melilla
26,9% 11 36 53
TOTAL ESPAÑA
23,3% 8.171 26.200 38.577

Cifras en millones de euros. Fuente: Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

Así, para mejorar la recaudación, el colectivo apostó por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- elevando del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros, lo cual permitiría recaudar más de 13.900 millones de euros anuales.

Otra medida prioritaria para mejorar la recaudación sería la creación de un Impuesto sobre la Riqueza que supere los defectos y vías de elusión del Impuesto sobre el Patrimonio recuperado parcialmente en los dos próximos ejercicios. No obstante, su buen funcionamiento estaría supeditado a la modificación de las SICAV para establecer un porcentaje máximo de participación de entre el 2% y el 5% del capital social, evitando la elusión de las rentas del capital en el IRPF que actualmente se produce.

Por último, el IVA es otra de las tasas que según Gestha pueden aportar una mayor recaudación, aunque no a través de un incremento que pueda contraer el consumo y afectar a las personas con bajos ingresos, sino incidiendo en la mejora del fraude para extraer unos mayores ingresos.

Otra opción para reducir la especulación en los mercados financieros y aumentar los ingresos sería la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras Internacionales en el marco de la OCDE, además de equiparar los tipos nominales aplicables a los Fondos y sociedades de inversión a los de las empresas industriales o de servicios.

Finalmente, solicitaron que se autorice a todo su personal, y especialmente a los 8.500 técnicos a asumir mayores competencias y responsabilidades para reducir la economía sumergida, mejorar el control del gasto público y de las subvenciones mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda, lo cual supondría duplicar las actuaciones de control tributario y aduanero previstas para 2012, incrementando así la eficacia en estas actividades.

Sin multa si se denuncia

El contribuyente que haya intervenido en alguna de estas operaciones será exonerado de la sanción si voluntariamente comunica los hechos a la administración siempre que no hayan transcurrido tres meses desde el pago en efectivo. La Agencia Tributaria ha habilitado en su página web un procedimiento telemático para tramitar denuncias, referidas exclusivamente a pagos en efectivo superiores a las cantidades fijadas de 1.000 euros.

Billetes de 200 y 500 euros

El uso de efectivo en grandes cantidades está relacionado directamente con operaciones realizadas para eludir impuestos. La limitación de pagos en efectivo viene a reforzar el control que mantiene la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. En esta línea se incluye el plan especial sobre el uso de billetes de alta denominación (200 y 500 euros), iniciado hace cuatro años y que se mantiene abierto por parte de la Administración.

Beneficios de poner coto a la economía sumergida

Los billetes de 500 representan en España más del doble que en la media de la Eurozona. Prohibir el pago de facturas en efectivo recaudaría unos 19.660 millones anuales adicionales, según Gestha. Esta medida permitiría reducir la economía sumergida en cinco puntos porcentuales, hasta el 18% del PIB.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la medida propuesta por el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de prohibir el pago en efectivo de facturas de más de 3.000 euros para luchar contra el fraude, permitiría rebajar la tasa de economía sumergida en 5,1 puntos desde el 23,3% actual (una reducción en términos porcentuales del 21,9%), lo que supondría una recaudación adicional de unos 19.660 millones de euros anuales.

Gestha valora positivamente que Pérez Rubalcaba haya planteado esta medida en la recta final de su campaña, convirtiéndose así en el segundo partido político que incorpora esta propuesta a su programa electoral al igual que hiciera Izquierda Unida, si bien éste la sitúa en un importe inferior, con un máximo de 1.000 euros por factura.

Desde el colectivo, señalan que la prohibición del pago en efectivo de facturas es, sin duda, una medida disuasoria frente al fraude fiscal porque las empresas no podrán deducir el IVA ni el gasto en el Impuesto de Sociedades por la parte pagada en metálico que exceda del límite máximo permitido en cada factura.

Los Técnicos recuerdan que los Gobiernos de Grecia e Italia han aprobado recientemente medidas semejantes para reducir la elevada economía sumergida en sus países. Así, Grecia prohíbe las transacciones en efectivo que superen los 1.500 euros a partir de enero de 2011. Italia, por su parte, anunció que frenará la evasión de impuestos generalizada declarando ilegales las transacciones de efectivo de más de 5.000 euros, reduciendo el límite actual de 12.500 euros. Igualmente, la Asamblea Nacional francesa aboga por la prohibición de pagos en efectivo por 3.000 euros para las personas y 1.100 euros para los comerciantes.

Los Técnicos aclaran que esta medida no supondrá ningún perjuicio para las empresas porque la práctica generalizada de las compañías que operan en nuestro país es realizar la mayor parte de los pagos mediante transferencias, cheques, letras o pagarés y cargos en tarjetas de crédito o débito, quedando el pago en metálico relegado sólo para los pequeños gastos de bolsillo.

Billetes grandes, el instrumento del fraude
Los Técnicos de Hacienda recuerdan que en España los billetes de 500, el instrumento preferido por los defraudadores para saldar negocios al margen del Fisco, representan el 73,15% del dinero total en circulación en nuestro país, más del doble que en la media de la Eurozona (33,54%), y junto con los billetes de 200, los billetes grandes suponen el 78,05% del dinero total en circulación en España.

Importe de los billetes en circulación de 500 y 200 euros en España y zona Euro

2011 Septiembre
millones euros en billetes de 200

 

millones euros en billetes 500 % billetes 500 sobre el total de dinero en circulación % billetes 500 y 200 sobre el total de dinero en circulación en la Euro Zona
EURO ZONA 35.768 295.250 33,54% 37,61%
ESPAÑA 3.371 50.328 73,15% 78,05%

Asimismo, España acapara el el 17,05% del total de billetes de 500 de los 17 países de la Zona Euro, mientras que el peso de la economía española en el PIB de la eurozona es sólo del 11,4%.

Número de billetes de 500 y 200 euros en circulación en España con respecto a la zona Euro

2011 Septiembre

 

% de billetes de 200 en España respecto del total de la Zona euro
% billetes de 500 en España respecto del total de la Zona euro
ESPAÑA 9,42% 17,05%

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