Trabajar y cobrar a la vez parte de la pensión para garantizar en el futuro una jubilación


El Gobierno ha dado una nueva vuelta de tuerca al sistema de pensiones. Para ello, en Consejo de Ministros ha aprobado medidas que fomentan el envejecimiento activo y evitan la discriminación por edad en el empleo. Incluso se va a permitir, por primera vez, que los trabajadores puedan seguir trabajando —a la vez que cotizando— y cobrar a la vez la mitad de su pensión. ¿Los motivos? Ni el mismo Gobierno lo intenta maquillar: «Los objetivos principales son reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones», han asegurado en rueda de prensa tanto la ministra de Empleo, Fátima Báñez, como la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

16 marzo / Casacochecurro.com Los sistemas de pensiones de determinados países, según ha explicado Sáenz de Santamaría, se enfrentan a importantes desafíos como consecuencia de los fenómenos demográficos. Las bajas tasas de natalidad y el aumento de la esperanza de vida exigen, ha dicho, «que adaptemos nuestra legislación para asegurar la viabilidad y mantener un sistema de pensiones con una cobertura como la nuestra».

En este sentido, la vicepresidenta ha adelantado que el Real Decreto-ley introduce novedades en lo que respecta a la jubilación anticipada y parcial; compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

Las pensiones están garantizadas
La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el sistema de Seguridad Social tiene unos «cimientos sólidos» y garantiza adecuadamente el pago de las pensiones, pero tiene que reformarse para tener mayor sostenibilidad a largo plazo.

Báñez ha indicado que el gasto en pensiones es el 10% del PIB y está por debajo de la medida de la Unión Europea pero, debido a factores demográficos, se podría incrementar en 3,6 puntos de ahora al año 2060, por lo que hay que hacer reformas en el seno del Pacto de Toledo.

Tras repasar las reformas adoptadas en los años 2011 y 2012, la ministra ha resaltado que en 2013 se pone en marcha la separación definitiva de las fuentes de financiación del sistema seguridad social. Así, las cotizaciones sociales pagarán a partir de este año sólo las pensiones contributivas, el resto pasarán a pagarse vía impuestos en los Presupuestos Generales del Estado.

Esto supone, según Báñez, «un ahorro sin precedentes de 5.000 millones de euros cada año y una aportación en este primer año de separación definitiva e histórica de 15.000 millones de euros».

Las nuevas medidas para garantizar las pensiones
Estos objetivos se alcanzan mediante medidas en tres ámbitos: jubilación anticipada y parcial, compatibilidad entre trabajo y pensión, y lucha contra la discriminación por razón de edad en el empleo.

PROLONGACIÓN DE LA VIDA LABORAL
El Real Decreto Ley establece una serie de modificaciones en materia de jubilación anticipada, jubilación parcial y compatibilidad entre salario y pensión, tras la discusión en el seno de la Comisión parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo del informe sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones y la prolongación voluntaria de la vida laboral remitido por el Gobierno el 26 de octubre del pasado año.

Este informe contenía un análisis sobre la situación de la jubilación anticipada con coeficiente reductor y de la jubilación parcial, así como un informe sobre la compatibilidad entre la percepción de la pensión de jubilación y la realización de una actividad por cuenta ajena o cuenta propia, en línea con la recomendación duodécima del Pacto de Toledo.

Dicha recomendación señala: «Es oportuna la modificación del régimen jurídico de la jubilación para conceder mayor relevancia a la carrera de cotización del trabajador (…) favoreciendo así la aproximación de la edad real a la edad legal de acceso a la jubilación (…) La jubilación anticipada debería reservarse a aquellos trabajadores que cuenten con largas carreras de cotización y voluntariamente opten por acogerse a ella (…) Hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva que permitan la coexistencia de salario y pensión».

JUBILACIÓN ANTICIPADA
En este sentido, se plantea una modificación de la jubilación anticipada para incrementar la coherencia del sistema.

  • Se mantiene el esquema general de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social27/2011, distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias.
  • Se incrementa gradualmente la edad mínima de acceso, de forma coherente con el incremento paulatino de la edad legal de jubilación previsto en la Ley 27/2011. De esta forma, la edad de jubilación anticipada voluntaria se elevará progresivamente de los 63 años actuales los a 65 años en 2027, y la de jubilación involuntaria anticipada pasará de 61 años a 63 años en el mismo periodo.
  • Se introduce una mayor gradualidad en la aplicación de coeficientes reductores atendiendo a la carrera de cotización, con el objetivo de reforzar el principio de neutralidad y contributividad.
  • Se fija un periodo mínimo de cotización de 35 años en el caso de la jubilación anticipada voluntaria y de 33 años en el caso de la jubilación anticipada forzosa
  • Así, para la jubilación anticipada voluntaria se establece una reducción por trimestre del 2% para periodos de cotización inferiores a 38 años, del 1,875% para periodos de entre 38 años y seis meses y 41 años y seis meses, del 1,7% para periodos entre 41 años y seis meses y 44 años y seis meses y del 1,625% a partir de los 44 años y seis meses.Para la jubilación anticipada involuntaria, se establece una reducción de 1,875% para los periodos de cotización de hasta 38 años y seis meses, del 1,750% para periodos entre 38 años y seis meses y del 1,625% para periodos a partir de los 41 años y seis meses.

JUBILACIÓN PARCIAL
Se reconduce la modalidad hacia su objetivo original: facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento y experiencias. Se evita así que se utilice como una forma de acceso privilegiado a una jubilación anticipada. Para ello:

  • Se limita al 50% la reducción máxima de jornada con carácter general.
  • Se permitirá alcanzar el 75% de reducción máxima cuando la medida venga acompañada de la formalización de un contrato de relevo con un trabajador más joven, con carácter indefinido, a tiempo completo, y una duración mínima de al menos dos años más que lo que reste al trabajador para alcanzar la edad ordinaria de jubilación. El incumplimiento de esta condición generará obligaciones de compensación al empresario.
  • Se eleva el periodo mínimo de cotización del trabajador hasta los 33 años (25 años en el caso de personas con discapacidad).

COMPATIBILIDAD ENTRE TRABAJO Y PENSIÓN
El Real Decreto Ley facilita la posibilidad de ser pensionista activo, una opción que estaba muy restringida en el ordenamiento español, a diferencia de otros países europeos:

  • Se abre la posibilidad de trabajar, tanto por por cuenta ajena como propia, a tiempo completo o parcial percibiendo el 50% de la pensión.
  • Se exime del pago de buena parte de las cotizaciones sociales. Se introduce, no obstante, una cotización de «solidaridad» del 8% (6% a cargo de la empresa, 2% a cargo del trabajador).
  • Cuando finaliza el periodo de actividad, se restablece el pago de la pensión íntegra, sin que el pensionista pierda esta cualidad en ningún momento.
  • Para acceder a esta modalidad se deberá haber alcanzado la edad legal de jubilación y el 100% de la base reguladora.
  • Se establecen para los funcionarios públicos condiciones semejantes de compatibilización de empleo y pensión.

Se creará, en el plazo de un mes, un Comité de Expertos para el estudio del Factor de Sostenibilidad y la remisión de una propuesta al Pacto de Toledo, en línea con lo previsto en la Disposición Adicional 59 de la Ley 27/2011 sobre actualización, adecuación y modernización del Sistema de Seguridad Social.

DISCRIMINACIÓN POR EDAD
La norma modifica la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011, que regula las aportaciones económicas que tienen que efectuar las empresas o grupos de empresas que ocupen a más de 100 trabajadores con beneficios que realicen despidos colectivos que afecten a personas de cincuenta o más años. De esta forma se compensa el impacto que generan estos procesos sobre el sistema de protección por desempleo y de pensiones, con el objeto de desincentivar en mayor medida los ajustes de plantilla que perjudican a trabajadores de mayor edad de forma discriminatoria.

Esta situación genera un acortamiento de la vida laboral (más del 40% de las jubilaciones era anticipada) y enormes cargas al sistema (la mayor parte de las jubilaciones anticipadas accedía desde prestaciones y subsidios). Por ello se modifica la compensación que deben pagar las empresas de mayor tamaño por la inclusión de trabajadores de más edad en despidos colectivos.

  • Se exige la compensación no sólo a las empresas que estuvieran en situación de beneficios, sino también a aquellas en pérdidas que en cinco años obtengan resultados positivos. El objetivo es desincentivar la inclusión de trabajadores mayores en despidos colectivos, mucho más difíciles de reinsertar en el mercado laboral.
  • Para evitar que se utilice la edad como criterio preferente de selección de los trabajadores objeto de despido, la obligación se exigirá en el caso en que el porcentaje de trabajadores despedidos de cincuenta o más años sobre el total de despidos sea superior al porcentaje que los trabajadores de esa edad representan sobre el total de la plantilla de la empresa.
  • Se homogeniza la regulación del subsidio para mayores de 55 años en relación con el resto de prestaciones del sistema, y se refuerzan las políticas activas de empleo destinadas a este colectivo.

El Gobierno modificará las pensiones permitiendo jubilaciones parciales que compatibilicen tener un salario

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha anunciado que en los próximos meses el Gobierno presentará «una nueva formulación de la compatibilidad entre salario y pensión, fomentando una mayor flexibilidad y gradualidad en la transición a la jubilación». La ministra se refirió a los trabajadores de más edad como «un instrumento idóneo para garantizar la continuidad a medio y largo plazo de los proyectos creadores de riqueza». Según la ministra, «el contrato a tiempo parcial incentiva la permanencia en la vida laboral de las personas de mayor edad», tal y como ha comentado durante la inauguración en Santander del Seminario de la Seguridad Social ‘Envejecimiento activo y prolongación de la vida laboral’.

En su discurso inaugural, la responsable de Empleo y Seguridad Social analizó la importancia de la prolongación voluntaria de la vida laboral y subrayó que deben ser los trabajadores quienes decidan el momento de la jubilación. En este sentido, recordó que la Reforma Laboral que ayer entró en vigor elimina las cláusulas de los convenios colectivos que establecen una edad obligatoria para el retiro y potencia el contrato indefinido a tiempo parcial como un estímulo a los trabajadores de más edad que quieran permanecer en la vida laboral.

En España, ha destacado la ministra, la edad media de jubilación en se sitúa en los 63,87 años debido fundamentalmente a las jubilaciones anticipadas, que en 2011 supusieron el 40,5% del total. Esta modalidad se ha convertido «en poco más que una fórmula de regulación de empleo», por ello es precisa una modificación para lograr que existan incentivos sociales, fiscales y laborales que incentiven eficazmente la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación. Este hecho contrasta con el «timidísimo» 0,42 por ciento de jubilados que trabajan, «algo debemos estar haciendo mal», añadió.

Pensiones y cuantías
Actualmente, la pensión máxima en España se encuentra en 2.522,89 euros tras la subida del 1% aplicado para 2012. Para el Gobierno es una prioridad «convertir en posibilidad real la prolongación de la vida laboral como garantía de la viabilidad del sistema«, manifestó Báñez, y a continuación desgranó las medidas efectivas puestas en marcha desde su Departamento en dos líneas de actuación: reforzar las garantías de empleo de los trabajadores de más edad evitando su expulsión prematura del mercado laboral y propiciar el mantenimiento voluntario en activo de los trabajadores más allá de la edad de jubilación.

Fátima Báñez destacó la coincidencia del diagnóstico que plantea la Unión Europea en el Libro Blanco de las Pensiones y de las recomendaciones del Pacto de Toledo, «se persigue garantizar un adecuado equilibrio entre los años de vida laboral y los años de cotización y se recomienda -añadió- la vinculación de la edad de acceso a la pensión con los aumentos de la esperanza de vida, la restricción del acceso a la jubilación anticipada y las facilidades para la prolongación de la vida laboral».

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