Hacienda perseguirá los alquileres de pisos de vacaciones que no se declaren

Hacienda perseguirá los alquileres de pisos de vacaciones que no se declaren
NOTICIA de Javi Navarro
13.03.2013 - 17:03h    Actualizado 19.08.2021 - 12:22h

La lucha contra el fraude fiscal abarca muchos frentes, y el alquiler de vivienda no declarado es uno de ellos. Al igual que el alquiler de pisos por temporadas para disfrutar de una estancia de vacaciones. Ante las declaraciones de la Agencia Tributaria sobre controlar los alquileres de pisos no declarados para uso vacacional a través de la información online de los portales inmobiliarios para detectar a los caseros que no alquilan sus inmuebles siguiendo el protocolo legal, el director del gabinete de estudios de pisos.com, Manuel Gandarias, señala que “el Gobierno demuestra su voluntad de perseguir uno de los vicios que siempre ha caracterizado el mercado del arrendamiento, pero desde pisos.com pensamos que esta fórmula no logrará los resultados esperados, desperdiciándose recursos públicos”. ¿Las razónes? Varias.

En primer lugar, Gandarias destaca que “es complicado saber si un inmueble publicado en Internet ha sido alquilado o no, dado que los clasificados inmobiliarios online siempre están en curso. En ocasiones, el propietario olvida retirar el anuncio de la web cuando lo alquila, y éste caduca en función del tiempo que tenga programado el portal para mantener la calidad de sus contenidos. En el caso de pisos.com, tres meses. Igualmente, hay veces que el inmueble se retira de la web por el anunciante, y esto no significa necesariamente que haya sido alquilado”.

Anuncios en Internet y el total del mercado
Además, el volumen de anuncios particulares en alquiler en los portales inmobiliarios, aunque es elevado, no representa la totalidad del mercado. Por último, muchas viviendas en alquiler carecen de localización exacta, algo que únicamente se conoce cuando el potencial inquilino se pone en contacto con el propietario.

“Nuestra opinión es que, para que afloren los alquileres no declarados, la mejor medida es dotar al inquilino de alguna herramienta para denunciar que no tiene contrato, salvaguardando su anonimato. Asimismo, el tema se resolvería de un modo aún más sencillo si, al igual que con la compraventa, registrar un alquiler fuera obligatorio, no voluntario”, explica Gandarias.

Más de la mitad de los pisos alquilados no se declaran

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco. En la actualidad, se calcula que existen más de un millón de alquileres no declarados en nuestro país, lo que representa el 55,4% del total del parque de viviendas alquiladas, según la IV edición del “Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España” realizado por este colectivo.

El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda- revela que el Plan de Prevención del Fraude se estancó en 2008 sin resultados “medianamente aceptables”, ya que si bien se contabilizaron 130.345 nuevos declarantes de viviendas alquiladas, el número de arrendamientos sumergidos se incrementó en 209.159 en comparación con el año anterior. Asimismo, el volumen de dinero defraudado aumentó en 473,2 millones de euros, es decir, un 19,3%, hasta los 2.926 millones.

De este modo, los Técnicos de Hacienda sostienen que si bien la reforma fiscal aprobada a finales de 2006 permitió que en 2007 afloraran casi 90.000 alquileres sumergidos, con una ligera reducción del fraude entre 2006 y 2007, al pasar del 57,1% al 54%, lo cierto es que entre 2007 y 2008 los “alquileres negros” aumentaron en más de 1,3 puntos porcentuales (del 54% al 55,4%).

Gestha atribuye estos datos al retraso de dos años en la aprobación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal y la demora de otros dos años más para su entrada en vigor. Esta norma recoge como “medida estrella” la obligación desde 2010 por parte de las compañías eléctricas de facilitar los consumos de los inmuebles, así como la identificación de los titulares del contrato de suministro, la referencia catastral y su localización, con el fin de poder “fichar” aquellas viviendas que, estando aparentemente desocupados, esconden realmente un alquiler sumergido.

Unas rentas ocultas de casi 3.000 millones de euros anuales

Por otro lado, el estudio de los Técnicos cifra en un mínimo de 3.000 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles distintos de los destinados a uso como vivienda) que no se han llevado a la base imponible del IRPF.

En opinión de los Técnicos de Hacienda, el hecho de que el fraude por alquiler de viviendas siga creciendo pone de manifiesto que la Agencia Tributaria no está siendo efectiva en la lucha contra el fraude, máxime si se tiene en cuenta que los alquileres aflorados lo han hecho impulsados por dos motivos: por un lado, por los 502.440 inquilinos que han utilizado por primera vez en 2008 la nueva deducción del 10,05% por alquiler de vivienda habitual (al tener una base imponible inferior a 24.020 euros anuales) y, por otro, por los propietarios que se beneficiaron de la reducción del 100% de las rentas percibidas sin pago de impuestos.

De acuerdo a estos datos, la causa de que el fraude aumentara puede responder, según Gestha, a la decisión de algunos ciudadanos de sumergir las rentas de sus alquileres al presentar su declaración de la Renta en junio de 2009, en un momento “económicamente muy delicado” marcado por la recesión, la caída del empleo y las dificultades financieras que en general atravesaban las familias españolas.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “los propietarios de viviendas alquiladas son principalmente personas que cambiaron de vivienda y alquilan la antigua para pagar la hipoteca de su vivienda nueva o personas mayores que complementan su pensión con un alquiler. Detrás de estas personas no hay grandes firmas de asesoría. Si la Agencia Tributaria estatal no es capaz de erradicar un fraude tan sencillo de descubrir, ¿cómo va a luchar contra el fraude de las grandes fortunas, de las sociedades instrumentales y de los paraísos fiscales?”.

Cataluña, Andalucía y Madrid, las que tienen más alquileres sumergidos

Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que más de dos tercios de los arrendamientos no declarados (un 65,8% del total) se concentran en Cataluña, Andalucía, y Madrid, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.

En lo referente a la cuantía defraudada, la Comunidad Catalana lidera el ranking nacional con más de 855 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 838,4 y 449,6 millones de euros, respectivamente. En la Comunidad Valenciana se disparó desde los 123,6 a los 209 millones de euros, mientras que en Archipiélago Canario también aumentó desde los 148,6 a los 179,3 millones de euros.

Andaluces, murcianos y canarios, los que más defraudan

Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 71% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen la Región de Murcia (68,5%), Canarias (65,9%) y Comunidad Valenciana (61,3%).

Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en La Rioja, donde llama la atención que menos del 1% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de Cantabria y Aragón presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España, con cifras de pisos no declarados del 23,8% y del 25,5% respectivamente.

Baleares y Extremadura, las que más alquileres sumergidos destapan

Asimismo, el infome de Gestha muestra que las regiones que lograron reducir en mayor medida la cifra de alquileres sumergidos y el fraude fueron las Islas Baleares y Extremadura. Así, las islas recortaron en más de 11.000 los alquileres sumergidos, lo que supone una disminución de su bolsa de fraude por este concepto de más de 28 millones de euros. Extremadura, por su parte, disminuyó en 6.336 su número de alquileres sumergidos, con un recorte del fraude de casi 6 millones de euros.

El Principado de Asturias también experimentó una reseñable reducción de 3.104 alquileres sumergidos y 2 millones de euros, seguido de Cantabria, que disminuyó en 1.880 viviendas su parque de alquileres sumergidos y en 2,5 millones de euros el volumen de fraude por este concepto.

Panorámica de las viviendas de alquiler sumergidas en España

CCAA Estimaciones Gestha de viviendas alquiladas no declaradas en 2008

Variación del número de alquileres sumergidos entre 2007 y 2008 Variación del fraude estimado alquileres de viviendas entre 2007 y 2008 (en euros) **

Número de inquilinos que han deducido por alquiler de vivienda habitual

Número de viviendas sumergidas

% Sumergido

Fraude estimado (en euros)

Andalucía 220.644

71,59%

449.643.788

15.039 45.218.753 44.556
Aragón 15.892 25,54% 28.922.169 7.976 16.874.017 20.946
Asturias 21.341 42,20% 32.065.066 -3.104 -2.011.264 13.222
Baleares 17.285 36,49% 49.749.341 -11.116 -28.523.815 17.559
Canarias 77.529 65,92% 179.311.397 14.229 30.682.997 28.601
Cantabria 3.482 23,83% 5.741.296 -1.880 -2.521.546 4.724
C. y León

32.176 35,91% 50.846.124 4.129 9.252.423 14.198
C.-la Manch.

46.211 59,83% 82.742.182 29.343 55.078.662 27.643
Cataluña 312.781 59,12% 855.584.275 24.615 115.573.987 135.081
Extremadura

16.119 57,14% 22.043.861 -6.336 -5.912.614 6.046
Galicia

39.787 37,66% 64.610.507 2.002 6.950.597 32.062
La Rioja

77 0,98% 119.490 -1.242 -1.864.286 111.939
Madrid

273.056 60,10% 838.421.179 75.643 128.721.444 7.090
Murcia

30.151 68,53% 56.891.922 10.298 20.104.313 3.511
Valencia

119.111 61,26% 209.208.943 49.563 85.552.599 34.318
TOTAL *

1.225.642 55,38% 2.925.901.539 209.159 473.176.266 502.440

Fuente: Gestha, a partir de las Estadísticas de los datos del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Economía y Hacienda.* Navarra y el País Vasco gestionan su propio IRPF, y no están disponibles sus estadísticas** Rendimiento Neto reducido, descontada la reducción del 50% o 100%.

Medidas más efectivas para combatir el fraude fiscal
El informe de los Técnicos de Hacienda considera “prioritario” que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren en la puesta en marcha medidas más eficaces que las adoptadas hasta la fecha, con el fin de combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales.

En primer lugar, Gestha considera “imprescindible” que se cumpla la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar las medidas necesarias para que los Técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones. De este modo, y mediante la creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH), se aprovecharán al máximo su experiencia y capacidades, aumentando considerablemente el control tributario y aduanero, y el control del gasto público.

En la actualidad, la bolsa de economía sumergida en nuestro país, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23,3% del PIB, lo que supone un montante de 245.000 millones euros. Según Gestha, con un plan eficaz de lucha contra el fraude y con esta autorización a los más de 8.000 Técnicos de Hacienda se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, y podrían recaudarse cada año unos 38.500 millones de euros adicionales.

Los Técnicos de Hacienda confían en que las medidas de la Ley de Fomento y Agilización Procesal del Alquiler y de la Eficiencia Energética de los Edificios, aprobada a finales del año pasado, sea un primer paso para una reforma que logre una delimitación mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.

De hecho, uno de los objetivos fundamentales de esta reforma es agilizar los procesos de desahucio, uno de los puntos que más dificultades y alarma social sigue generando en el mercado del alquiler de viviendas. En esta línea, Gestha sostiene que debe profundizarse en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de que se reduzcan aún más los plazos para lograr un desahucio exprés por falta de pago de las rentas.

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