Amnistía fiscal encubierta del Gobierno para lavar al 10 % el dinero evadido de España

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) consideran que la regularización fiscal anunciada por el Ejecutivo como ‘medidas excepcionales’ dentro del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2012 “enjuagará” la comisión de delitos fiscales “a un precio de saldo”. Para este colectivo se trata de una “expresión eufemística” que esconde una amnistía fiscal encubierta con una blanda tasa del 10 % de las cantidades defraudadas y que en el 72 % de los casos proviene de grandes fortunas y corporaciones.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, esta amnistía fiscal atenta contra el principio constitucional de igualdad tributaria que, según el artículo 31 de la Comisión Europea, debe inspirar nuestro sistema fiscal ya que supone un agravio comparativo para los contribuyentes que vienen cumpliendo con sus obligaciones fiscales, a los que se grava con tipos de hasta el 52 % en el IRPF, mientras que los defraudadores podrán saldar sus cuentas con el Fisco pagando un 10 % y evitando intereses, recargos y sanciones. La recaudación que se obtendría de controlar el fraude fiscal y la economía sumergida sería el doble de lo que el Gobierno quiere recaudar ahora subiendo impuestos y congelando salarios.

Asimismo, esta teórica regularización fiscal choca frontalmente con los reiterados anuncios del Ejecutivo de potenciar la lucha contra el fraude, con el agravante de que será la cuarta amnistía fiscal de la democracia que a todas luces resultará tan ineficaz para acabar con la economía sumergida como lo fueron las tres anteriores.

Para Gestha, esta amnistía supone el reconocimiento implícito del Gobierno a la incapacidad de la Agencia Tributaria para luchar contra la economía sumergida. De hecho, entre 1980 y 2008 la bolsa de fraude se multiplicó por cuatro, hasta alcanzar un volumen de 245.000 millones de euros anuales, lo que representa un impago de impuestos de unos 89.000 millones.

Una reforma insuficiente
Por otro lado, los Técnicos de Hacienda consideran que las modificaciones anunciadas hoy para el Impuesto de Sociedades suponen “un primer paso” dirigido a asegurar ingresos con los que cumplir los nuevos objetivos de déficit impuestos por Bruselas.

No obstante, deja en el tintero muchos aspectos que necesitan ser replanteados en profundidad y que, sin embargo, “no se abordarán ahora en favor de un aumento express de la recaudación que ya tiene incluso fecha de caducidad”.

De este modo, señalaron que la limitación de la aplicación de deducciones “no acaba con la falta de proporcionalidad del Impuesto de Sociedades”, puesto que las mayores empresas españolas -aquellas que facturan más de 1.000 millones al año- continuarán disponiendo de múltiples vías de escape para tributar realmente al 16,88 % frente al 22 % de las microempresas o 20 % de las pequeñas compañías.

Frente al limitado aumento de la recaudación previsto, los Técnicos apuestan por crear un nuevo tipo impositivo sobre los mayores beneficios empresariales, al igual que se hizo con el IRPF. Por sí sola esta reforma ya generaría un aumento de la recaudación superior a los 13.900 millones de euros al año, que además sería adicional a los ingresos previstos por la limitación de las deducciones.

Esta medida afectaría únicamente a las empresas con beneficios de más de un millón de euros, que principalmente son las 5.740 empresas que tienen una facturación superior a los 45 millones, que pasarían así a tributar a un tipo inicial del 30 % para el primer millón de euros de beneficios y un segundo tipo del 35 % para beneficios superiores al millón, medida que reequilibraría su carga fiscal con la de las pequeñas y medianas empresas.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, considera que “esta es la vía más adecuada para combatir el desplome de la recaudación del Impuesto de Sociedades, que en tan sólo cuatro años -de 2007 a 2011- descendió en 28.212 millones, lo que supone una reducción del 63 %, que en ningún caso puede atribuirse sólo a la crisis, ni a la evolución de la actividad económica del país en este periodo”.

La familia Botín tiene una segunda oportunidad de pagar ‘voluntariamente’ un presunto fraude fiscal, pero el resto de españoles no

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han criticado hoy el ‘trato de favor’ que, a su juicio, se ha dispensado a la familia Botín en relación a una presunta comisión de delitos de fraude fiscal y falsedad documental, puesto que “se les ha dado una segunda oportunidad para pagar voluntariamente que no se ofrece al resto de ciudadanos, pues son investigados y sancionados en cuanto se descubre una discrepancia con los datos declarados”.

En este sentido, el colectivo subraya que la Agencia Tributaria (AEAT) “ha perdido un tiempo precioso” al permitir a 300 contribuyentes regularizar voluntariamente su situación tributaria pagando únicamente recargos por presentación extemporánea e intereses de demora, ahorrándose las sanciones.

Un ejemplo de ello sería el ‘caso Botín‘, en el que “ha quedado patente la incapacidad de la AEAT para valorar en un año el fraude y las declaraciones complementarias presentadas, viéndose obligada a presentar in extremis la denuncia a la Audiencia Nacional antes de que el posible delito prescriba”Los Técnicos de Hacienda recalcan que la aplicación de amnistías fiscales u otros tratos de favor para hacer aflorar la economía sumergida no son la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, tal y como se ha demostrado en el pasado.

En su opinión, este tipo de actuaciones suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de capital sujetas a retención que se encuentran bajo el control exhaustivo de la Agencia Tributaria, y proponen que se autorice a los 8.000 técnicos del Ministerio de Hacienda a concentrar sus investigaciones en las corporaciones empresariales y en las grandes fortunas, principales focos de la economía sumergida española.

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