FACUA denuncia a Vodafone por meter a un cliente en Asnef por una deuda anulada en arbitraje


FACUA denuncia a Vodafone por meter a un cliente en Asnef por una deuda anulada en arbitraje

FACUA-consumidores en Acción ha denunciado a Vodafone ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por reclamar a un cliente una deuda de 1.800 euros que ya había sido anulada en arbitraje. Además, Vodafone facilitó sus datos a empresas de cobro de morosos y lo incluyó en Asnef. El usuario contrató una restricción de consumo de 85 euros, pero recibió facturas hasta diez veces más elevadas.

Vodafone mete en ASNEF

Pese a la existencia del laudo, que tiene el valor de una sentencia judicial, la compañía ha facilitado ilegalmente a varias empresas de cobro de morosos los datos del usuario, el onubense Francisco Javier Moreno, y lo ha incluido en el fichero Asnef.

FACUA está desarrollando una campaña, bajo el lema #yonosoymoroso, en la que llama a denunciar a las empresas que les reclamen el pago de deudas falsas o fraudulentas. Para ello, asociación pone a disposición de los usuarios un formulario de reclamación para exigir sanciones por estas prácticas ilegales.

Fijó un límite de consumo de 85 euros y le enviaron recibos hasta diez veces más altos

El caso de Francisco Javier comenzó en mayo de 2010, cuando recibió una factura de Vodafone por un importe de 1.064 euros, debido a su elevado consumo en llamadas internacionales. Al ver la cantidad tan alta, decidió activar en el servicio de atención al cliente de la compañía de telecomunicaciones su servicio de límite de consumo, que fija un tope de 84,70 euros (70 más el 21% de IVA) a partir del cual se debe paralizar el servicio.

Al realizar la restricción, Vodafone le indicó que incluía todas las llamadas, incluso cuando el usuario le señaló que realizaba habituales llamadas internacionales desde su terminal. Sin embargo, al usuario le continuaron llegando facturas muy elevadas en junio, julio y agosto, por 711, 316 y 813 euros, respectivamente.

Al ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone, le indicaron que había superado la restricción y que además le habían suspendido el servicio desde el día 11 de junio, cuando supuestamente sobrepasó el límite. Lo que no le explicó la compañía fue por qué entonces le emitían facturas que superaban hasta diez veces el tope fijado.

El usuario puso el caso en manos de FACUA Huelva, que ante la negativa de Vodafone a asumir su error solicitó someter el caso a un arbitraje de consumo.

Un arbitraje determinó que debía rectificar las facturas

En su laudo, fechado en octubre de 2011, la Junta Arbitral Provincial de Huelva estimó que Vodafone debía rectificar las tres facturas al considerar que la compañía «debió limitar el consumo a los 70 euros desde que el cliente lo requiere», «en la creencia de que afectaba a todas las llamadas y no es advertido que no se puede aplicar el límite a las llamadas internacionales, cuestión por la que no ha de responder el cliente de la compañía».

Pese a que el laudo tiene valor de sentencia judicial, Vodafone no sólo no lo ha cumplido sino que ha facilitado ilegalmente los datos del usuarios a varias empresas de gestión de cobros para que le reclamen el pago de las facturas, además de incluirlo en Asnef.

Ante esto, FACUA Huelva ha denunciado a Vodafone ante la AEPD por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, que establece sanciones de decenas de miles de euros por este tipo de irregularidades.

Vodafone incluyó a un cliente en una lista de morosos y ahora le tiene que pagar 3.000 euros

La operadora Vodafone exigía a un cliente el pago de 68,69 euros pese a la existencia de una sentencia previa que reconocía que la beneficiaria no debía cantidad alguna a la empresa. Vodafone al entender que no pagaba, incluyó a este cliente en una lista de morosos y, ahora, la operadora ha sido condenada a pagar 3.000 euros a esta clienta después de que el juzgado de Primera Instancia número 1 de Elche haya condenado a Vodafone a indemnizarla en concepto de daños y perjuicios más el abono de 96,06 euros que la demandante pagó indebidamente a la compañía.

La sentencia se produce después de que la demandante presentara previamente una demanda de juicio verbal contra la operadora, que resultó condenada al pago de 68,69 euros a su entonces cliente. Pese a que la sentencia fue notificada en diciembre de 2010, la demandante «continuó recibiendo llamadas a toda hora y cartas reclamando una supuesta deuda ya contemplada por la indicada sentencia y de la que resultaba un saldo a favor de la mandante».

Esta situación perduró hasta el punto de que la demandante viera rechazado que se le anticipara su facturación como letrado del turno de oficio, dado que Vodafone la había incluido desde junio de 2011 en un listado de morosos.

Además, según se recoge en la sentencia, esto provocó que el crédito de su tarjeta bajara de 3.000 a 600 euros, algo que llevó a la demandante a pagar a la empresa telefónica la cantidad reclamada para poder seguir pleiteando y que la compañía la diese de baja del registro de deudores.

Al juzgado a exigir una indemnización

Por todas estas circunstancias, la demandante acudió al juzgado para solicitar una indemnización de 10.000 euros por intromisión ilegítima de la demandada en el honor a la demandante, y la devolución de la factura indebidamente cobrada.

Por su parte, Vodafone alegó en la vista oral celebrada en el juzgado de Primera Instancia número 1 que no habían recibido la notificación de la sentencia, lo que a su juicio, motivó que la demandante continuase estando en el registro de morosos durante más de seis meses después de haberse notificado la resolución anterior del juzgado número 5.

Ahora, la sentencia recuerda que este hecho supone una vulneración patente del reglamento de protección de datos de carácter personal, que exige la existencia de una deuda cierta, vencida y exigible que haya resultado impagada.

Sin embargo, el titular del juzgado de Primera Instancia número 1 hace alusión en los fundamentos de derecho a la jurisprudencia en esta materia del Tribunal Supremo, e indica que «resulta que la demandante figuró en el referido registro desde el 27 de julio de 2011 y si bien no consta cuando desapareció del mismo, la primera constatación de tal extremo data de julio de 2012».

Hoy, las tasas hubieran costado 430 euros
Además de mostrar su satisfacción por la sentencia judicial, el letrado de la demandante, Manuel Navarro, remarcó que si la demanda se hubiera interpuesto tras la entrada en vigor la nueva Ley de Tasas, la demandante hubiera tenido que desembolsar alrededor de 430 euros.

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